opinión

La discusión pública de estos días transita por temas dispersos: impuestos, inundaciones, inteligencia artificial, videojuegos, niñez. Da la impresión de que las conversaciones se disparan en direcciones distintas, pero hay un punto en el que confluyen varias de ellas: la relación entre la tecnología y los niños, niñas y adolescentes. En el Congreso Nacional hay actualmente más de veinte proyectos que intentan responder una pregunta que, pese a la enorme cantidad de información disponible, seguimos sin resolver: cómo deben relacionarse las infancias con los dispositivos tecnológicos. Entre esas iniciativas hay tres mociones, hoy refundidas ante la Comisión de Futuro, Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Cámara de Diputadas y Diputados, que abordan directamente este problema. La que hace de matriz de esa discusión contempla, entre otras cosas, prohibir a los menores de 18 años el acceso a las apuestas en línea.

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En los últimos diez años, el aumento de la migración en Chile se ha instalado como uno de los temas centrales del debate público. Este fenómeno ha motivado importantes esfuerzos institucionales, tanto en el ámbito legislativo como en el diseño de políticas públicas. Sin embargo, una revisión más atenta permite advertir que estas respuestas no siempre han sido construidas desde una perspectiva de derechos humanos. Esta omisión resulta particularmente preocupante si se consideran los impactos diferenciados que las decisiones normativas pueden generar en grupos en situación de vulnerabilidad, especialmente en niños, niñas y adolescentes.

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El avance acelerado de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) ha transformado radicalmente las relaciones humanas. Sin embargo, este desarrollo no ha estado exento de consecuencias negativas, especialmente en contextos marcados por desigualdades estructurales. La violencia de género digital se ha consolidado como una grave amenaza para mujeres, adolescentes y niñas, afectando sus […]

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