El máximo tribunal concluyó que la autoridad fundamentó adecuadamente la sanción y que la multa impuesta correspondía al mínimo legal previsto para la infracción acreditada.
La Corte de Apelaciones de Santiago acogió una petición de nulidad contra un laudo CAM y estimó que el tribunal arbitral resolvió una acción distinta a la debatida por las partes.
Concluyó que la funcionaria no reunía el requisito de cinco años continuos desempeñándose como funcionaria a contrata para quedar amparada por el principio de confianza legítima.
La renovación automática prevista en la Ley N°20.845 constituye un requisito que debe incorporarse expresamente al contrato de arrendamiento y no un efecto que opere por el solo ministerio de la ley.
El máximo tribunal confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas que acogió un recurso de protección por publicaciones efectuadas en la red social X.
La Corte de Apelaciones de Santiago mantuvo multa de 60 UTM impuesta por la Inspección del Trabajo por infracciones a las normas de protección de trabajadores que utilizaban botargas.
Corte Suprema confirmó la negativa del Conservador a inscribir un inmueble porque uno de los vendedores figuraba en el Registro de Deudores de Pensiones de Alimentos.
El tribunal de alzada estimó que la controversia debía resolverse desde el deber de protección del animal como ser sintiente y no desde los derechos patrimoniales invocados por sus cuidadores.
La Primera Sala resolvió que los herederos no pueden reclamar iure hereditatis la indemnización por el daño moral sufrido por la víctima directa. Distinguió esa situación del daño por repercusión o rebote, que corresponde al perjuicio experimentado personalmente por los familiares.
