El próximo 14 de julio se realizará la elección del futuro decano o decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile para el período 2026-2030.
El consumidor ejerció oportunamente la garantía legal al denunciar las fallas pocos días después de la compra. El tribunal condenó a la empresa al pago de una multa de 20 UTM y a restituir el precio pagado.
Los tribunales concluyeron que operó la cláusula contractual que permitía a la arrendataria poner término anticipado al contrato al no obtener el permiso de edificación necesario para desarrollar el proyecto.
El máximo tribunal confirmó que la Contraloría General de la República puede requerir información nominativa necesaria para fiscalizar programas públicos, al estimar que sus facultades legales y el deber de reserva excluyen la existencia de una actuación ilegal o arbitraria.
Tras el seminario “Protección de Datos en la Práctica: del rol del DPO al cumplimiento sectorial”, Viviana Ponce de León, académica de la Universidad Diego Portales (UDP), analizó en conversación con Actualidad Jurídica, el blog de DOE, las principales conclusiones que dejó la jornada, los desafíos que enfrentarán las organizaciones ante la Ley N°21.719 y la importancia de avanzar hacia una cultura de cumplimiento, transparencia y rendición de cuentas.
El máximo tribunal corrigió la forma de calcular la multa aplicada por el delito de soborno. En lo demás, rechazó los recursos deducidos por el exalcalde y por el SII.
La Corte concluyó que no existía relación de cobertura con las marcas oponentes y que, por tanto, no se configuraban las causales de irregistrabilidad invocadas.
La empresa conjunta de SQM y Codelco, ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Salar Futuro, iniciativa que considera una inversión de US$3.000 millones y busca extender la producción de litio en el Salar de Atacama hasta 2060.
El máximo tribunal resolvió que el período servido en calidad de funcionaria suplente constituye un vínculo jurídico distinto al empleo a contrata y, por ello, no puede computarse para completar los cinco años exigidos para la aplicación del principio de confianza legítima.
La causal del artículo 160 N°3 del Código del Trabajo solo se configura cuando la ausencia carece de una causa que la justifique. La comunicación previa al empleador no constituye un requisito legal.
La Tercera Sala confirmó la decisión del Primer Tribunal Ambiental al desestimar la impugnación presentada por Constructora Nollagam Ltda. contra una resolución sancionatoria de la Superintendencia del Medio Ambiente.
