El presidente de la Asociación de Profesionales en Protección de Datos Personales de Chile y expresidente del Consejo para la Transparencia analizó en conversación con Actualidad Jurídica, el blog de DOE, el debate sobre una eventual modificación o postergación de la entrada en vigencia de la Ley N°21.719. En ese contexto, advirtió que cualquier ajuste debe ser acotado, entregar certeza jurídica y no desincentivar a las organizaciones que ya comenzaron sus procesos de adecuación.
Los jueces del mérito establecieron que el uso de las aguas se remontaba únicamente a 1985, por lo que no se cumplía el requisito de al menos cinco años anteriores a la entrada en vigencia del Código de Aguas.
La industria de alimentos envasados y bebidas sigue con atención el avance del proyecto que busca incorporar una advertencia para productos “ultraprocesados”, iniciativa que se encuentra en primer trámite constitucional en la Comisión de Salud del Senado.
La Tercera Sala confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción que rechazó la acción deducida por una organización mapuche contra autoridades administrativas por la restitución de un bien nacional de uso público en la ribera del Lago Lanalhue.
El Decreto N° 75 establece nuevos formatos para hojas de resumen y estados de cuenta, exige informar las razones objetivas del rechazo de una solicitud y regula el seguimiento de movimientos y las interfaces digitales de pago. Entrará en vigencia el 6 de febrero de 2028.
El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) informó que durante julio de 2026 fueron calificados favorablemente 22 proyectos de inversión en el país, por un monto estimado de US$2.887 millones.
La Corte Suprema acogió una solicitud contra la negativa del Conservador de Bienes Raíces de San Miguel y estableció que la anotación de una compraventa en el Repertorio gozaba de preferencia frente a un embargo anotado posteriormente. La inscripción deberá practicarse siempre que se acredite el pago de contribuciones.
La prohibición del artículo 304 inciso 3° opera cuando más del 50% del presupuesto de una entidad ha sido financiado por el Estado en cualquiera de los dos últimos años calendario, sin que se exija que ese financiamiento esté establecido nominativamente en la Ley de Presupuestos.
El Código del Trabajo resulta aplicable cuando una persona contratada a honorarios por la Administración presta servicios fuera del marco legal especial y concurren subordinación y dependencia.
