Las cifras llaman la atención. En apenas cinco años, los ingresos a los Juzgados de Letras del Trabajo pasaron de 35.450 causas a más de 112.000. Solo las demandas por despido injustificado crecieron un 262% y hoy representan cerca del 60% de todos los procesos laborales que ingresan al sistema. La explicación inmediata suele apuntar a las recientes reformas laborales o al mayor conocimiento de los derechos por parte de los trabajadores. Sin embargo, el problema parece ser más profundo y la respuesta no siempre es la más simple.
El Pleno suspendió por un mes el ejercicio profesional de la abogada y le aplicó una multa de una UTM. La resolución constató múltiples referencias jurisprudenciales y doctrinarias inexistentes, incorrectas o ajenas al contenido que se les atribuía.
El Comité de Ministros mantuvo la calificación ambiental favorable del proyecto portuario Terminal Cerros de Valparaíso, iniciativa que considera una inversión de US$380 millones para ampliar la capacidad del Puerto de Valparaíso.
La Sala del Senado aprobó en general el proyecto que busca frenar y sancionar la venta ilegal de medicamentos, iniciativa que apunta a regular con mayor fuerza el comercio irregular de productos farmacéuticos.
A propósito de su participación en el seminario “Protección de Datos en la Práctica: del rol del DPO al cumplimiento sectorial”, Alejandra Castillo, académica de la Universidad Diego Portales y directora de Vértice Legal, analizó en conversación con Actualidad Jurídica, el blog de DOE, los desafíos que plantea la Ley N°21.719 para los organismos públicos con facultades de investigación penal.
La Ley N° 21.833 modifica la Ley General de Servicios Eléctricos y la Ley N° 21.472 para fortalecer el mecanismo de estabilización tarifaria, crear nuevas herramientas para financiar las reliquidaciones del sistema eléctrico y ampliar medidas de protección para usuarios regulados.
Corte Suprema confirmó la negativa del Conservador a inscribir un inmueble porque uno de los vendedores figuraba en el Registro de Deudores de Pensiones de Alimentos.
El tribunal de alzada estimó que la controversia debía resolverse desde el deber de protección del animal como ser sintiente y no desde los derechos patrimoniales invocados por sus cuidadores.
La Primera Sala resolvió que los herederos no pueden reclamar iure hereditatis la indemnización por el daño moral sufrido por la víctima directa. Distinguió esa situación del daño por repercusión o rebote, que corresponde al perjuicio experimentado personalmente por los familiares.
