La baja por “conducta mala constituye una medida que puede adoptarse antes de la conclusión del sumario administrativo cuando la gravedad de los hechos haga inconveniente la permanencia del funcionario en la institución.
La Cuarta Sala concluyó que, tratándose de una municipalidad cuyo vínculo a honorarios fue reconocido judicialmente como laboral, los reajustes de las cotizaciones se calculan desde las fechas legales de pago, pero los intereses solo se devengan desde que quedó ejecutoriada la sentencia declarativa.
El máximo tribunal concluyó que la Subsecretaría de Transportes no acreditó objetivamente la reestructuración invocada para justificar la no renovación de la contrata. La sentencia dejó sin efecto la desvinculación y ordenó reincorporar a la funcionaria con pago íntegro de las remuneraciones dejadas de percibir.
La Tercera Sala confirmó la expulsión de un estudiante que golpeó en el abdomen a un profesor durante una clase. El máximo tribunal concluyó que la medida fue adoptada conforme al Reglamento Interno, a la Ley N°21.128 y a un procedimiento que respetó el derecho a presentar descargos y solicitar reconsideración.
La Tercera Sala revocó el fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel y rechazó el recurso relacionado con publicaciones sobre una antigua investigación penal. El máximo tribunal concluyó que la pretensión ya estaba satisfecha, pues una noticia fue eliminada y las restantes incorporaron el sobreseimiento definitivo.
Prácticamente desde que asumió, el actual Gobierno de Estados Unidos ha impuesto aranceles a las importaciones, lo que vulnera normas de la Organización Mundial del Comercio y de tratados que ha suscrito, como el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre EE.UU. y Chile que entró en vigencia en el año 2004. Pero no solo eso. EE.UU. ha suscrito llamados "Agreement on Reciprocal Trade" (ART) con una decena de Estados, principalmente del Sudeste asiático y de América Latina. De acuerdo con la prensa de los últimos días, el Gobierno de EE.UU. propuso al Gobierno de Chile suscribir un ART, pero este último declinó la propuesta.
Máximo tribunal de oficio, dejó sin efecto la resolución que había declarado inadmisible el reclamo de ilegalidad de Banco Santander y precisó que el tercero cuyos derechos pueden verse afectados por la entrega de información tiene legitimación para impugnar judicialmente la decisión del Consejo para la Transparencia.
El máximo tribunal concluyó que la prestación de servicios bajo distintas modalidades contractuales —honorarios, reemplazo y plazo fijo— impedía reconocer, en sede cautelar, un derecho indubitado.
La Corte Suprema acogió una solicitud contra la negativa del Conservador de Bienes Raíces de San Miguel y estableció que la anotación de una compraventa en el Repertorio gozaba de preferencia frente a un embargo anotado posteriormente. La inscripción deberá practicarse siempre que se acredite el pago de contribuciones.
La prohibición del artículo 304 inciso 3° opera cuando más del 50% del presupuesto de una entidad ha sido financiado por el Estado en cualquiera de los dos últimos años calendario, sin que se exija que ese financiamiento esté establecido nominativamente en la Ley de Presupuestos.
El Código del Trabajo resulta aplicable cuando una persona contratada a honorarios por la Administración presta servicios fuera del marco legal especial y concurren subordinación y dependencia.
