El Gobierno evalúa postergar la entrada en vigencia de la Ley de Protección de Datos Personales, fijada actualmente para el 1 de diciembre de 2026, debido a retrasos en la instalación de la futura Agencia de Protección de Datos Personales (APDP).
Según fuentes de La Moneda, el Ejecutivo ingresaría al Congreso una iniciativa para modificar algunos aspectos de la normativa. Una de las definiciones pendientes es si el aplazamiento alcanzará a toda la ley o solo a la puesta en marcha de la agencia.
El tema será abordado en una reunión entre el ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, aunque las conversaciones técnicas entre ambas carteras ya estarían avanzadas.
La ley, aprobada en 2024, regula el tratamiento de datos personales por parte de personas naturales, empresas y organismos públicos, y eleva los estándares de protección en línea con marcos internacionales como el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea.
Entre sus principales disposiciones, la normativa establece obligaciones para quienes traten datos personales, multas de hasta 20 mil UTM y sanciones por reincidencia en infracciones graves y gravísimas para grandes empresas. También contempla un período de gracia de 12 meses para pequeñas y medianas empresas, con partes de cortesía una vez que la regulación entre en vigencia.
La APDP será el organismo encargado de dictar normas e instrucciones, fiscalizar el cumplimiento de la ley y aplicar sanciones. Sin embargo, su instalación se ha visto afectada por el retraso en la designación de sus consejeros.
En mayo, el Senado rechazó la terna propuesta por el Presidente José Antonio Kast para integrar el Consejo Directivo de la agencia. Luego, en junio, venció el plazo legal para nombrar a los consejeros, fijado seis meses antes de la entrada en vigencia de la ley.
El proyecto que prepara el Ejecutivo también podría incluir ajustes al régimen de dedicación exclusiva de los consejeros, permitiendo una excepción durante el período previo a la entrada en vigor de la normativa.
