Cada discusión presupuestaria trae una escena conocida. Se habla de cifras, porcentajes, aumentos, restricciones y prioridades fiscales. Todo eso importa, por supuesto, porque el presupuesto ordena buena parte de lo que el Estado podrá hacer durante el año, pero cuando esa discusión se mira desde una perspectiva de género, aparece una pregunta menos cómoda: ¿qué desigualdades está dispuesto a reconocer el Estado cuando decide en qué gastar?

En junio de 2026 se cumplieron dos años de la Ley N°21.675, que estableció un marco integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en razón de su género. Su aprobación representó un avance para el ordenamiento jurídico chileno: reconoció expresamente el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia y reguló medidas de prevención, protección, atención, reparación y acceso a la justicia.