En junio de 2026 se cumplieron dos años de la Ley N°21.675, que estableció un marco integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en razón de su género. Su aprobación representó un avance para el ordenamiento jurídico chileno: reconoció expresamente el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia y reguló medidas de prevención, protección, atención, reparación y acceso a la justicia.
La CNA acreditó el programa entre el 8 de julio de 2026 y el 8 de julio de 2029, otorgándole el máximo plazo para un magíster que enfrenta su primer proceso de acreditación sin contar aún con graduados al momento de la autoevaluación.
El término anticipado de una contrata se fundó en la necesidad de reducir el gasto en personal para ajustarlo a los límites previstos en la Ley N°18.883.
La Contraloría General de la República estableció un nuevo sistema de control para las operaciones societarias que realicen empresas estatales productoras de cobre, como Codelco y Enami.
El máximo tribunal concluyó que la expulsión aplicada por un establecimiento educacional fue adoptada conforme al procedimiento previsto en la Ley N° 21.128 y en el reglamento interno, descartando ilegalidad y arbitrariedad en la medida disciplinaria.
La Corte de Iquique había establecido que la cirugía se realizó sin negligencia, pero que la atención posterior a la aparición de un haze corneal fue deficiente.
El máximo tribunal sostuvo que la negativa a cumplir el Programa Nacional de Inmunizaciones afecta el derecho a la vida e integridad del niño y recordó que el Código Sanitario contempla medidas coercitivas para asegurar el cumplimiento de la vacunación obligatoria.
