La actividad, realizada en la Universidad Austral de Chile, reunió a especialistas de distintas áreas para analizar los avances y desafíos en materia de derechos humanos, igualdad y diversidad. El encuentro contó con la colaboración de DOE: El Banco de Información de Chile y Actualidad Jurídica.
El reconocimiento del derecho al cuidado, las barreras de acceso a la justicia y las tensiones entre protección y autonomía fueron parte de los temas abordados en las IV Jornadas Australes de Derecho, Género y Diversidad, realizadas el pasado 27 de octubre en la Universidad Austral de Chile, en Valdivia.
Bajo el título “Narrativas actuales y debates contemporáneos”, el encuentro fue impulsado por el Círculo de Estudios de Derecho Internacional de los Derechos Humanos (CEDIDH), estudiantes de Derecho UACh y la Fundación Visibles Chile, con el apoyo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de esa casa de estudios.
La jornada comenzó con la conferencia inaugural de Antonia Orellana, periodista y exministra de la Mujer y la Equidad de Género, quien participó de manera virtual con la exposición “El derecho al cuidado como nuevo horizonte de igualdad”.
Durante su intervención, Orellana abordó el reconocimiento del cuidado como un derecho humano autónomo y la necesidad de avanzar hacia un sistema que permita redistribuir estas responsabilidades. En ese contexto, sostuvo que “hoy tenemos la urgencia histórica de universalizar el cuidado”, y advirtió sobre los riesgos de establecer estructuras institucionales sin financiamiento suficiente para garantizar su funcionamiento.
El primer panel, dedicado a la relación entre género, territorio y conflicto, contó con las exposiciones de Camila Mattar, Sunem Cárdenas y Fernanda Seguel, quienes abordaron la situación de las mujeres y niñas palestinas desde el derecho internacional de los derechos humanos, la defensa indígena y las desigualdades que enfrentan las mujeres en distintos contextos territoriales.
Posteriormente, el panel sobre violencia de género y acceso a la justicia reunió a la académica Yanira Zúñiga, Gabriela Manzano y Felipe Mansilla. Las intervenciones examinaron las barreras que enfrentan las mujeres en el sistema judicial, las posibilidades y límites de la justicia restaurativa y los desafíos de implementación de la Ley N.º 21.675, conocida como Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres.
Por su parte, Gabriela Manzano planteó la necesidad de revisar las respuestas penales frente a la violencia intrafamiliar, especialmente aquellas que, bajo una finalidad protectora, pueden restringir la autonomía de las víctimas. Su exposición cuestionó la prohibición absoluta de los acuerdos reparatorios y propuso discutir las posibilidades de mecanismos restaurativos bajo condiciones de seguridad y supervisión.
Durante la jornada de la tarde, Luz Reidel Wagner, de Corporación Miles, analizó las tensiones entre el secreto profesional médico y el deber de denuncia en casos de aborto. La especialista presentó antecedentes de una investigación que examinó 391 causas judiciales entre 2012 y 2022, y sostuvo que al menos un 19,6% de los casos analizados llegó a la justicia por denuncias del personal de salud.
En ese contexto, enfatizó que “pedir atención médica no debiera ser jamás una forma de autoincriminarse”, y advirtió sobre las consecuencias que puede tener la persecución penal en el acceso a prestaciones de salud.
El tercer panel también contó con las intervenciones de Constanza Valdés, quien examinó el reconocimiento jurídico de la identidad de género en niños, niñas y adolescentes, y Constanza Montt, quien abordó las restricciones a la autonomía de las personas con discapacidad psicosocial.
Esta última sostuvo que “proteger no debería significar decidir por alguien”, y destacó la necesidad de garantizar apoyos efectivos para que las personas puedan ejercer sus derechos y tomar decisiones sobre sus propios proyectos de vida.
Finalmente, el cuarto panel reunió a Leticia Morales, Catalina Velásquez y Mary Elisa Ferrell. Las exposiciones abordaron los derechos de las personas usuarias de servicios de salud mental, los desafíos de la divulgación histórica en redes sociales y las tensiones entre la disminución de la natalidad y la flexibilidad laboral.
En su intervención, Catalina Velásquez advirtió que “la historia no debería quedar en manos exclusivas del algoritmo”, y destacó la importancia de promover herramientas que permitan identificar la desinformación y los discursos de odio en los espacios digitales.
Las jornadas concluyeron con un espacio de reflexión sobre los desafíos pendientes para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos y la importancia de mantener instancias de discusión jurídica abiertas a la comunidad.







