El servicio puede recuperar remuneraciones pagadas durante licencias médicas rechazadas, siempre que los descuentos no superen, en conjunto, el 45% de la remuneración mensual total. Ordenó restituir las sumas descontadas en exceso.
La Corte Suprema, en sentencia de 22 de octubre, Rol N° 4.968-2026, acogió parcialmente un recurso de protección relacionado con descuentos por licencias médicas rechazadas, interpuesto por una funcionaria de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) de la Región del Biobío. La Tercera Sala estableció que el reintegro es legalmente procedente, pero su ejecución debe respetar los límites aplicables a las remuneraciones.
El máximo tribunal confirmó, con declaración, la sentencia pronunciada el 27 de enero de 2026 por la Corte de Apelaciones de Concepción, Rol Protección N° 5234-2025. A diferencia de lo resuelto en primera instancia, no suspendió los descuentos mientras estuviera pendiente una solicitud ante Contraloría, sino que ordenó ajustarlos al límite del 45% previsto en el artículo 58, inciso cuarto, del Código del Trabajo.
La decisión obliga a JUNJI a restituir la parte de las remuneraciones descontadas que exceda ese porcentaje, dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que la sentencia quede firme. Asimismo, establece que los descuentos futuros por el mismo concepto deberán respetar ese límite mientras se mantenga vigente el cobro.
La controversia se originó cuando una educadora de párvulos, dependiente de JUNJI en la Región del Biobío, recurrió de protección contra su empleadora por descuentos efectuados bajo el concepto de «Reintegro L. Médicas», derivados del rechazo de licencias médicas por parte de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN).
La recurrente sostuvo que las deducciones excedían el máximo permitido por el artículo 67 de la Ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República. También señaló que había presentado una solicitud ante el organismo contralor para obtener la condonación de la deuda o, subsidiariamente, facilidades de pago. A su juicio, la actuación del servicio vulneraba las garantías de igualdad ante la ley, debido proceso y derecho de propiedad, reconocidas en el artículo 19 N°s 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República. Por ello, solicitó la restitución de las remuneraciones descontadas y el cese de las deducciones.
JUNJI pidió el rechazo de la acción, argumentando que había actuado dentro de sus atribuciones como empleadora y que la recuperación de las remuneraciones resultaba procedente debido al rechazo de las licencias médicas.
Según los antecedentes establecidos por la Corte de Apelaciones de Concepción, la controversia comprendía licencias médicas correspondientes a períodos de 2023 y 2024, cuyo rechazo había quedado firme. Las remuneraciones asociadas a esos períodos ascendían a $1.698.758. En noviembre de 2025, el servicio efectuó un descuento de $1.326.000 bajo el concepto de reintegro de licencias médicas.
Por su parte, la Contraloría General de la República informó que el 13 de noviembre de 2025 la funcionaria había presentado una solicitud de condonación y, subsidiariamente, de facilidades de pago, tramitada bajo el folio E149728-2025, que se encontraba en estudio.
En su sentencia de 27 de enero de este año, la Corte de Apelaciones acogió la protección al estimar improcedente efectuar los descuentos mientras no existiera un pronunciamiento definitivo de Contraloría sobre esa solicitud.
En consecuencia, ordenó dejar sin efecto el reintegro asociado a las licencias rechazadas y devolver las remuneraciones descontadas, mientras permaneciera pendiente la decisión del organismo contralor.
El tribunal también consideró que las deducciones superaban el límite del 50% contemplado en el artículo 67 de la Ley N° 10.336, criterio que posteriormente fue examinado y modificado por la Corte Suprema.
Al revisar la controversia, la Corte Suprema recordó que el recurso de protección constituye una acción constitucional de urgencia, destinada a resguardar derechos preexistentes frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que afecten su ejercicio.
En cuanto al fondo, el máximo tribunal precisó que no se discutía la facultad del servicio empleador para recuperar las remuneraciones percibidas durante períodos cubiertos por licencias médicas rechazadas.
Para fundamentar esta conclusión, citó el artículo 63 del Decreto Supremo N° 3 de 1984, del Ministerio de Salud, que establece la obligatoriedad de devolver o reintegrar las remuneraciones o subsidios indebidamente percibidos con ocasión de licencias médicas no autorizadas, rechazadas o invalidadas.
También consideró el artículo 72 del Estatuto Administrativo, que impide percibir remuneraciones por períodos no trabajados efectivamente, salvo las excepciones legalmente contempladas, entre ellas el uso de una licencia médica.
De esta manera, la Corte reconoció que los descuentos efectuados por JUNJI tenían fundamento legal. Sin embargo, distinguió entre la procedencia del reintegro y la cuantía que el empleador puede descontar mensualmente para hacerlo efectivo.
Uno de los puntos centrales del fallo fue determinar qué norma regulaba el porcentaje máximo de descuento aplicable a las remuneraciones de la funcionaria. La recurrente había invocado el artículo 67 de la Ley N° 10.336, que permite a la Contraloría General de la República ordenar descuentos de remuneraciones para recuperar beneficios pecuniarios indebidamente percibidos, con un límite del 50%.
No obstante, la Corte Suprema descartó la aplicación de ese porcentaje al caso concreto, porque las deducciones no habían sido directamente ordenadas por el organismo contralor, sino ejecutadas por JUNJI en su condición de empleadora.
El tribunal explicó que, ante la ausencia de una norma específica que estableciera un límite para estos descuentos efectuados por el servicio empleador, correspondía acudir a la aplicación supletoria de las disposiciones generales sobre protección de remuneraciones del Código del Trabajo.
Para ello, consideró lo dispuesto en el artículo 1°, inciso tercero, de ese cuerpo legal, que permite aplicar supletoriamente sus normas a funcionarios sujetos a estatutos especiales, en las materias no reguladas por estos y siempre que no sean contrarias a ellos.
La Corte Suprema determinó que el límite aplicable debía extraerse del artículo 58, inciso cuarto, del Código del Trabajo, disposición contenida en el capítulo relativo a la protección de las remuneraciones.
Dicha norma establece que las deducciones efectuadas por el empleador no pueden exceder, en conjunto, el 45% de la remuneración total del trabajador, cualquiera sea su fundamento, en los términos establecidos por el precepto.
El tribunal fundamentó esta interpretación en el carácter alimenticio de las remuneraciones, atendido que habitualmente constituyen la principal fuente de subsistencia del trabajador y de su grupo familiar.
A partir de ese criterio, concluyó que, aunque el reintegro por licencias médicas rechazadas estaba jurídicamente justificado, el descuento del 70% de la remuneración practicado en el caso excedía el máximo permitido por la normativa aplicable.
En consecuencia, estableció que la actuación de JUNJI vulneraba el derecho de propiedad de la funcionaria, protegido por el artículo 19 N° 24 de la Constitución, al privarla de una parte de sus remuneraciones superior al límite legal.
El razonamiento distingue, por tanto, entre la existencia de una obligación de restitución y las restricciones que rigen su ejecución mediante descuentos sobre remuneraciones.
Sobre la base de estos fundamentos, la Tercera Sala confirmó la sentencia apelada, pero modificó las medidas de protección dispuestas por la Corte de Apelaciones de Concepción.
En lugar de mantener la suspensión del reintegro hasta que Contraloría resolviera la solicitud pendiente, la Corte Suprema ordenó a JUNJI restituir únicamente la fracción descontada que excediera el 45% de la remuneración mensual total correspondiente al período respectivo. La devolución deberá efectuarse dentro de un plazo máximo de 30 días contado desde que la sentencia quede firme.
Asimismo, dispuso que los descuentos futuros por remuneraciones percibidas durante licencias médicas rechazadas no podrán superar, en conjunto, el 45% de la remuneración mensual total de la funcionaria, mientras se mantenga vigente el cobro.
El fallo dejó expresamente a salvo lo que pueda resolver la Contraloría General de la República respecto de una eventual condonación de la deuda o del otorgamiento de facilidades de pago.






