La Contraloría General de la República estableció un nuevo sistema de control para las operaciones societarias que realicen empresas estatales productoras de cobre, como Codelco y Enami.

La medida fue fijada mediante la Resolución N° 14, publicada en el Diario Oficial, y reemplaza en ciertos casos los controles preventivos por mecanismos de fiscalización posterior.

El nuevo esquema aplica a actuaciones como la creación de filiales, asociaciones con terceros, fusiones, adquisiciones de acciones, modificaciones societarias y aumentos o disminuciones de participación del Estado en sociedades donde tenga presencia.

Según la Contraloría, el objetivo es compatibilizar sus facultades de fiscalización con la necesidad de que las empresas estatales puedan actuar con mayor rapidez en operaciones estratégicas, especialmente en sectores altamente competitivos como el cobre y el litio.

El eje del mecanismo será un deber de información reforzado. Codelco y Enami deberán remitir a la Contraloría todos los antecedentes de los contratos o acuerdos societarios dentro de los 10 días posteriores a su celebración.

Con esa información, el organismo podrá analizar las operaciones y, si lo estima necesario, iniciar auditorías o procesos de fiscalización específicos. La resolución no elimina las facultades de control de la Contraloría, sino que modifica el momento en que estas se ejercen para determinadas actuaciones.

La decisión se conoce en medio de la controversia entre Codelco y la Contraloría por la aplicación de la toma de razón en operaciones vinculadas al litio. Con esta resolución, el ente fiscalizador busca establecer un modelo de control posterior que entregue mayor agilidad a las estatales, manteniendo el resguardo del interés público.