La protección del medio ambiente rara vez depende de un solo órgano o de un único instrumento. Una misma actividad puede encontrarse sometida a una RCA, normas de emisión, normas de calidad, planes de prevención o descontaminación, permisos sectoriales y obligaciones establecidas por autoridades con competencias diversas. La institucionalidad ambiental chilena responde a esa complejidad mediante una distribución de funciones entre el MMA, el SEA, la SMA y numerosos organismos sectoriales con competencia ambiental.
El reclamo del artículo 171 del Código Sanitario, no pueden incorporarse posteriormente nuevas alegaciones. La cosa juzgada y el non bis in idem no fueron examinados como fundamento decisivo porque la reclamante no los planteó oportunamente.
La autoridad ministerial se refirió a la nueva legislación que busca crear un nuevo servicio para la defensoría de las víctimas y que busca unir los marcos regulatorios y distintas corporaciones de abogados.En el marco de la segunda jornada de las VI Jornadas Nacionales de Enseñanza Clínica del Derecho realizadas en la Universidad Finis Terrae, el Subsecretario de Justicia Luis Silva y especialistas del área jurídica analizaron el impacto operacional de la Ley N° 21.780. Esta legislación crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, un nuevo servicio público descentralizado diseñado para unificar toda la oferta estatal en materia de asistencia jurídica gratuita, mediación familiar e integral y atención especializada a víctimas de delitos.
La Tercera Sala confirmó el fallo que rechazó la acción presentada por un exfuncionario de salud municipal destituido tras viajar a Perú mientras se encontraba con licencia médica.
La Corte Suprema acogió una solicitud contra la negativa del Conservador de Bienes Raíces de San Miguel y estableció que la anotación de una compraventa en el Repertorio gozaba de preferencia frente a un embargo anotado posteriormente. La inscripción deberá practicarse siempre que se acredite el pago de contribuciones.
La prohibición del artículo 304 inciso 3° opera cuando más del 50% del presupuesto de una entidad ha sido financiado por el Estado en cualquiera de los dos últimos años calendario, sin que se exija que ese financiamiento esté establecido nominativamente en la Ley de Presupuestos.
El Código del Trabajo resulta aplicable cuando una persona contratada a honorarios por la Administración presta servicios fuera del marco legal especial y concurren subordinación y dependencia.
