El máximo tribunal estimó que la disolución de la unidad donde se desempeñaba el funcionario constituía una razón objetiva para poner término anticipado a su contrata. Descartó la aplicación de la confianza legítima por no alcanzar cinco años de vinculación en esa modalidad.
La Corte Suprema, en sentencia de 15 de octubre, Rol N°44.271-2025, confirmó el rechazo de un recurso de protección interpuesto contra el Servicio de Registro Civil e Identificación por el término anticipado de la contrata de un funcionario que ejercía una jefatura en el organismo. El tribunal concluyó que el acto administrativo impugnado estaba debidamente fundado y que no concurrían los presupuestos para aplicar el principio de confianza legítima.
El pronunciamiento examinó la Resolución Exenta RA N°252/660/2025, de 26 de marzo de 2025, mediante la cual el Director Nacional del Registro Civil dispuso el término anticipado de la contrata, luego de la disolución de la unidad que dirigía el recurrente.
El recurso fue presentado en representación de un exfuncionario del Servicio de Registro Civil e Identificación, quien cuestionó la legalidad y arbitrariedad de la resolución que dispuso su separación del organismo antes del vencimiento del período para el cual había sido nombrado.
El recurrente sostuvo que el acto administrativo carecía de una motivación suficiente y que la referencia a la falta de necesidad de sus servicios no permitía identificar adecuadamente las razones que justificaban la decisión. Alegó, además, que la medida desconocía su trayectoria anterior en la institución.
En particular, invocó las garantías previstas en el artículo 19 N°2, N°16 y N°24 de la Constitución Política de la República, relativas a la igualdad ante la ley, la libertad de trabajo y el derecho de propiedad.
También argumentó que la reiteración de vínculos con la Administración debía ser considerada al evaluar la protección de la confianza legítima, citando antecedentes administrativos y jurisprudenciales relacionados con la estabilidad de los funcionarios a contrata.
Solicitó dejar sin efecto la decisión de desvinculación, mantener vigente su nombramiento en el grado 6 de la Escala Única de Sueldos y ordenar su reincorporación, junto con el pago de las remuneraciones y beneficios correspondientes al período de separación.
Por su parte, el Registro Civil solicitó el rechazo de la acción. Sostuvo que la medida respondía a una reorganización institucional, que la unidad donde trabajaba el recurrente había sido disuelta y que la resolución contenía fundamentos objetivos para justificar el término anticipado de sus funciones.
Según los antecedentes establecidos en el proceso, el funcionario había mantenido diversos vínculos anteriores con el Servicio de Registro Civil e Identificación. Sin embargo, su relación funcionaria más reciente comenzó en marzo de 2023, inicialmente en calidad de suplente. Posteriormente, fue nombrado a contrata a contar del 1 de octubre de 2023, como profesional grado 9 de la Escala Única de Sueldos. El 1 de mayo de 2024 asumió, también a contrata, como profesional grado 6, para desempeñar la jefatura de la Unidad de Tecnología y Servicios de Identificación (UTSI).
Su nombramiento fue prorrogado para el año 2025. No obstante, mediante la Resolución Exenta N°79, de 24 de febrero de ese año, el Servicio dispuso la disolución de la unidad, por considerar inconveniente mantener esa estructura institucional.
La decisión de reorganización fue vinculada con los perfiles técnicos de quienes integraban la unidad y con las funciones asignadas como contraparte del contrato denominado «Nuevo Sistema de Identificación».
Con posterioridad, el Director Nacional dictó la resolución que puso término anticipado a la contrata del recurrente. Este acto fue impugnado mediante la acción constitucional, dando origen al procedimiento conocido por la Corte de Apelaciones de Santiago.
El tribunal de alzada rechazó el recurso el 3 de octubre de 2025, sin costas, al estimar que la autoridad había actuado dentro de sus atribuciones y que la resolución satisfacía el deber legal de fundamentación. Contra esa decisión se dedujo apelación.
Uno de los aspectos centrales del fallo de la Corte Suprema fue la determinación del período relevante para examinar la aplicación del principio de confianza legítima en el empleo público.
El máximo tribunal estableció que la relación del recurrente con el Servicio, bajo la modalidad a contrata, comenzó el 1 de octubre de 2023 y se extendió hasta abril de 2025. Precisó, además, que su vinculación en el cargo y grado que desempeñaba al momento de la desvinculación se inició el 1 de mayo de 2024.
Sobre esa base, concluyó que el tiempo de desempeño a contrata era inferior a cinco años, circunstancia que impedía atribuir al principio de confianza legítima los efectos pretendidos por el recurrente.
De esta manera, la Corte descartó que los argumentos relativos a la estabilidad funcionaria permitieran modificar lo resuelto por el tribunal de primera instancia.
El criterio resultó concordante con el desarrollado por la Corte de Apelaciones, que había considerado improcedente acumular períodos anteriores no continuos o prestados bajo modalidades distintas de la contrata para configurar la confianza legítima invocada.
La razón decisiva del fallo estuvo en la existencia de un fundamento objetivo para la desvinculación y en la suficiencia de la motivación contenida en el acto administrativo.
La Corte Suprema examinó la Resolución Exenta RA N°252/660/2025 y constató que esta hacía referencia al nombramiento del recurrente como jefe de la UTSI y a la posterior resolución que dispuso la disolución de dicha unidad.
Para resolver la controversia, el tribunal acudió al artículo 41, inciso final, de la Ley N°19.880, en relación con el artículo 11 del mismo cuerpo legal, sobre el deber de fundamentación de los actos administrativos. La sentencia destacó que el artículo 41 permite que la aceptación de informes o dictámenes sirva de motivación cuando estos se incorporan al texto de la resolución. En este caso, consideró que la remisión al acto que disolvió la unidad proporcionaba el fundamento del término anticipado de la contrata.
El tribunal también examinó el artículo 146, letra e), del Estatuto Administrativo, que contempla la supresión del empleo como causal de cesación en el cargo. Según el razonamiento de la Corte, dicha causal resulta aplicable tanto a funcionarios de planta como a contrata, aunque los efectos administrativos y patrimoniales previstos en el artículo 154 del Estatuto se encuentran establecidos específicamente para los primeros.
El fallo explicó que de esa diferencia no puede desprenderse que los funcionarios a contrata estén excluidos de la causal de supresión del empleo. Una interpretación contraria, sostuvo, implicaría reconocerles un régimen de protección incompatible con el carácter transitorio de esa modalidad de vinculación.
A partir de estos antecedentes, el máximo tribunal estimó que la resolución impugnada se encontraba fundada en razones objetivas y había sido dictada dentro de las atribuciones del Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación.
En consecuencia, descartó la existencia de ilegalidad o arbitrariedad que justificara acoger la acción de protección.
La Corte de Apelaciones había recordado que el recurso de protección, regulado en el artículo 20 de la Constitución, constituye una acción cautelar destinada a resguardar el ejercicio legítimo de derechos preexistentes frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios.
En ese contexto, consideró que el control judicial debía concentrarse en determinar si la autoridad había ejercido sus competencias conforme a derecho y si el acto administrativo contenía una justificación suficiente.
La sentencia de primera instancia señaló que no correspondía, mediante esta vía, calificar el mérito de una decisión administrativa adoptada dentro de las facultades conferidas por la ley.
La Corte Suprema confirmó ese resultado, sustentando su decisión en dos elementos concretos, la ausencia del período requerido para invocar confianza legítima y la existencia de una fundamentación objetiva para el término anticipado de la contrata.
La decisión contó con una prevención del ministro Jean Pierre Matus, quien concurrió al rechazo del recurso, agregando que los hechos denunciados no configuraban una afectación de las garantías susceptibles de protección mediante el artículo 20 de la Constitución.
En particular, estimó que no se había demostrado una decisión impuesta por una comisión especial, una discriminación arbitraria basada en condiciones personales ni la afectación de un supuesto derecho de propiedad sobre un cargo público.
El ministro precisó que las funciones públicas no constituyen bienes apropiables por los particulares y que la permanencia en el cargo depende de las condiciones legales del nombramiento y de las causales de cesación establecidas por el ordenamiento.
Por otra parte, la ministra Adelita Ravanales y la abogada integrante María Angélica Benavides estuvieron por revocar la sentencia apelada y acoger el recurso de protección.
Las disidentes consideraron relevante que el funcionario hubiese sido renovado para 2025 como jefe de la unidad que posteriormente fue disuelta. A su juicio, esa renovación permitía inferir que el Servicio había considerado tanto su perfil profesional como la continuidad de la estructura institucional.
En ese contexto, estimaron que la posterior decisión de suprimir la unidad, fundada en que la mayoría de sus integrantes no reunía el perfil técnico requerido, no constituía una fundamentación adecuada y suficiente para justificar la desvinculación del recurrente.






