Corte Suprema mantiene indemnización por muerte de trabajador en faena

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La Primera Sala desestimó los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos por una empresa de transportes, manteniendo las indemnizaciones por daño moral y lucro cesante reconocidas a familiares de un trabajador fallecido.

La Corte Suprema, mediante sentencia de 19 de octubre, dictada por su Primera Sala en la causa rol N° 35.758-2025, rechazó los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos por Empresa de Transportes Rurales SpA, en un juicio ordinario de indemnización de perjuicios derivado de un accidente laboral que ocasionó la muerte de un trabajador.

La decisión mantuvo lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago el 30 de julio de 2025, que había elevado las indemnizaciones por daño moral reconocidas a los familiares de la víctima y concedido una indemnización adicional por lucro cesante en favor de su hija.

El litigio se originó en una demanda tramitada ante el Cuarto Juzgado Civil de Santiago, bajo el rol C-991-2020. La controversia comprendió la responsabilidad civil de la empresa por el accidente, la eventual imprudencia del trabajador fallecido y la procedencia de las indemnizaciones reclamadas.

La demanda fue presentada por los padres, la conviviente y la hija del trabajador fallecido, quienes solicitaron una indemnización de perjuicios por las consecuencias de su muerte durante una faena vinculada a un bus de la empresa demandada.

Entre los antecedentes considerados por los tribunales se estableció que el trabajador no había instalado las cuñas de seguridad en las ruedas del vehículo, pese a que dicha medida estaba contemplada en el procedimiento de trabajo seguro. Esta omisión permitió que el bus se desplazara y contribuyó a la ocurrencia del accidente.

Sin embargo, el tribunal de primera instancia también determinó que la empresa había incumplido su deber de seguridad al omitir la fiscalización y supervisión de una tarea que ella misma había calificado como crítica.

Para establecer esa responsabilidad se consideró el artículo 184 inciso primero del Código del Trabajo, relativo al deber del empleador de adoptar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores.

Asimismo, se aplicaron los artículos 2314 y 2329 del Código Civil, que sustentaron la acción de responsabilidad extracontractual. La conducta imprudente de la víctima fue ponderada conforme al artículo 2330 del mismo cuerpo legal, para efectos de reducir prudencialmente las indemnizaciones.

Por sentencia de 9 de diciembre de 2022, el Cuarto Juzgado Civil de Santiago acogió parcialmente la demanda y concedió $5.000.000 por daño moral a cada uno de los cuatro demandantes, por un total de $20.000.000. El tribunal rechazó la indemnización por lucro cesante y dispuso el pago de intereses corrientes para operaciones no reajustables desde la notificación de la sentencia, sin condena en costas.

Posteriormente, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la decisión en cuanto había denegado el lucro cesante y concedió $29.234.404 por ese concepto a la hija del trabajador fallecido.

Además, confirmó con declaración la indemnización por daño moral, aumentando los montos a $60.000.000 para cada uno de los padres y a $50.000.000 tanto para la conviviente como para la hija.

El tribunal de alzada también modificó el momento desde el cual se devengan los intereses, estableciendo que estos corresponden a partir de la fecha en que el fallo quede ejecutoriado.

Contra la sentencia de segunda instancia, la empresa demandada interpuso recursos de casación en la forma y en el fondo. En su recurso de nulidad formal sostuvo que la Corte de Apelaciones había omitido pronunciarse sobre un informe toxicológico del Servicio Médico Legal, acompañado durante la segunda instancia, que registraba un resultado positivo para marihuana (THC) respecto del trabajador fallecido.

Según la recurrente, ese antecedente permitiría atribuir el accidente a una conducta temeraria de la propia víctima, quien habría ejecutado sus labores bajo los efectos de sustancias que afectan el sistema nervioso y habría intentado detener imprudentemente el bus por el costado de un muro.

La empresa afirmó que dicha conducta constituía la causa determinante del accidente y que, por tanto, rompía el nexo causal necesario para atribuirle responsabilidad civil.

Para sustentar su impugnación invocó el artículo 768 N° 5 del Código de Procedimiento Civil, en relación con los numerales 2 y 5 del artículo 170 del mismo cuerpo legal.

Al examinar el recurso de casación en la forma, la Corte Suprema advirtió que las disposiciones invocadas no guardaban relación con la omisión denunciada.

Explicó que los numerales 2 y 5 del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil se refieren, respectivamente, a la enunciación de las peticiones y fundamentos de las partes, y a la indicación de las leyes o principios de equidad utilizados para resolver.

En cambio, el cuestionamiento de la empresa se dirigía a la falta de ponderación de un documento presentado en segunda instancia, sin desarrollar una infracción correspondiente a los requisitos específicos cuya omisión había denunciado.

La Corte también sostuvo que el recurso no había sido preparado en los términos exigidos por el artículo 769 del Código de Procedimiento Civil, pues los defectos alegados se habrían producido igualmente en la sentencia de primera instancia, respecto de la cual la demandada no interpuso casación formal.

Adicionalmente, observó que la recurrente no explicó satisfactoriamente cómo la falta de consideración del informe toxicológico habría influido en la parte resolutiva de la sentencia.

En particular, destacó la ausencia de información acerca de la data y las cantidades de sustancias detectadas, así como la falta de antecedentes que permitieran determinar sus implicancias en la conducta de una persona.

Otro fundamento relevante fue la forma en que se presentó el documento toxicológico durante la segunda instancia.

La Corte Suprema constató que el escrito acompañado bajo el folio 15 había sido proveído únicamente con la expresión «a sus antecedentes», sin tenerse por acompañado con citación ni bajo otro apercibimiento, como había solicitado la parte interesada.

La empresa tampoco recurrió contra esa resolución, circunstancia que, según el máximo tribunal, impedía considerar que el documento había sido debidamente incorporado al proceso.

En ese contexto, la Corte indicó que la causal pertinente para reclamar el defecto procesal correspondía al artículo 768 N° 9 del Código de Procedimiento Civil y no al numeral 5 invocado por la recurrente.

Agregó que esa eventual causal tampoco había sido preparada oportunamente, debido a la falta de impugnación de la resolución que proveyó la presentación del documento.

Por estas razones, el máximo tribunal desestimó el recurso de casación en la forma.

En cuanto al recurso de casación en el fondo, la empresa denunció exclusivamente la infracción del artículo 1698 del Código Civil, relativo a la carga de la prueba.

Sostuvo, por una parte, que la falta de valoración del examen toxicológico había impedido acreditar que la conducta del propio trabajador fue la causa determinante del accidente.

Por otra, cuestionó la indemnización por lucro cesante, argumentando que había sido concedida sobre la base de proyecciones relativas a la continuidad laboral, el estado de salud y los ingresos futuros de la víctima.

La sentencia de segunda instancia había considerado que el trabajador tenía 25 años, mantenía un contrato indefinido vigente, presentaba buen estado de salud y contaba con una expectativa de 40 años adicionales de vida laboral.

Para conceder el lucro cesante, los jueces de alzada utilizaron un criterio de razonable certeza, equivalente a una sólida probabilidad sustentada en antecedentes objetivos, siguiendo jurisprudencia de la Corte Suprema contenida en la causa rol N° 7.886-2022.

Sobre esa base, calcularon la indemnización considerando la mitad de un ingreso mínimo mensual durante los 110 meses y 16 días que restaban para que la hija cumpliera 28 años, aplicando el artículo 332 del Código Civil en los términos recogidos por la sentencia.

El resultado fue una indemnización de $29.234.404 por lucro cesante en favor de la hija del trabajador fallecido.

Al resolver el recurso de fondo, la Corte Suprema estableció que la impugnación presentaba una deficiencia sustancial en su formulación jurídica. El tribunal observó que la demandada pretendía cuestionar los presupuestos de la responsabilidad extracontractual, particularmente la imputación del accidente a la empresa y la relación causal entre su conducta y el daño. Sin embargo, el recurso omitió denunciar la infracción de los artículos 2314 y 2329 del Código Civil y del artículo 184 del Código del Trabajo, disposiciones que habían sustentado la responsabilidad atribuida a la empresa por los tribunales del fondo.

La Corte también advirtió que, pese a cuestionarse la procedencia del lucro cesante, la recurrente no había invocado el artículo 1556 del Código Civil.

Para el máximo tribunal, esas omisiones impedían abordar adecuadamente los errores de derecho propuestos, puesto que el recurso prescindía de las normas sustantivas utilizadas para construir la decisión impugnada.

En ese sentido, razonó que, al no denunciarse la aplicación incorrecta de tales disposiciones, su utilización quedaba fuera del cuestionamiento formulado por la recurrente.

Por consiguiente, aun si se aceptara la existencia de una infracción al artículo 1698 del Código Civil, ello no tendría influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, al permanecer sin impugnación las normas que sustentaban jurídicamente la responsabilidad y las indemnizaciones.

Este razonamiento fue determinante para rechazar el recurso de casación en el fondo, sin que la Corte Suprema efectuara una nueva valoración de los hechos y antecedentes probatorios establecidos por los tribunales de instancia.

La Corte Suprema rechazó ambos recursos de casación, manteniendo lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago respecto de la responsabilidad civil de la empresa y las indemnizaciones concedidas.

De esta manera, subsistieron las indemnizaciones por daño moral de $60.000.000 para cada padre del trabajador fallecido y de $50.000.000 para su conviviente y su hija, además de los $29.234.404 otorgados a esta última por concepto de lucro cesante.

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