El máximo tribunal sostuvo que la consignación del capital de la deuda elimina el fundamento del apremio personal, aunque la ejecución continúe por reajustes e intereses.
El dictamen aclara que las medidas adoptadas durante una investigación por acoso sexual, laboral o violencia en el trabajo no pueden generar menoscabo económico para la persona denunciante.
Tratándose de una contraprestación en dinero derivada del vínculo laboral y prevista en el Reglamento para Funcionarios No Docentes de la Municipalidad de Curicó, su pago no puede ser desconocido por interpretación de la Contraloría General de la República.
El máximo tribunal sostuvo que el exceso de los plazos del artículo 135 del Estatuto Administrativo no configura por sí solo ilegalidad o arbitrariedad, especialmente tratándose de un denunciante.
El máximo tribunal declaró inadmisible la casación en la forma y rechazó la casación en el fondo interpuestas contra la sentencia del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia que confirmó una sanción de la Superintendencia del Medio Ambiente por fraccionamiento de proyecto para eludir el SEIA.
El tribunal concluyó que la investigación administrativa de la Dirección General de Aguas descartó infracciones relativas a extracción no autorizada de aguas. Con ello, estimó que no existían actos ilegales o arbitrarios que justificaran la acción cautelar.
La iniciativa ingresada al Senado propone modificar la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley de Competencia Desleal para abordar la extracción sistemática de salidas generadas por sistemas de inteligencia artificial.
La iniciativa propone modificar la Ley N° 19.628 y la Ley N° 17.336 para regular la identidad digital y la explotación comercial de representaciones sintéticas identificables.
La empresa tecnológica china Huawei presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional de Chile en medio de un conflicto judicial relacionado con el cobro de facturas presuntamente falsas.
La acción intentada buscaba impugnar la aplicación de la Ley N°21.772 y no una infracción al derecho a desarrollar actividades económicas en los términos protegidos por el amparo económico.
La Tercera Sala estimó que la acción de protección no era la vía idónea para discutir la Ordenanza Municipal N°005, que fijó horarios diferenciados para locales de expendio de alcohol en el centro de Calama.
La Cuarta Sala reconoció relación laboral entre una trabajadora y la Municipalidad de San José de Maipo. El fallo declaró injustificado el despido y ordenó el pago de indemnizaciones, feriados y cotizaciones adeudadas.
