El tribunal sostuvo que correspondía a la aseguradora probar la exclusión por suicidio y que los antecedentes no acreditaron la intención de morir.
La Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de 17 de agosto, en causa rol N°11.153-2025 confirmó el fallo dictado el 17 de diciembre de 2024 por el Octavo Juzgado Civil de Santiago, que acogió una demanda de cumplimiento de contrato con indemnización de perjuicios contra Bice Vida Compañía de Seguros S.A., manteniendo la condena al pago de 3.637 UF, más intereses y costas, a la beneficiaria de tres pólizas de seguro.
El fallo de primera instancia corresponde a la causa Rol C-8810-2021 y acogió la acción interpuesta en representación de una beneficiaria menor de edad respecto de las pólizas N° 00118750, 00118751 y 00120115. La controversia se originó luego de que la aseguradora rechazara la cobertura por considerar que el fallecimiento del asegurado se encontraba comprendido en la exclusión contractual por suicidio dentro de los primeros dos años de vigencia.
Bice Vida apeló de la sentencia y solicitó su revocación y el rechazo íntegro de la demanda. Sostuvo, entre otros argumentos, que se encontraba demostrado que el asegurado había fallecido en un contexto de intoxicación farmacológica y consumo de sustancias, y cuestionó la valoración de antecedentes como su profesión médica, la alcoholemia de 0,00 g/L y la ausencia de participación de terceros.
También alegó que el tribunal de primera instancia había invertido la carga de la prueba al exigirle acreditar la intencionalidad del asegurado. Según la compañía, la presunción de capacidad contemplada en el artículo 1446 del Código Civil permitía considerar libres y voluntarios los actos realizados por una persona plenamente capaz.
No existía controversia, en cambio, respecto de que se habían celebrado tres seguros con cobertura principal de fallecimiento y que las pólizas contemplaban una exclusión por suicidio o lesiones autoinferidas durante los primeros dos años. Tampoco se discutió que el asegurado falleció el 24 de noviembre de 2019, antes de cumplirse ese plazo.
El certificado de defunción consignó como causa “paro cardiorespiratorio, etiología en estudio”, mientras que el informe de autopsia N° 182/2019 del Servicio Médico Legal señaló un paro cardiorrespiratorio con edema pulmonar bilateral masivo y daño cerebral, “aparentemente en contexto de intoxicación farmacológica”. El examen toxicológico detectó cocaína, benzoilecgonina y metadona, mientras la alcoholemia registró 0,00 g/L.
La Corte situó el punto decisivo del litigio en determinar si Bice Vida había acreditado que la muerte correspondió efectivamente a un suicidio y, por tanto, que concurría el supuesto de hecho de la exclusión por suicidio en el seguro de vida.
Para resolverlo, acudió a los artículos 530 y 531 del Código de Comercio. Conforme a esas disposiciones, explicó, el asegurador responde por los riesgos descritos en la póliza salvo las situaciones expresamente excluidas y el siniestro se presume ocurrido por un evento que hace responsable al asegurador, pudiendo este acreditar la concurrencia de un hecho que lo exonere conforme al contrato o la ley.
En consecuencia, acreditados el contrato y la ocurrencia del siniestro durante la vigencia de las pólizas, correspondía a la compañía probar el hecho impeditivo que invocaba. La Corte relacionó este criterio con la regla general del artículo 1698 del Código Civil y sostuvo que la carga de acreditar la exclusión recaía sobre la aseguradora.
El tribunal citó además jurisprudencia de la Corte Suprema sobre la carga probatoria de las exclusiones y su interpretación, entre ella las sentencias roles N° 59.461-2024, N° 10.739-2024 y N° 30.292-2020.
Uno de los fundamentos centrales del fallo fue la distinción entre la voluntariedad de una conducta riesgosa y la intención suicida. Para la Corte, que una persona haya ingerido voluntariamente determinadas sustancias no permite concluir, por ese solo hecho, que haya actuado con el propósito de provocar su muerte.
La sentencia razonó que la presunción de capacidad del artículo 1446 del Código Civil podía permitir considerar voluntaria la ingesta, pero no presumir que esta fue ejecutada con intención de morir. Esa intención constituía precisamente el presupuesto de la exclusión cuya acreditación correspondía a la compañía.
En ese sentido, la Corte consideró que la sobriedad del asegurado y su profesión médica permitían inferir conocimiento de los riesgos asociados a la ingesta conjunta de metadona y cocaína. Sin embargo, esos antecedentes demostraban, a lo sumo, que podía representarse el peligro de su conducta, no que quisiera producir el resultado fatal.
El tribunal agregó que los antecedentes eran compatibles tanto con la tesis sostenida por la aseguradora como con una intoxicación accidental derivada de un consumo riesgoso. Al tratarse de un cuadro probatorio equívoco respecto del hecho fundante de la exclusión, esa insuficiencia perjudicaba a quien tenía la carga de acreditarlo.
La Corte tuvo especialmente en consideración que no existían antecedentes de ideación o intentos suicidas previos en el proceso. El certificado del psiquiatra tratante daba cuenta de un trastorno por ansiedad y no de depresión, mientras que tampoco se acompañaron notas, mensajes o anuncios que acreditaran una intención suicida.
Asimismo, el certificado de defunción mantuvo la etiología “en estudio”; la autopsia vinculó aparentemente el deceso a una intoxicación farmacológica, pero no lo calificó como suicidio; y el examen toxicológico constató la presencia de sustancias sin establecer la intención con que fueron ingeridas.
La sentencia concluyó que ningún documento médico, pericial u oficial incorporado al proceso calificó el fallecimiento como suicidio. Por ello, las inferencias efectuadas durante la liquidación de los seguros no resultaban suficientes para establecer el hecho excluido.
También fueron ponderados los antecedentes de la investigación penal, que terminó con sobreseimiento definitivo conforme al artículo 250 letra a) del Código Procesal Penal. Para la Corte, ese resultado descartaba la intervención de terceros, pero no resolvía si la muerte había sido intencional o producto de una intoxicación accidental.
La Corte examinó además la póliza N° 00118751, que excluía el suicidio, automutilación o autolesión ocurridos durante los primeros dos años, incluso cuando el asegurado hubiese actuado privado de razón.
Según el fallo, esa estipulación ampliaba la exclusión respecto de quien actuara privado de razón, pero no eliminaba la necesidad de establecer un acto autolesivo intencional. La cláusula no permitía transformar en riesgo excluido cualquier muerte causalmente vinculada a una conducta del propio asegurado.
El tribunal también descartó una infracción a las reglas de la sana crítica del artículo 543 del Código de Comercio. A su juicio, la conclusión de primera instancia se apoyaba en antecedentes probatorios y respetaba la lógica y las máximas de la experiencia.
Asimismo, rechazó que el tribunal estuviera obligado a decretar diligencias probatorias de oficio para suplir la falta de antecedentes aportados por la aseguradora. La facultad contemplada en el artículo 543 fue calificada como discrecional y no como un deber destinado a reemplazar la actividad probatoria de la parte que soportaba esa carga.
En definitiva, la Corte concluyó que Bice Vida no acreditó que el fallecimiento se hubiese producido por suicidio. Por esa razón, estimó que la negativa de cobertura carecía de justificación contractual y legal y confirmó la sentencia que acogió la demanda de cumplimiento forzado con indemnización de perjuicios.
La Corte mantuvo también la condena en costas de primera instancia y condenó en costas a la recurrente en segunda instancia.
Sentencia de primera instancia





