La Corte de Apelaciones de Valparaíso descartó indicios de vulneración de derechos fundamentales y consideró justificada la decisión de la universidad. La Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de unificación de jurisprudencia presentado por la trabajadora.
La Corte Suprema, mediante resolución de 13 de octubre, Rol N°49.913-2026, declaró inadmisible un recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por una trabajadora contra una sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
El recurso cuestionaba el fallo de 20 de agosto de 2026, Rol N°245-2026 mediante el cual la Corte de Apelaciones acogió un recurso de nulidad presentado por la Universidad Técnica Federico Santa María y dictó una sentencia de reemplazo que rechazó tanto la denuncia de tutela laboral como la acción subsidiaria de despido indirecto.
La Corte Suprema concluyó que la cuestión planteada no correspondía a una materia de derecho susceptible de unificación, sino a un cuestionamiento sobre el alcance y los límites de una causal de nulidad laboral.
La controversia se originó en la relación laboral entre una académica y la Universidad Técnica Federico Santa María, a propósito de la solicitud de prórroga de un permiso sin goce de sueldo por un segundo año consecutivo.
La trabajadora sostuvo que la actuación de su empleadora configuraba actos de discriminación, arbitrariedad e incertidumbre que vulneraban las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N°1, N°4 y N°16 de la Constitución Política de la República.
Entre sus cuestionamientos se encontraba la supuesta falta de respuesta oportuna a su solicitud, la inexistencia de un procedimiento institucional claro y la alegación de haber sido expuesta a circunstancias relacionadas con su vida personal y familiar.
La empleadora, por su parte, sostuvo que la petición había sido resuelta dentro de un plazo breve, que existía un procedimiento para tramitar este tipo de solicitudes y que la negativa respondía a necesidades de planificación académica y docencia presencial.
El conflicto derivó en una demanda principal de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido y, subsidiariamente, en una acción de despido indirecto y cobro de prestaciones e indemnizaciones laborales.
El Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso, mediante sentencia de 16 de febrero de 2026, dictada en la causa RIT T-759-2024, acogió la demanda principal de tutela laboral. El tribunal declaró que el despido indirecto de 1 de agosto de 2024 vulneró las garantías constitucionales previstas en los numerales 1, 4 y 16 del artículo 19 de la Constitución, en relación con el artículo 2 del Código del Trabajo. Como consecuencia, ordenó el pago de $48.839.912 por concepto de indemnización del artículo 489 del Código del Trabajo, además de indemnizaciones por aviso previo, años de servicio y el recargo legal correspondiente.
Frente a esta decisión, la Universidad Técnica Federico Santa María interpuso un recurso de nulidad fundado principalmente en el artículo 478 letra e) del Código del Trabajo y, de manera subsidiaria, en la causal contemplada en la letra b) de la misma disposición.
La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió el recurso de nulidad al estimar que la sentencia de primera instancia había omitido ponderar prueba documental relevante y contenía conclusiones contradictorias sobre el procedimiento de autorización de permisos.
Uno de los antecedentes decisivos fue la cadena de correos electrónicos correspondiente a los días 10, 11 y 17 de junio de 2024. Estos documentos permitieron establecer que la trabajadora presentó su solicitud de prórroga el 10 de junio, que esta fue puesta en conocimiento del departamento al día siguiente y que su rechazo fue comunicado formalmente el 17 de junio.
La Corte consideró que la sentencia original había dado por acreditada una situación de dilación e incertidumbre sin examinar adecuadamente esos antecedentes, que demostraban una respuesta dentro de siete días.
Asimismo, observó una contradicción entre los razonamientos que reconocían la existencia de un procedimiento institucional para tramitar permisos y aquellos que afirmaban la falta de regulación y transparencia de dicho procedimiento.
Sobre esta base, concluyó que concurría el vicio previsto en el artículo 478 letra e), en relación con el artículo 459 N°4 del Código del Trabajo, y anuló la sentencia de 16 de febrero de 2026.
En la sentencia de reemplazo, dictada también el 20 de agosto de este año, la Corte de Apelaciones de Valparaíso examinó nuevamente los antecedentes y determinó que no se habían configurado indicios suficientes de vulneración de derechos fundamentales.
El tribunal estimó que la Universidad había entregado una respuesta formal y oportuna a la petición de prórroga del permiso sin goce de sueldo, sin que correspondiera confundir ese procedimiento con las conversaciones posteriores iniciadas por la trabajadora para explorar una eventual desvinculación de mutuo acuerdo.
Respecto de la alegación de arbitrariedad, consideró acreditado que existía un procedimiento institucional y que la negativa a extender el permiso respondía a razones de gestión interna y planificación académica. En particular, señaló que la necesidad de asegurar funciones docentes presenciales resultaba incompatible con la residencia de la trabajadora en el extranjero.
En cuanto a la denuncia de discriminación de género, la Corte concluyó que no se había incorporado prueba idónea para demostrar diferencias de trato motivadas por esa circunstancia frente a situaciones objetivamente comparables.
También descartó que la exposición de antecedentes personales y familiares hubiese sido exigida por la empleadora, al establecer que la comunicación respectiva fue remitida por iniciativa de la propia trabajadora.
Respecto de la acción subsidiaria de despido indirecto, el tribunal estimó que no se habían acreditado incumplimientos graves del empleador que justificaran el término de la relación laboral por iniciativa de la dependiente.
En consecuencia, rechazó ambas acciones y las pretensiones indemnizatorias derivadas del despido indirecto, sin condenar en costas a la demandante por haber tenido motivo plausible para litigar.
Contra la decisión de la Corte de Apelaciones, la trabajadora interpuso un recurso de unificación de jurisprudencia. La cuestión que propuso consistía en determinar si la causal del artículo 478 letra e), en relación con el artículo 459 N°4 del Código del Trabajo, permite considerar configurada una omisión de análisis probatorio cuando la sentencia de instancia ha examinado los antecedentes relevantes y explicado sus conclusiones, pero el tribunal de nulidad estima que esos antecedentes debieron conducir a una conclusión fáctica diferente.
La recurrente cuestionó, de ese modo, que el tribunal de nulidad pudiera reconstruir la secuencia de los hechos y sustituir las inferencias realizadas por el juzgador de primera instancia mediante la causal invocada.
La controversia sometida a conocimiento de la Corte Suprema se concentró, por tanto, en la utilización de la causal de nulidad por omisión de análisis probatorio y en los límites de la revisión efectuada por el tribunal superior.
Al examinar la admisibilidad, la Corte Suprema recordó que el artículo 483 del Código del Trabajo contempla el recurso de unificación cuando existen distintas interpretaciones sobre una materia de derecho objeto del juicio, sostenidas en sentencias firmes emanadas de tribunales superiores de justicia.
También señaló que el artículo 483-A exige controlar la oportunidad del recurso, la existencia de fundamento, la exposición precisa y circunstanciada de las interpretaciones divergentes y el acompañamiento de las sentencias invocadas como sustento de la impugnación.
Al aplicar estas exigencias al caso concreto, el máximo tribunal concluyó que la materia propuesta no constituía una cuestión jurídica habilitante del recurso.
En su considerando cuarto, expresó que el asunto planteado correspondía a un cuestionamiento sobre el alcance y los límites de la causal de nulidad establecida en el artículo 478 letra e) del Código del Trabajo.
Por esa razón, determinó que la impugnación debía ser desestimada en la etapa de admisibilidad, sin desarrollar un pronunciamiento de fondo destinado a establecer una interpretación uniforme sobre la cuestión propuesta por la recurrente.
La distinción resulta relevante para precisar el alcance de lo resuelto: la Corte Suprema no revisó nuevamente la acreditación de los hechos ni dictó una nueva sentencia sobre la denuncia de tutela laboral.
Su pronunciamiento se limitó a declarar que el recurso interpuesto no cumplía con la exigencia relativa a la existencia de una materia de derecho habilitante para la unificación de jurisprudencia.
Con estos antecedentes, la Cuarta Sala declaró inadmisible el recurso interpuesto contra la sentencia de 20 de agosto de 2026.






