FNE pide a la Corte Suprema ratificar multa de $2.400 millones contra matriz de Oxxo

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La Fiscalía Nacional Económica (FNE) solicitó a la Corte Suprema rechazar el recurso de reclamación presentado por Cadena Comercial Andina SpA (CCA), matriz del grupo Oxxo, y confirmar la multa superior a $2.400 millones aplicada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

El caso se originó en la notificación de la operación de concentración entre Oxxo y Ok Market, realizada en 2021. Según la FNE, la empresa entregó información falsa al declarar que contaba con 40 antecedentes exigidos por la normativa, pese a que tenía en su poder al menos 60 documentos adicionales relevantes para el análisis de la operación.

El TDLC acogió el requerimiento de la Fiscalía y condenó a CCA al pago de 2.898 Unidades Tributarias Anuales (UTA), a beneficio fiscal, por infringir la norma que sanciona la entrega de información falsa en procedimientos de control de operaciones de concentración.

Durante el alegato ante la Tercera Sala del máximo tribunal, la FNE sostuvo que la entrega de información completa, fidedigna y oportuna es esencial para que el organismo pueda evaluar este tipo de operaciones dentro de los plazos acotados que establece la ley.

De acuerdo con la Fiscalía, los antecedentes omitidos abordaban aspectos sensibles para caracterizar el mercado y habrían permitido tramitar la investigación de manera más eficiente. Al no ser entregados, el organismo debió desplegar diligencias adicionales para obtener información que la empresa ya tenía disponible.

El requerimiento original de la FNE fue presentado en diciembre de 2022 y solicitaba una multa superior a $5.250 millones. El TDLC finalmente aplicó una sanción menor en noviembre de 2025, decisión que fue impugnada por CCA ante la Corte Suprema.

La causa también incluyó una acusación por incumplimiento de medidas de mitigación asociadas a la compra de Ok Market. Ese punto fue cerrado mediante una conciliación en julio de 2023, en la que la empresa reconoció el incumplimiento y se obligó a pagar $380 millones a beneficio fiscal.

Ahora, la Corte Suprema deberá resolver si mantiene o no la sanción impuesta por el TDLC por la entrega de información falsa en el proceso de notificación de la operación.

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