Corte Suprema rechaza acción de protección por destitución en SERVEL

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El máximo tribunal revocó una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago y descartó que el recurso de protección sea la vía idónea para revisar el mérito de un sumario administrativo, la prescripción de la responsabilidad disciplinaria y la proporcionalidad de una destitución.

La Corte Suprema, mediante sentencia de 23 de octubre, dictada por su Tercera Sala en la causa Rol N°36.444-2026, revocó el fallo pronunciado el 5 de junio de 2026 por la Corte de Apelaciones de Santiago y, en su lugar, rechazó el recurso de protección presentado por un exfuncionario del Servicio Electoral (SERVEL).

La acción se dirigió contra el SERVEL y la Contraloría General de la República, cuestionando los actos administrativos relacionados con un procedimiento disciplinario que concluyó con la destitución del recurrente. La decisión del máximo tribunal se fundó en que las controversias planteadas requerían un procedimiento declarativo y excedían la naturaleza cautelar de la acción constitucional.

El conflicto se originó en la Resolución Exenta N°982, de 25 de junio de 2024, mediante la cual el Servicio Electoral declaró afinado el sumario administrativo seguido contra el funcionario y le aplicó la medida disciplinaria de destitución. Posteriormente, el afectado presentó un reclamo funcionarial ante la Contraloría General de la República, que fue desestimado mediante la Resolución Exenta N°E9253/2025. Contra esa determinación interpuso un recurso de reposición, rechazado a través de la Resolución Exenta N°E12234, de 17 de junio de 2025.

Frente a estas decisiones, el recurrente dedujo una acción de protección, solicitando dejar sin efecto tanto los actos administrativos cuestionados como la sanción disciplinaria impuesta. Sostuvo que las actuaciones recurridas vulneraban las garantías reconocidas en el artículo 19 N°1, N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Al informar el recurso, el Servicio Electoral expuso los antecedentes de la investigación administrativa y los fundamentos que sustentaron la sanción. Destacó que el procedimiento había sido revisado por la Contraloría, organismo que desestimó el reclamo del funcionario.

En ese contexto, el SERVEL descartó haber incurrido en actuaciones ilegales o arbitrarias y respondió las alegaciones formuladas en la acción constitucional.

Por su parte, la Contraloría sostuvo que el recurso de protección no estaba destinado a cautelar derechos indubitados, sino a controvertir el mérito de actuaciones y decisiones adoptadas durante el procedimiento disciplinario.

Al abordar la controversia, la Corte Suprema recordó que el recurso de protección, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar destinada a resguardar el legítimo ejercicio de derechos y garantías preexistentes. El tribunal explicó que su procedencia exige la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace el ejercicio de alguna de las garantías constitucionales protegidas.

Sobre esa base, distinguió entre los mecanismos administrativos de revisión de los actos estatales y el control jurisdiccional que corresponde ejercer a los tribunales ordinarios de justicia, salvo cuando la legislación contempla procedimientos específicos ante tribunales especiales.

La Corte advirtió que la existencia de mecanismos de impugnación administrativa no transforma al recurso de protección en una instancia adicional para revisar cualquier controversia derivada de un procedimiento disciplinario.

El fundamento central de la sentencia radica en la falta de idoneidad del recurso de protección para resolver las controversias planteadas por el funcionario. La Corte Suprema observó que el recurrente pretendía obtener un pronunciamiento sobre la prescripción de la acción disciplinaria, la duración del sumario administrativo, la proporcionalidad de la sanción y la calificación de las conductas atribuidas.

En consecuencia, la resolución de estas materias exigía revisar el mérito de la investigación administrativa, sus resultados y el control efectuado por la Contraloría General de la República.

Para el máximo tribunal, tales cuestiones no podían resolverse adecuadamente mediante el procedimiento establecido para la acción constitucional, puesto que suponían un debate propio de un juicio declarativo o de lato conocimiento.

La sentencia destacó que el propio petitorio evidenciaba esa dificultad, al solicitar que la Corte calificara nuevamente la investigación, revisara sus conclusiones y declarara la nulidad de las decisiones adoptadas por la autoridad competente.

En este sentido, la Corte sostuvo que la naturaleza cautelar de la acción y el procedimiento previsto para su tramitación impedían utilizarla para resolver cuestiones que requerían una discusión más extensa. El fallo estableció que el recurso constitucional no podía operar como una nueva o distinta instancia de impugnación dentro de un procedimiento administrativo reglado.

Por consiguiente, el rechazo no se fundó en una declaración sobre la corrección material de cada una de las conductas atribuidas al funcionario ni en una validación sustantiva de todas las conclusiones del sumario.

Corte Suprema

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