La Tercera Sala confirmó que la autoridad no incurre en ilegalidad cuando exige el cumplimiento estricto de los requisitos legales para acceder a la residencia definitiva.
El reposo que emana de las licencias prescritas en beneficio de la actora no se encontraba justificado, según se concluyó por el peritaje realizado y fue confirmado por la COMPIN al revisar el caso.
La iniciativa reúne a destacados académicos de diversas universidades del país para impulsar investigación, formación y reflexión crítica sobre el sistema tributario y fiscal, con una mirada plural, inclusiva y comparada. A inicios de noviembre se crea Academia de Estudios Fiscales, la cual surge como un espacio plural, inclusivo y riguroso, orientado a promover la reflexión crítica, el debate informado y la generación de conocimiento en torno al sistema tributario y fiscal. Su propósito es fortalecer esta disciplina mediante la investigación, la difusión especializada y la formación de nuevas generaciones de investigadoras e investigadores. Entre sus objetivos destacan fomentar estudios avanzados en materia tributaria y fiscal; promover la creación y divulgación de contenidos académicos; y generar espacios de diálogo sobre los fundamentos, desafíos y evolución del sistema impositivo, tanto en Chile como en el ámbito comparado. La Academia se conforma por académicas y académicos de diversas universidades y disciplinas vinculadas al ámbito tributario y fiscal, manteniendo además una relación fluida con especialistas, centros de estudio y universidades extranjeras, con el fin de impulsar una mirada global y actualizada. Su Directorio está integrado por destacados académicos: Jorge Espinosa Sepúlveda, quien preside la entidad; Sergio Alburquenque Lillo, vicepresidente; Rodrigo Rojas Palma, secretario; Matías Pascuali Tello, tesorero; y Sergio Endress Gómez, director. La creación de la Academia de Estudios Fiscales marca un nuevo hito en el fortalecimiento del debate tributario en Chile, buscando aportar de manera sustantiva a la formación, la investigación y la discusión pública en una materia clave para el desarrollo del país.
La normativa impone a las instituciones de educación superior deberes específicos de no discriminación, suspensión justificada de estudios y flexibilización académica para estudiantes cuidadores.
La Ley N° 21.789 incorpora al Código del Trabajo un contrato especial para el buceo industrial y actividades conexas, fijando nuevas obligaciones para empleadores y empresas principales en materia de seguridad, registro y responsabilidad.
La sentencia ratifica que, en prestaciones otorgadas bajo el sistema PAD, existe vínculo contractual tanto con el médico tratante como con la clínica, imponiendo deberes de cuidado, supervisión y diligencia.
El máximo tribunal ratificó que no hubo ilegalidad del Registro Civil al exigir el cumplimiento del procedimiento legal para cancelar la inscripción de un vehículo sustraído, pese a los perjuicios alegados por su propietaria.
El máximo tribunal concluyó que los convenios entre Isapres y cadenas de farmacias no constituyen actos administrativos ni forman parte de un procedimiento estatal, por lo que quedan fuera del régimen de publicidad de la Ley de Transparencia, aun cuando obren en poder de órganos de la Administración.
Corte Suprema acoge denuncia de Sernapesca contra Nova Austral y refuerza deber de motivación judicial y presunción de veracidad en fiscalizaciones pesqueras.
El máximo tribunal revocó una sentencia que había sustituido la destitución por una suspensión, reafirmando que el recurso de protección no es vía para revisar el mérito de sanciones disciplinarias ajustadas al Estatuto Administrativo.
La acción intentada buscaba impugnar la aplicación de la Ley N°21.772 y no una infracción al derecho a desarrollar actividades económicas en los términos protegidos por el amparo económico.
La Tercera Sala estimó que la acción de protección no era la vía idónea para discutir la Ordenanza Municipal N°005, que fijó horarios diferenciados para locales de expendio de alcohol en el centro de Calama.
La Cuarta Sala reconoció relación laboral entre una trabajadora y la Municipalidad de San José de Maipo. El fallo declaró injustificado el despido y ordenó el pago de indemnizaciones, feriados y cotizaciones adeudadas.
