La industria de data centers podría acelerar el desarrollo de nuevos proyectos en Chile tras una modificación reglamentaria que elevó el umbral de almacenamiento de sustancias inflamables que determina si una iniciativa debe ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
El criterio fue aplicado recientemente por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región Metropolitana, que resolvió que el proyecto Data Center Alto Jahuel, de DC Terranova, no está obligado a someterse al SEIA antes de su ejecución.
La iniciativa, ubicada en Buin, considera una inversión de US$25 millones y una infraestructura de 32.141 m². En su diseño contempla un estanque de almacenamiento de diésel con capacidad para 990 toneladas, cifra inferior al nuevo umbral de 1.000 toneladas definido para sustancias inflamables.
El almacenamiento de combustible es relevante para este tipo de infraestructura, ya que permite asegurar respaldo energético temporal ante fallas o interrupciones del suministro eléctrico externo.
El cambio reglamentario fue impulsado durante la administración anterior en el marco del Plan Nacional de Data Centers, encabezado por el Ministerio de Ciencia. La modificación al reglamento del SEIA fue aprobada en julio de 2025 y comenzó a implementarse en diciembre.
Con esa modificación, el umbral de almacenamiento de sustancias inflamables pasó de 80.000 kilos a 1.000 toneladas. Según el gremio Chile Data Centers, la medida no exime de manera general a los data centers del SEIA, sino que modifica una causal específica de ingreso aplicable a todos los proyectos.
En la práctica, aquellas iniciativas cuya única causal de ingreso era el almacenamiento de combustible ahora pueden recurrir a una consulta de pertinencia para que el SEA determine si corresponde o no ingresar al sistema.
Durante 2026 se han ingresado cuatro consultas de pertinencia vinculadas a proyectos de data centers, incluyendo el reingreso de la iniciativa de Google en Cerrillos, luego de que en 2024 la compañía desistiera de continuar con su inversión tras un fallo del Segundo Tribunal Ambiental.






