La industria de alimentos envasados y bebidas sigue con atención el avance del proyecto que busca incorporar una advertencia para productos “ultraprocesados”, iniciativa que se encuentra en primer trámite constitucional en la Comisión de Salud del Senado.

La propuesta busca complementar la Ley N° 20.606, conocida como Ley de Etiquetado, que obliga a informar cuando un producto es alto en calorías, azúcares, sodio o grasas saturadas. En este caso, el proyecto plantea advertir cuando un alimento contenga más de cinco ingredientes químico-industriales y prohibir su publicidad dirigida a menores de 14 años.

Desde AB Chile, gremio que agrupa a empresas del sector, han cuestionado la iniciativa por considerar que se discute sin consenso científico suficiente y que incorporaría una categoría que no cuenta con una definición internacionalmente aceptada para generar nuevas obligaciones legales.

La preocupación de la industria apunta a que la nueva denominación podría generar confusión en los consumidores y afectar los esfuerzos de reformulación realizados por las compañías para reducir nutrientes críticos y retirar sellos de advertencia de sus envases.

La autora del proyecto, la senadora María José Gatica, ha defendido la iniciativa señalando que las familias tienen derecho a conocer con mayor claridad qué contienen los productos que consumen. A su juicio, la actual Ley de Etiquetado ha sido un avance, pero no informa sobre aditivos o ingredientes de origen químico-industrial.

El debate ocurre en un contexto de alta preocupación por los niveles de obesidad en Chile. Según una publicación de la FAO citada en la discusión, el país pasó de ocupar el octavo lugar entre los países OCDE en obesidad adulta en 2016, con 25,1%, al segundo puesto, con 34,4%.

Especialistas consultados por la industria también han advertido que el término “ultraprocesado” carece de una definición científica y normativa uniforme, y que su incorporación podría ser arbitraria si no se establecen criterios técnicos claros.

La Comisión de Salud del Senado tenía previsto votar la iniciativa el 3 de agosto, pero decidió darse más tiempo para revisar el proyecto y considerar la opinión de otros ministerios. El debate continuará centrado en cómo avanzar en nuevas herramientas de información al consumidor sin generar efectos regulatorios o comerciales no previstos.