Andes Iron declaró el inicio de construcción del proyecto minero-portuario Dominga, iniciativa ubicada en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo, que considera una inversión superior a US$3.000 millones.

El anuncio fue realizado por el gerente general de la compañía, Pedro Ducci, durante la Cena Anual de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami). Según la empresa, el hito fue informado el 10 de agosto, Día del Minero, conforme a los compromisos y plazos establecidos en su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

La declaración marca una nueva etapa para el proyecto, luego de una tramitación ambiental y judicial que se ha extendido por 13 años. Sin embargo, el inicio informado corresponde a obras tempranas y trabajos preliminares en terreno.

Dominga considera el desarrollo de faenas para la producción de hierro y cobre, junto con infraestructura portuaria para el embarque de minerales. De acuerdo con las estimaciones de la empresa, una vez en operación produciría cerca de 12 millones de toneladas anuales de concentrado de hierro de alta ley y 150 mil toneladas de concentrado de cobre.

El diseño contempla los rajos Norte y Sur, una planta de procesos, depósitos de estériles y relaves espesados, además de obras de abastecimiento hídrico, captación y desalación de agua.

La dimensión portuaria del proyecto se ubica en Totoralillo Norte, donde se proyecta un terminal marítimo para el embarque de concentrado. No obstante, los antecedentes difundidos no permiten afirmar que las obras marítimas hayan comenzado junto con la declaración del hito constructivo.

Desde Andes Iron señalaron que esta etapa se ejecutará junto a contratistas locales, con el objetivo de activar servicios y actividad económica en La Higuera. La empresa no detalló públicamente montos adjudicados, número de trabajadores ni un calendario específico para cada frente de obra.

El avance del proyecto se dará bajo supervisión ambiental y en paralelo a causas judiciales aún pendientes ante la Corte Suprema. La compañía sostiene que su RCA está aprobada y vigente, mientras que organizaciones opositoras mantienen cuestionamientos por eventuales impactos en ecosistemas terrestres y marinos.