Cuando el Congreso despachó la Ley N°21.713 de Cumplimiento Tributario, publicada en el Diario Oficial el 24 de octubre de 2024, el debate parlamentario se concentró, en una parte importante, en las nuevas obligaciones de reporte internacional, los plazos de prescripción ampliados y la extensión de la responsabilidad solidaria a partir de estructuras societarias complejas. El análisis de la historia fidedigna de la ley permite constatar que el debate legislativo no abordó sistemáticamente los estándares procedimentales aplicables a la fiscalización algorítmica: el legislador dotó al SII de una arquitectura de datos sin precedentes en nuestro país, basada en el cruce sistemático de facturación electrónica, matrices transaccionales por giro de actividad, información de terceros y flujos bancarios declarados, entre otros. El SII no sólo quedó habilitado para obtener nuevos datos, sino también habilitado para actuar sobre dichos datos mediante procesos de análisis masivo cuya cadencia operativa difiere sustancialmente de la fiscalización individualizada, generando interrogantes sobre la suficiencia del estatuto procedimental aplicable. Modelos de aprendizaje automático que procesan los campos estructurados de cada factura electrónica y, en los sistemas más avanzados, las glosas de texto libre mediante técnicas de procesamiento de lenguaje natural, generando calificaciones de riesgo incluso antes —muchas veces— de que un auditor haya tenido oportunidad de revisar un solo antecedente. El cambio no es sólo operativo sino epistémico, y la ley guarda en este punto un silencio que merece un examen con mayor profundidad.