Corte Suprema confirma rechazo por devolución de fondos AFP

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La Tercera Sala confirmó el rechazo de un recurso de protección contra AFP ProVida, interpuesto por una trabajadora extranjera que solicitó la devolución de sus ahorros previsionales conforme a la Ley N°18.156. El fallo destacó la obligatoriedad de acreditar los requisitos legales y el rol de la Superintendencia de Pensiones en su interpretación administrativa.

La Corte Suprema, mediante sentencia de 29 de octubre, dictada por su Tercera Sala en la causa Rol N°53.533-2026, confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción de 21 de septiembre de 2026, Rol N°317-2026, que rechazó un recurso de protección interpuesto contra la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A.

La controversia se originó en el rechazo de una solicitud de devolución de fondos AFP presentada por una trabajadora venezolana, quien invocó el régimen especial contemplado en la Ley N°18.156 para personal técnico extranjero. El máximo tribunal concluyó que la decisión impugnada se ajustaba al principio de juridicidad, al encontrarse fundada en el incumplimiento de los requisitos objetivos necesarios para acceder a la devolución solicitada.

La acción constitucional fue presentada por un abogado en representación de una trabajadora de nacionalidad venezolana, quien cuestionó la decisión comunicada por AFP ProVida el 19 de enero de 2026, mediante la cual se rechazó su solicitud de devolución de fondos de capitalización individual. La recurrente sostuvo que cumplía las condiciones establecidas en la Ley N°18.156, particularmente la exigencia de encontrarse afiliada a un régimen de seguridad social fuera de Chile. Para acreditarlo, acompañó una constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Según su presentación, el documento podía verificarse mediante un código alfanumérico en el portal institucional del organismo extranjero. Por ello, estimó que la exigencia adicional de legalización o apostilla constituía una formalidad no contemplada expresamente en la ley y de imposible cumplimiento, atendida la ausencia de representación diplomática venezolana en Chile que alegó en su recurso.

La trabajadora atribuyó a la administradora una actuación ilegal y arbitraria, invocando las garantías de igualdad ante la ley y derecho de propiedad reconocidas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República. Solicitó que se ordenara autorizar la devolución de sus fondos previsionales.

Por su parte, AFP ProVida pidió el rechazo de la acción, argumentando que la documentación presentada no satisfacía las exigencias de autenticidad y contenido previstas en la normativa aplicable.

La Corte de Apelaciones de Concepción, mediante sentencia de 21 de septiembre de este año rechazó sin costas el recurso de protección, al estimar que la negativa de la administradora no configuraba un acto ilegal o arbitrario.

El tribunal consideró que la devolución de cotizaciones previsionales de trabajadores técnicos extranjeros constituye una excepción al régimen general de capitalización individual establecido en el Decreto Ley N°3.500, por lo que su procedencia exige acreditar las condiciones previstas en la legislación especial.

En particular, examinó la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el IVSS, concluyendo que carecía de firma del emisor y no se encontraba legalizada ni apostillada ante las autoridades competentes.

Asimismo, señaló que las menciones contenidas en el documento eran genéricas y no acreditaban específicamente que el régimen previsional extranjero otorgara cobertura efectiva e individualizada frente a los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante el período de prestación de servicios en Chile.

La Corte de Concepción sostuvo que la posibilidad de verificar un código alfanumérico en un sitio web institucional no sustituía las exigencias formales de autenticación de documentos públicos extranjeros.

Sobre esa base, concluyó que AFP ProVida había actuado conforme a las exigencias legales y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, descartando la vulneración de las garantías constitucionales invocadas.

Al conocer la apelación, la Corte Suprema mantuvo únicamente la parte expositiva del fallo recurrido y desarrolló sus propios fundamentos para confirmar el rechazo.

El máximo tribunal centró su análisis en los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156, que regulan la exención de cotizaciones previsionales de determinados trabajadores técnicos extranjeros y la posibilidad de solicitar la devolución de los fondos depositados en una administradora.

El artículo 1° establece que la exención procede cuando el trabajador se encuentra afiliado a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones, al menos, frente a enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

La disposición también exige que el trabajador manifieste expresamente, en su contrato de trabajo, la voluntad de mantener dicha afiliación extranjera. La exención no comprende los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulados en la Ley N°16.744.

A su turno, el artículo 7° permite que los trabajadores extranjeros que hubieren registrado cotizaciones en una AFP soliciten su devolución, siempre que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 1°.

De este modo, la Corte Suprema precisó el marco normativo aplicable a la solicitud, vinculando el derecho a obtener la devolución con el cumplimiento de las condiciones legales que habilitan ese régimen especial.

Uno de los fundamentos centrales del fallo se relacionó con las atribuciones de la Superintendencia de Pensiones para interpretar administrativamente la normativa del sistema previsional.

La Corte Suprema recordó que esa competencia se encuentra reconocida en el artículo 47 N°7 de la Ley N°20.255, el artículo 94 N°3 del Decreto Ley N°3.500, de 1980, y el artículo 3°, literal i), del DFL N°101 de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. En ejercicio de dichas atribuciones, la Superintendencia ha establecido disposiciones contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, destinadas a precisar la aplicación de la Ley N°18.156.

El tribunal explicó que esta regulación administrativa busca uniformar los criterios aplicables a los beneficios excepcionales previstos para trabajadores extranjeros, especialmente respecto de los antecedentes necesarios para acreditar su procedencia.

Asimismo, señaló que corresponde al organismo fiscalizador pronunciarse sobre los reclamos y peticiones de los interesados cuando exista disconformidad con la interpretación normativa o los criterios utilizados por las administradoras de fondos de pensiones.

En consecuencia, la Corte Suprema sostuvo que la forma y oportunidad de cumplimiento de los requisitos legales se encuentran determinadas por la Ley N°18.156 y precisadas por el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y la jurisprudencia administrativa correspondiente.

Dicho marco exige que los documentos acompañados por quienes solicitan la devolución cumplan determinados requisitos de contenido y forma, cuya observancia constituye un presupuesto para acceder al beneficio.

La Corte indicó que la negativa de devolución se encontraba sustentada en el incumplimiento de requisitos objetivos exigidos por la normativa aplicable. El máximo tribunal concluyó que la decisión cuestionada se ajustaba al principio de juridicidad, pues respondía al ejercicio de atribuciones dentro del marco regulatorio correspondiente y tenía fundamento en la falta de cumplimiento de las condiciones necesarias para otorgar la devolución de los fondos previsionales solicitada.

La sentencia también descartó que los antecedentes permitieran establecer un trato discriminatorio o desigual respecto de la recurrente. Para ello, consideró que la solicitud había sido resuelta mediante parámetros generales establecidos previamente por el legislador y por la Superintendencia de Pensiones, sin que se advirtiera una aplicación diferenciada de tales exigencias en perjuicio de la trabajadora.

En este punto, corresponde distinguir los fundamentos de ambas instancias. Mientras la Corte de Apelaciones de Concepción examinó específicamente la ausencia de firma, legalización o apostilla y la insuficiencia de las coberturas acreditadas, la Corte Suprema confirmó el rechazo mediante un razonamiento centrado en las condiciones legales y reglamentarias que rigen la devolución.

Por tanto, el pronunciamiento del máximo tribunal no estableció una prohibición general de devolución de fondos a trabajadores extranjeros, sino que resolvió la improcedencia de la acción en atención al incumplimiento de los requisitos exigibles en el caso concreto.

En definitiva, la Tercera Sala de la Corte Suprema confirmó el rechazo del recurso de protección interpuesto contra AFP ProVida, manteniendo la decisión pronunciada por la Corte de Apelaciones de Concepción.

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