Municipalidad de Providencia deberá revisar su reglamento, ajustándolo a derecho, ya que permite la entrega de giftcards para la adquisición de vestimenta y calzado que excede la calificación de uniforme.
La Contraloría General de la República emitió el 14 de julio el Dictamen N° D350, mediante el cual precisó el alcance de la facultad de las municipalidades para proporcionar vestimenta y calzado a sus funcionarios. El pronunciamiento, originado en una consulta formulada por la Municipalidad de Providencia, concluye que dicha atribución sólo resulta procedente cuando las prendas poseen la calidad de uniforme institucional, descartando la entrega de vestimenta distinta de uniforme o de tarjetas giftcard destinadas a su adquisición.
El órgano de control recordó que en el Dictamen N° D227, de 2026, ya había sostenido que las municipalidades y los Servicios Locales de Educación Pública carecen de autorización legal para entregar vestuario formal y calzado a docentes, asistentes de la educación y funcionarios de la administración superior, así como para proporcionar giftcards destinadas a la compra de esas prendas. Sin embargo, aclaró que dicho criterio debe interpretarse conjuntamente con su jurisprudencia administrativa histórica, conforme a la cual los municipios sí pueden proporcionar vestuario a los funcionarios regidos por la Ley N° 18.883 cuando éste reviste efectivamente la calidad de uniforme.
La Contraloría explica que el uniforme institucional debe reunir determinadas características. En primer lugar, la vestimenta debe presentar un diseño similar y ser de uso obligatorio durante la jornada laboral para quienes la reciben. Además, su finalidad debe consistir en proyectar una imagen de orden y adecuada presentación del personal en beneficio de la institución, y no otorgar una ventaja patrimonial a los funcionarios. Finalmente, la adquisición de esos implementos debe contar con financiamiento previsto en el presupuesto municipal.
El dictamen advierte que admitir la entrega de vestimenta prescindiendo de su calidad de uniforme implicaría reconocer un beneficio económico que produciría un aumento indirecto de las remuneraciones, materia cuya regulación corresponde exclusivamente a la ley. Añade que ello supondría privilegiar el interés particular de los funcionarios por sobre el interés público que justifica la provisión de uniformes institucionales.
Indicó que las municipalidades pueden entregar vestimentas a sus funcionarios, siempre y cuando estas tengan la calidad de uniforme; que la decisión se fundamente en que la labor lo requiera de forma indispensable; se cuente con disponibilidad presupuestaria; y que se disponga en un reglamento las condiciones de su otorgamiento y sus características, para asegurar el cumplimiento de estos requisitos. Además, exige que cada municipalidad regule mediante un reglamento las condiciones de entrega, uso y características de tales prendas, con el objeto de asegurar el cumplimiento de los requisitos fijados por la jurisprudencia administrativa.
Al analizar el caso concreto, la Contraloría examinó el Reglamento Municipal N° 319, de 2025, modificado por el Reglamento N° 324, de 2026, de la Municipalidad de Providencia. Observó que dicho instrumento distingue entre uniformes, ropa de uso general, ropa de trabajo y ropa destinada a directivos, incorporando además un sistema de giftcards para la adquisición de esas prendas
En consecuencia, advierte que el referido reglamento permite la entrega de giftcards para la adquisición de vestimenta y calzado que excede la calificación de uniforme, lo que no se ajusta a los criterios antes expuestos y que emanan de la reiterada jurisprudencia administrativa citada. En consecuencia, la Municipalidad de Providencia deberá revisar el aludido reglamento, ajustándolo a derecho, de conformidad con los criterios señalados en el presente pronunciamiento.
