Corte Suprema descarta que una querella suspenda la prescripción penal

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La formalización es el acto jurídico procesal susceptible de suspender el curso de la prescripción de la acción penal

La Corte Suprema, en sentencia de 16 de octubre en causa Rol N°53.932-2026, acogió un recurso de amparo y revocó el fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt el 30 de septiembre de 2026, Rol N°428-2026. La Segunda Sala estableció que la presentación de una querella nominativa no suspende el plazo de prescripción de la acción penal y ordenó revisar la procedencia del sobreseimiento definitivo parcial solicitado por la defensa.

El conflicto se originó en una investigación penal por diversos hechos patrimoniales atribuidos al imputado entre julio de 2014 y agosto de 2015. La controversia comprendía cinco delitos de estafa y uno de celebración de contrato simulado, calificados como simples delitos, respecto de los cuales se discutía la aplicación del plazo de prescripción de cinco años.

En la causa se presentó una querella el 16 de agosto de 2019, admitida a tramitación el 19 del mismo mes. Sin embargo, la formalización de la investigación se realizó el 19 de agosto de 2024.

La defensa sostuvo que las acciones penales se encontraban prescritas, al haber transcurrido más de cinco años desde la comisión de los hechos sin que se produjera una actuación con efecto suspensivo. Argumentó que, conforme a los artículos 94, 95 y 96 del Código Penal y al artículo 233 letra a) del Código Procesal Penal, la presentación de una querella no podía equipararse a la formalización de la investigación.

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas acogió esa interpretación y, mediante resolución de 1 de septiembre de 2026, decretó el sobreseimiento definitivo parcial respecto de los seis delitos. Consideró que el plazo legal había transcurrido y descartó que la querella, las solicitudes de formalización u otras actuaciones anteriores produjeran el efecto suspensivo invocado.

El Ministerio Público y la parte querellante apelaron de esa resolución. La Corte de Apelaciones de Punta Arenas, revocó el sobreseimiento y ordenó continuar el procedimiento, al estimar que la querella nominativa había dirigido la persecución penal contra una persona determinada antes de cumplirse el plazo de cinco años.

Para la Corte el artículo 96 del Código Penal permitía considerar suspendida la prescripción desde la presentación de la querella. Su interpretación se apoyó también en las disposiciones del Código Procesal Penal que reconocen la calidad de imputado desde las primeras actuaciones dirigidas contra una persona y en la actividad investigativa desarrollada después de presentada la acción penal.

Frente a esa decisión, la defensa interpuso un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Alegó que la resolución de Punta Arenas atribuía a la querella un efecto que la ley reserva a la formalización y que mantener la persecución por delitos cuya acción penal se encontraba prescrita afectaba ilegalmente la libertad personal y seguridad individual del imputado.

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt rechazó el amparo el 30 de septiembre de 2026. Consideró que una Corte de Apelaciones no podía revisar, mediante esta acción constitucional, lo resuelto por otra de igual jerarquía, pues ello alteraría las reglas de competencia y transformaría el amparo en una nueva instancia procesal.

Además, estimó que la resolución impugnada había sido dictada por un tribunal competente, dentro de un procedimiento legalmente establecido y con fundamentos suficientes. Por ello, concluyó que no se configuraba una actuación ilegal o arbitraria que justificara acoger la acción.

La defensa apeló ante la Corte Suprema, insistiendo en que la cuestión decisiva no era una nueva valoración de los antecedentes, sino la aplicación de las normas que regulan la suspensión de la prescripción de la acción penal.

Al resolver, el máximo tribunal recordó que el artículo 95 del Código Penal establece que el plazo de prescripción comienza a correr desde la comisión del delito. En el caso de los simples delitos comprendidos en la solicitud de sobreseimiento, ese término corresponde a cinco años.

La Corte Suprema precisó que, conforme al artículo 233 letra a) del Código Procesal Penal, la formalización de la investigación es el acto procesal que suspende el curso de la prescripción de la acción penal pública. En consecuencia, la querella presentada el 16 de agosto de 2019, aunque identificara al imputado, no tenía la capacidad de producir ese efecto. Consideró que los hechos investigados ocurrieron entre julio de 2014 y agosto de 2015, mientras que la formalización tuvo lugar el 19 de agosto de 2024. Por ello, concluyó que había transcurrido el plazo de cinco años correspondiente a los delitos examinados.

Sobre esa base, sostuvo que rechazar el sobreseimiento definitivo parcial atribuyendo a la querella un efecto suspensivo constituía una actuación ilegal, pues mantenía al imputado vinculado a un procedimiento penal en condiciones que afectaban su libertad personal.

En consecuencia, la Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt y acogió el recurso de amparo. Ordenó al Juzgado de Garantía de Punta Arenas convocar, a la brevedad, a todos los intervinientes para verificar los demás requisitos de la prescripción y, si corresponde, decretar el sobreseimiento definitivo parcial solicitado por la defensa.

Corte Suprema Rol N°53.932-2026

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