No se acreditó negligencia en la atención, la existencia de un cuerpo extraño atribuible a la cirugía ni la relación causal invocada por la demandante.
La Corte Suprema rechazó el 29 de septiembre el recurso de casación en el fondo presentado por la demandante en un juicio ordinario de responsabilidad del Estado por falta de servicio contra el Hospital Regional de Antofagasta. La Tercera Sala, Rol N°27.596-2026, mantuvo así el fallo que rechazó la demanda indemnizatoria.
El proceso se inició ante el 2° Juzgado de Letras Civil de Antofagasta, la paciente demandó una indemnización de $200 millones por daño moral y $30 millones por daño emergente, atribuyendo al hospital falta de servicio y al profesional una actuación negligente vinculada al tratamiento de una meniscopatía de la rodilla izquierda.
Según la demanda, la paciente fue atendida por primera vez en agosto de 2018 por un traumatismo y diagnosticada con una meniscopatía. Posteriormente permaneció en lista de espera hasta ser intervenida quirúrgicamente en octubre de 2021. La acción cuestionó, entre otros aspectos, la demora de la cirugía, el tratamiento posterior y la supuesta presencia de un elemento metálico extraño en la rodilla operada.
El Hospital Regional controvirtió esas imputaciones. Sostuvo que se trataba de una patología crónica y degenerativa, que la cirugía se realizó dentro de las posibilidades asistenciales existentes durante la pandemia y que una radiografía posterior descartó la presencia de material quirúrgico en la articulación.
El tribunal de primera instancia consideró que se trataba de una patología no GES y tuvo presente que parte del período coincidió con la pandemia por Covid-19. Sobre esa base, descartó atribuir al hospital o al médico responsabilidad por el retardo de la intervención.
El tribunal concluyó que la prueba era insuficiente para establecer una conducta negligente. El fallo destacó, entre otros aspectos, la ausencia de una prueba pericial que acreditara la tesis de la demandante y estimó que no existían antecedentes suficientes para establecer que el procedimiento médico hubiera sido prestado de forma negligente o culpable ni que se hubiera infringido la lex artis.
La demandante apeló. Durante la segunda instancia acompañó nuevos antecedentes médicos, entre ellos una epicrisis, una receta y un certificado que daba cuenta de su posterior fallecimiento, ocurrido el 1 de julio de 2025, consignándose como causa una “intoxicación en estudio”. La Corte de Apelaciones de Antofagasta, determinó que esos documentos correspondían a hechos muy posteriores a los que originaron el litigio y no modificaban lo resuelto. El 14 de abril de 2026 confirmó la sentencia.
Contra esa decisión, la parte demandante interpuso recurso de casación en el fondo. En primer término, denunció la infracción del artículo 1712 del Código Civil, en relación con los artículos 426 y 341 del Código de Procedimiento Civil, argumentando que existían presunciones graves, precisas y concordantes que permitirían establecer la falta de servicio, la atención tardía, la intervención quirúrgica ineficaz y la existencia de un elemento quirúrgico en la rodilla. También alegó la vulneración de los artículos 1698 y 1702 del Código Civil, en relación con los artículos 2314 y 2329 del mismo cuerpo legal y con los artículos 341 y 346 del Código de Procedimiento Civil. Afirmó que no se habrían valorado adecuadamente instrumentos privados que, según su planteamiento, daban cuenta de la presencia de un cuerpo metálico y de la actuación negligente atribuida a los demandados. Finalmente, cuestionó la valoración de la prueba testimonial.
Al examinar el recurso, la Suprema explicó que la casación en el fondo debe resolver si la ley fue correctamente aplicada sobre los hechos establecidos por los jueces de instancia. Esos hechos no pueden ser revisados por esta vía, salvo que se configure una infracción de normas reguladoras de la prueba que permita excepcionalmente modificar la base fáctica del fallo. La Corte descartó que varias de las disposiciones invocadas tuvieran ese carácter.
Respecto del artículo 1698 del Código Civil, la Suprema concluyó que no se había alterado la carga probatoria. Los jueces de instancia exigieron a la demandante acreditar los presupuestos de la responsabilidad del Estado por falta de servicio y, después de ponderar la prueba, concluyeron que no se acreditó la existencia de un cuerpo extraño ni la mala praxis médica.
La sentencia abordó también los informes imagenológicos que hacían referencia a un “artefacto focal posterior por probable cuerpo metálico”. Según explicó la Suprema, esos documentos fueron examinados conjuntamente con el informe y testimonio de un especialista en traumatología, quien descartó la existencia de un elemento metálico demostrable, y con la declaración de la radióloga que había suscrito el informe inicial.
Esta última explicó que la referencia a “material quirúrgico” no correspondía a un elemento metálico, sino a un artefacto imagenológico. A ello se agregó una radiografía practicada posteriormente en la que no se visualizó un elemento metálico. Para la Suprema, la valoración comparativa de esos antecedentes correspondía a las facultades de los jueces de instancia y no configuraba la infracción del artículo 1702 del Código Civil denunciada por la recurrente.
En consecuencia, atendido que no se denuncia la infracción de normas que tengan el carácter de reguladoras de la prueba y, respecto de las que sí la tienen, estas no han sido impugnadas eficientemente los hechos fijados por los tribunales inferiores permanecieron inamovibles. La Tercera Sala concluyó que el recurso adolecía de manifiesta falta de fundamentos y rechazó la casación en el fondo.
Corte Suprema Rol N°27.596-2026






