Corte Suprema rechaza casación por invalidación ambiental

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El máximo tribunal confirmó el rechazo de la reclamación contra la resolución que denegó invalidar la calificación ambiental del proyecto Puente Industrial. Estableció que los terceros absolutos deben solicitar la invalidación dentro de 30 días para acceder a la reclamación judicial especial de la Ley N° 20.600.

La Corte Suprema, en sentencia de 14 de octubre, Rol N° 3.502-2024, rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto por cuatro reclamantes contra el fallo del Tercer Tribunal Ambiental de 28 de diciembre de 2023, que desestimó la reclamación relacionada con la resolución de calificación ambiental del proyecto «Concesión Vial Puente Industrial».

La Corte mantuvo el rechazo de la impugnación dirigida contra la Resolución Exenta N° 214, de 4 de agosto de 2021, de la Comisión de Evaluación de la Región del Bío-Bío, que había denegado una solicitud de invalidación de la Resolución de Calificación Ambiental N° 12/2019.

El máximo tribunal concluyó que la solicitud administrativa fue presentada fuera del plazo de 30 días aplicable al régimen especial de invalidación ambiental. Por esa razón, estimó que los reclamantes carecían de la acción judicial ejercida, sin que correspondiera revisar por esa vía los cuestionamientos sustantivos formulados contra el proyecto.

La controversia tuvo su origen en la aprobación ambiental del proyecto «Concesión Vial Puente Industrial», de titularidad de Sociedad Concesionaria Puente Industrial S.A., mediante la Resolución de Calificación Ambiental N° 12/2019, dictada el 14 de enero de 2019 y publicada en el Diario Oficial el 7 de febrero del mismo año.

El proyecto comprende un viaducto de 6,4 kilómetros de longitud, incluido un puente vehicular de 2,6 kilómetros sobre el río Biobío, destinado a conectar las comunas de Hualpén y San Pedro de la Paz. Su finalidad declarada es facilitar el tránsito de carga y descongestionar las vías existentes.

Cuatro personas que no participaron directamente en el procedimiento de evaluación ambiental solicitaron invalidar la RCA el 16 de octubre de 2020, invocando el artículo 53 de la Ley N° 19.880. Los solicitantes afirmaron tener intereses individuales y colectivos vinculados con los eventuales efectos ambientales del proyecto.

Entre sus cuestionamientos figuraban posibles afectaciones a los sistemas de vida de grupos humanos, deficiencias en la evaluación de flora y fauna, impactos sobre recursos hídricos, patrimonio cultural, actividades hortícolas y áreas protegidas, además de observaciones relacionadas con cambio climático y efectos sinérgicos.

La Comisión de Evaluación rechazó la solicitud mediante la Resolución Exenta N° 214, de 4 de agosto de 2021. Aunque reconoció legitimación activa a los solicitantes, estimó improcedente ejercer la potestad invalidatoria y, adicionalmente, descartó los vicios sustantivos denunciados.

La resolución que rechazó la invalidación fue notificada a los solicitantes el 28 de octubre de 2021. Posteriormente, el 13 de diciembre de ese año, los interesados interpusieron reclamación judicial conforme al artículo 17 N° 8 de la Ley N° 20.600, reiterando sus cuestionamientos sobre la evaluación ambiental.

El Tercer Tribunal Ambiental rechazó la reclamación el 28 de diciembre de 2023. Para resolver, distinguió entre la invalidación propiamente tal, regulada en el artículo 53 de la Ley N° 19.880, y la denominada invalidación impropia o invalidación recurso, vinculada al artículo 17 N° 8 de la Ley N° 20.600.

El tribunal consideró que la petición correspondía al primer mecanismo, tanto por la norma expresamente invocada como por haberse presentado fuera del plazo de 30 días previsto para la vía especial. En consecuencia, sostuvo que el rechazo administrativo de esa solicitud no habilitaba la reclamación judicial intentada.

Contra esa sentencia, los reclamantes dedujeron recurso de casación en el fondo. Alegaron infracciones a los principios de legalidad, especialidad y supletoriedad, a las reglas de interpretación legal y a las disposiciones sobre invalidación administrativa, además de invocar el acceso a la justicia ambiental reconocido en el Acuerdo de Escazú.

La Corte Suprema centró el análisis en la relación entre el artículo 17 N° 8 de la Ley N° 20.600 y el artículo 53 de la Ley N° 19.880, especialmente respecto de las posibilidades de impugnación de quienes no participaron en el procedimiento administrativo que dio origen al acto ambiental.

El fallo recordó que el recurso de casación en el fondo exige una infracción de ley con influencia sustancial en lo dispositivo de la sentencia, conforme al artículo 767 del Código de Procedimiento Civil. Bajo ese estándar, correspondía determinar si la interpretación del tribunal ambiental justificaba anular su decisión.

La controversia no se refería únicamente al plazo para reclamar judicialmente contra una resolución administrativa. También comprendía el plazo dentro del cual los denominados terceros absolutos debían solicitar la invalidación para acogerse al mecanismo especial de impugnación ambiental.

El máximo tribunal explicó que el régimen general del artículo 53 de la Ley N° 19.880 permite a la Administración invalidar actos contrarios a derecho, de oficio o a petición de parte, dentro de los dos años siguientes a su notificación o publicación, previa audiencia del interesado.

Sin embargo, precisó que ese mecanismo se diferencia del sistema especial previsto en el artículo 17 N° 8 de la Ley N° 20.600. Este último permite reclamar ante los Tribunales Ambientales contra la resolución que pone término a un procedimiento administrativo de invalidación ambiental, sea que acoja o rechace la solicitud.

La Corte sostuvo que esta vía especial cumple una función equivalente a un recurso administrativo previo al acceso a la justicia ambiental. Su configuración busca compatibilizar la tutela judicial efectiva de los terceros absolutos con la seguridad jurídica y la estabilidad de las decisiones administrativas.

En ese contexto, reiteró su jurisprudencia relativa a que la solicitud de invalidación debe formularse dentro de los 30 días siguientes a la notificación o publicación del acto cuestionado, cuando se pretende acceder al régimen especial de reclamación judicial.

Para fundamentar esta interpretación, examinó los mecanismos de impugnación establecidos en la legislación ambiental, particularmente los relativos a los titulares de proyectos y a quienes participan mediante observaciones ciudadanas, cuyos recursos administrativos y judiciales están sujetos a plazos específicos.

La sentencia concluyó que una interpretación armónica y sistemática de estas disposiciones permite aplicar igualmente el plazo de 30 días a la solicitud que inicia el procedimiento especial de invalidación del artículo 17 N° 8 de la Ley N° 20.600.

Uno de los antecedentes decisivos fue la diferencia entre la fecha de publicación de la RCA y la presentación de la solicitud de invalidación. La resolución ambiental se publicó el 7 de febrero de 2019, mientras que los reclamantes solicitaron su invalidación el 16 de octubre de 2020. La Corte constató que entre ambas actuaciones había transcurrido aproximadamente un año y ocho meses.

Por ello, estableció que la petición únicamente podía examinarse bajo el régimen general del artículo 53 de la Ley N° 19.880, tanto por su presentación fuera del plazo especial como por haber sido expresamente fundada en esa disposición.

La consecuencia jurídica fue determinante: bajo el régimen general, el acto invalidatorio es impugnable judicialmente cuando la Administración efectivamente invalida el acto. En este caso, como la autoridad rechazó la solicitud, los reclamantes no disponían de la acción especial que pretendieron ejercer.

La Corte añadió un segundo fundamento relacionado con la regla de clausura prevista en el inciso final del artículo 17 N° 8 de la Ley N° 20.600. Esta disposición impide ejercer la potestad invalidatoria del artículo 53 de la Ley N° 19.880 en los supuestos de los numerales 5 y 6 del artículo 17, una vez resueltos los recursos administrativos y jurisdiccionales correspondientes o transcurridos los plazos legales para interponerlos.

El fallo explicó que la regla busca evitar que los mecanismos especiales de impugnación ambiental sean desplazados por una solicitud posterior de invalidación general. Agregó que esta limitación opera respecto del ejercicio de la potestad administrativa, con independencia de quién promueva la solicitud.

En el caso concreto, la Corte tuvo presente que diversos cuestionamientos técnicos al proyecto habían sido examinados mediante otro procedimiento, seguido ante el Tercer Tribunal Ambiental bajo el Rol N° 35-2021. La sentencia de ese proceso fue impugnada mediante casación en el fondo, recurso que la Corte Suprema rechazó el 29 de julio de 2024.

A juicio del máximo tribunal, incluso si se acogiera el recurso examinado, la regla de clausura impediría alcanzar un resultado distinto respecto de la invalidación de la RCA. En consecuencia, el eventual error denunciado carecería de influencia sustancial en lo resolutivo de la sentencia.

Respecto del Acuerdo de Escazú, la Corte descartó que su interpretación vulnerara el acceso a la justicia ambiental. Consideró que ese derecho se encuentra satisfecho mediante las vías y plazos previstos para que los terceros absolutos puedan impugnar una resolución de calificación ambiental.

Con estos fundamentos, la Tercera Sala rechazó el recurso de casación en el fondo y mantuvo la sentencia del Tercer Tribunal Ambiental de 28 de diciembre de 2023, sin emitir un nuevo pronunciamiento sobre el mérito técnico de los impactos ambientales cuestionados.

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