Cada mes de junio, los colores del arcoíris vuelven a ocupar espacios públicos, instituciones y redes sociales. Para algunas personas, ello representa una celebración de la diversidad; para otras, una oportunidad para recordar que la igualdad aún es una promesa incumplida. En ambos casos, el Día Internacional del Orgullo invita a detenerse y reflexionar sobre una pregunta que sigue vigente: ¿Qué significa realmente vivir en igualdad?

Durante las últimas décadas, la conversación sobre los derechos de las personas LGBTIQA+ ha cambiado. En Chile, como en muchos otros países, hemos sido testigos de importantes avances normativos que hasta hace poco parecían inalcanzables. El reconocimiento del matrimonio igualitario, el derecho a la identidad de género, el fortalecimiento de los mecanismos de protección frente a la discriminación y el progresivo reconocimiento de la diversidad familiar son parte de un proceso de ampliación de derechos que merece ser valorado.

Esos avances no surgieron espontáneamente. Son el resultado de décadas de trabajo de organizaciones sociales, activistas, instituciones públicas, la academia y, sobre todo, de miles de personas que decidieron hacer visible aquello que durante mucho tiempo se les exigió ocultar. Cada reforma legal y política pública es también la historia de vidas marcadas por la exclusión, la resistencia y la búsqueda de reconocimiento.

Sin embargo, sería un error pensar que el camino concluye con la aprobación de una ley.

El derecho cumple una función esencial: reconoce, protege y establece estándares de igualdad. Pero la experiencia demuestra que la existencia de una norma, por sí sola, no garantiza que todas las personas puedan ejercer efectivamente los derechos que ella consagra. Entre el reconocimiento jurídico y la experiencia cotidiana existe un espacio que solo puede ser llenado por instituciones capaces de actuar con respeto, sensibilidad y compromiso con los derechos humanos.

En otras palabras, tener derechos no siempre significa poder ejercerlos.

Esa distancia entre la igualdad formal y la igualdad real se manifiesta de múltiples maneras. Se encuentra en quien posterga una consulta médica por temor a ser discriminado; en la adolescente que evita hablar de su orientación sexual en la escuela por miedo al rechazo; en la persona trans que enfrenta barreras administrativas para acceder a prestaciones básicas; en quien decide no denunciar una agresión porque desconfía del trato que recibirá por parte de las instituciones.

En todos esos casos, el problema ya no radica únicamente en la ausencia de derechos, sino en la capacidad del Estado para garantizarlos de manera efectiva.

Por ello, me parece que uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo no consiste solamente en seguir ampliando el catálogo de derechos, sino en fortalecer las condiciones institucionales que permiten hacerlos realidad. El acceso a la justicia, entendido en un sentido amplio, constituye una pieza central de ese desafío.

Acceder a la justicia no significa únicamente llegar a un tribunal. Significa que todas las personas puedan encontrar instituciones que las escuchen, las protejan y respondan de manera oportuna cuando sus derechos son vulnerados. Significa que las policías, los servicios de salud, los establecimientos educacionales, los municipios y los tribunales -entre otras instituciones- actúen libres de prejuicios, comprendiendo que la igualdad exige reconocer las distintas formas en que las personas experimentan la discriminación.

Cuando una persona LGBTIQA+ enfrenta violencia o exclusión, la respuesta institucional importa. Importa la forma en que es recibida una denuncia. Importa el lenguaje utilizado por quienes prestan un servicio público. Importa que existan procedimientos claros, capacitación adecuada y una comprensión efectiva del principio de igualdad y no discriminación. Porque los derechos no se agotan en los textos legales: cobran sentido en la experiencia concreta de quienes acuden al Estado buscando protección.

Esta reflexión adquiere especial relevancia en un contexto internacional que también invita a la cautela. Durante los últimos años hemos observado cómo, en distintas democracias, han resurgido discursos que cuestionan derechos que parecían ampliamente consolidados. Restricciones dirigidas a personas trans, limitaciones al reconocimiento de la diversidad en espacios educativos y el aumento de discursos de odio recuerdan que ningún avance puede darse por definitivamente asegurado.

Precisamente por ello, el Día del Orgullo se mantiene vigente. Nos recuerda que la igualdad constituye un proceso permanente. Celebrar el orgullo no implica afirmar que todos los problemas han sido resueltos. Implica reconocer cuánto se ha avanzado gracias a quienes lucharon y siguen luchando por ampliar el espacio de la libertad y, al mismo tiempo, asumir la responsabilidad colectiva de proteger esas conquistas.

Probablemente el mayor legado del movimiento por los derechos de las personas LGBTIQA+ no sea únicamente el conjunto de reformas legales que ha impulsado, sino una enseñanza mucho más amplia para nuestras democracias: la dignidad humana no admite categorías. Los derechos no pueden depender de la orientación sexual, de la identidad o expresión de género, de la diversidad corporal, del lugar donde se vive o de la aceptación social que cada persona reciba. La igualdad pierde sentido cuando su ejercicio depende del miedo, del silencio o de la capacidad individual para enfrentar la discriminación.

Por eso, hablar de orgullo es también hablar de democracia. Es hablar de instituciones que sean capaces de proteger a todas las personas con el mismo compromiso. Es hablar de políticas públicas que reconozcan la diversidad como una realidad social y no como una excepción. Es hablar de una justicia que comprenda que la igualdad no consiste en tratar a todas las personas de la misma manera, sino en remover las barreras que dificultan el ejercicio efectivo de sus derechos.

Quizás esa sea, precisamente, la pregunta que el Orgullo sigue planteándonos: ¿qué significa realmente vivir en igualdad? No basta con reconocer derechos. Vivir en igualdad implica poder ejercerlos plenamente, con la certeza de que las instituciones responderán con respeto, protección y sin discriminación. Mientras esa siga siendo una tarea pendiente, el Orgullo continuará recordándonos que la igualdad no termina cuando una ley entra en vigor: comienza cuando todas las personas pueden vivir sus derechos con dignidad y sin miedo.