La sentencia mantuvo la decisión que descartó que se hubiera acreditado la entrega de información financiera falsa o el ocultamiento de antecedentes al Banco Consorcio durante el otorgamiento y refinanciamiento de créditos.
La Primera Sala concluyó que el demandado no acreditó la autorización que, según alegaba, habría recibido de su cónyuge y comunera para ocupar el inmueble.
Las personas nacionalizadas en el extranjero que conservan la nacionalidad chilena y no son residentes en Chile pueden ingresar y salir del territorio nacional utilizando su pasaporte extranjero.
La Corte de Iquique había establecido que la cirugía se realizó sin negligencia, pero que la atención posterior a la aparición de un haze corneal fue deficiente.
El máximo tribunal sostuvo que la negativa a cumplir el Programa Nacional de Inmunizaciones afecta el derecho a la vida e integridad del niño y recordó que el Código Sanitario contempla medidas coercitivas para asegurar el cumplimiento de la vacunación obligatoria.
La Tercera Sala confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt que rechazó un recurso de protección interpuesto por un paciente con enfermedad de Parkinson.
El máximo tribunal revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago y desestimó la acción cautelar al concluir que la controversia requiere un pronunciamiento que excede el ámbito propio del recurso de protección.
La industria de data centers podría acelerar el desarrollo de nuevos proyectos en Chile tras una modificación reglamentaria que elevó el umbral de almacenamiento de sustancias inflamables que determina si una iniciativa debe ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
La Corte Suprema acogió una solicitud contra la negativa del Conservador de Bienes Raíces de San Miguel y estableció que la anotación de una compraventa en el Repertorio gozaba de preferencia frente a un embargo anotado posteriormente. La inscripción deberá practicarse siempre que se acredite el pago de contribuciones.
La prohibición del artículo 304 inciso 3° opera cuando más del 50% del presupuesto de una entidad ha sido financiado por el Estado en cualquiera de los dos últimos años calendario, sin que se exija que ese financiamiento esté establecido nominativamente en la Ley de Presupuestos.
El Código del Trabajo resulta aplicable cuando una persona contratada a honorarios por la Administración presta servicios fuera del marco legal especial y concurren subordinación y dependencia.
