El máximo tribunal revocó un fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y rechazó un recurso de protección por haber sido dirigido contra concejales individualmente y no contra la municipalidad representada por su alcaldesa.
El mensaje presidencial ingresado el martes 6 de enero a la Cámara de Diputadas y Diputados fija el reajuste general de remuneraciones, consolida aguinaldos y bonos permanentes y extiende normas laborales clave para el sector público durante 2026.
El máximo tribunal reafirmó que la cesión gratuita del uso de un bien común exige el consentimiento de todos los copropietarios y precisó los límites del recurso de casación.
El decreto publicado en enero de 2026 desarrolla artículo por artículo las obligaciones, requisitos técnicos, certificaciones, rotulación y plazos que deben cumplir fabricantes, importadores, comercios y supermercados bajo la Ley N° 21.368.
La Tercera Sala descartó un derecho indubitado tras un error operativo que generó abonos de 100 millones, validó bloqueos y retenciones, y ordenó remitir los antecedentes a la CMF.
La utilización de la orden de no innovar en recursos de protección interpuestos para acceder a medicamentos de alto costo ha abierto un debate jurídico relevante sobre los límites de las medidas cautelares y el rol de los tribunales frente a decisiones reguladas por la legislación sanitaria. En conversación con Actualidad Jurídica: el blog de DOE, Jaime Carrasco Poblete, abogado, Doctor en Derecho y profesor de Derecho Procesal en la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, analiza las implicancias procesales, constitucionales y de política pública de esta medida cautelar y su impacto en el acceso a la salud.
La Tercera Sala concluyó que la acción cautelar perdió eficacia al haberse despejado el inmueble durante la tramitación, confirmando lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago.
La Corte Suprema descartó que la absolución penal y una investigación deficiente basten, por sí solas, para generar responsabilidad patrimonial del Estado por conductas del Ministerio Público.
El máximo tribunal dejó sin efecto la sentencia de la C.A que había acogido un recurso de protección, confirmando en definitiva la patología de salud mental como de origen común.
La acción intentada buscaba impugnar la aplicación de la Ley N°21.772 y no una infracción al derecho a desarrollar actividades económicas en los términos protegidos por el amparo económico.
La Tercera Sala estimó que la acción de protección no era la vía idónea para discutir la Ordenanza Municipal N°005, que fijó horarios diferenciados para locales de expendio de alcohol en el centro de Calama.
La Cuarta Sala reconoció relación laboral entre una trabajadora y la Municipalidad de San José de Maipo. El fallo declaró injustificado el despido y ordenó el pago de indemnizaciones, feriados y cotizaciones adeudadas.
