El Gobierno evalúa postergar hasta el 1 de diciembre de 2027 la entrada en vigencia de la Ley de Protección de Datos Personales, originalmente prevista para el 1 de diciembre de este año.

La alternativa es parte de las conversaciones que mantiene el Ejecutivo con parlamentarios, en medio de las presiones de gremios empresariales por aplazar la aplicación de la normativa ante el retraso en la instalación de la Agencia de Protección de Datos Personales (APDP).

El ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, señaló que la ley es relevante y que el Gobierno busca implementarla de la mejor forma posible. En ese sentido, afirmó que, si se requiere más tiempo, el tema será conversado con el Congreso y que en los próximos días habrá novedades.

La ley, aprobada en 2024, establece nuevas obligaciones para organismos públicos y empresas en el tratamiento de datos personales, reconoce derechos de los titulares y crea un régimen de infracciones y sanciones.

Las multas podrían fluctuar inicialmente entre 5 mil UTM y 20 mil UTM, equivalentes a cerca de $358 millones y $1.400 millones. En casos de reincidencia o agravantes, las sanciones podrían triplicarse o llegar hasta el 4% de los ingresos anuales por ventas y servicios de una empresa.

Uno de los principales puntos pendientes es la conformación de la APDP, organismo que tendrá facultades de regulación, fiscalización y sanción. La ley establecía que la agencia debía estar operativa a más tardar el 1 de junio de 2026, pero el proceso se retrasó luego de que el Senado rechazara la terna propuesta por el Ejecutivo.

Según el diseño que se evalúa, la agencia podría comenzar a funcionar el próximo 1 de diciembre, mientras que la entrada en vigencia plena de la ley se aplazaría por un año. De todos modos, el plazo aún no está completamente definido y podría ser menor si no existe respaldo suficiente en el Congreso.

El Ejecutivo también analiza ajustes para facilitar la instalación de la agencia, entre ellos aumentar el número de consejeros de tres a cinco y revisar el régimen de remuneraciones. La decisión final debería zanjarse en los próximos días y requeriría el ingreso de una ley corta al Congreso.