Las cifras llaman la atención. En apenas cinco años, los ingresos a los Juzgados de Letras del Trabajo pasaron de 35.450 causas a más de 112.000. Solo las demandas por despido injustificado crecieron un 262% y hoy representan cerca del 60% de todos los procesos laborales que ingresan al sistema. La explicación inmediata suele apuntar a las recientes reformas laborales o al mayor conocimiento de los derechos por parte de los trabajadores. Sin embargo, el problema parece ser más profundo y la respuesta no siempre es la más simple.

El fenómeno, además, no es exclusivamente chileno. Otros ordenamientos jurídicos también experimentan un aumento sostenido de la litigiosidad en materia laboral. España y Argentina, por ejemplo, también enfrentan una creciente congestión de sus juzgados laborales, con importantes demoras para la realización de audiencias y la dictación de sentencias. Ello demuestra que el incremento de los conflictos judiciales constituye una tendencia que trasciende nuestras fronteras y obliga a repensar el funcionamiento de la justicia laboral.

En Chile, es innegable que durante los últimos años se han incrementado significativamente las obligaciones que pesan sobre los empleadores. La Ley Karin, la reducción de la jornada a 40 horas, las normas sobre conciliación de la vida laboral, familiar y personal, la reforma previsional y diversas modificaciones reglamentarias han elevado los estándares de cumplimiento y complejizado la gestión de las relaciones laborales. A ello se sumará, además, la próxima entrada en vigencia del nuevo régimen de protección de datos personales, que impondrá exigencias mucho más estrictas respecto del tratamiento de la información de los trabajadores. Sin duda, es un avance y un cambio de paradigma necesario a nivel país, pero también abrirá nuevos espacios de controversia jurídica y exigirá a las empresas adaptar sus procesos internos para evitar incumplimientos.

Frente a este escenario, la discusión pública suele concentrarse en una única respuesta: aumentar el número de jueces y crear nuevos tribunales. Sin duda, ello resulta necesario. Sin embargo, la contingencia reciente demostró que el problema es bastante más amplio.

Un caso que puede ser ilustrativo es el colapso de la Oficina Judicial Virtual, provocado por el ingreso automatizado de más de 38.000 escritos mediante una herramienta de inteligencia artificial, dejó en evidencia una realidad que probablemente seguirá repitiéndose, la litigación está cambiando mucho más rápido que la infraestructura tecnológica del Poder Judicial. Más allá de las responsabilidades específicas de ese episodio, lo ocurrido demuestra que la administración de justicia enfrenta un desafío completamente distinto al que existía hace apenas algunos años.

La utilización de herramientas de inteligencia artificial por parte de abogados y estudios jurídicos continuará expandiéndose. Automatizar escritos, gestionar grandes volúmenes de información o apoyar tareas repetitivas forma parte de la evolución natural del ejercicio profesional. La respuesta, por tanto, no debería consistir en prohibir estas tecnologías ni en limitar su utilización, sino en establecer reglas claras para su uso e invertir decididamente en plataformas capaces de soportar una litigación cada vez más digitalizada.

En otras palabras, el desafío ya no consiste únicamente en administrar más causas, sino en administrar una forma distinta de litigar. Si la productividad de quienes participan en los procesos aumenta considerablemente gracias a nuevas herramientas tecnológicas, el sistema judicial también debe incrementar su capacidad para recibir, procesar y resolver esa información de manera eficiente. De lo contrario, la innovación terminará tensionando aún más una infraestructura que ya presenta importantes signos de saturación.

Por ello, el debate no debiera limitarse a fortalecer los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, aunque ciertamente son necesarios. También debe incorporar una verdadera política de modernización tecnológica del Poder Judicial. La Oficina Judicial Virtual, los sistemas de tramitación electrónica y las plataformas internas requieren una actualización permanente que les permita responder a las exigencias de una justicia completamente digital.

La discusión sobre inteligencia artificial en la justicia suele centrarse en los riesgos de su utilización. Sin embargo, tan importante como regular estas herramientas es asegurar que las instituciones públicas sean capaces de convivir con ellas. Un sistema judicial tecnológicamente rezagado difícilmente podrá responder con eficacia a una litigación cada vez más sofisticada.

Chile todavía está a tiempo de anticiparse a este desafío. La transformación digital del Poder Judicial ya no puede entenderse como un proyecto de modernización administrativa, sino como una condición indispensable para garantizar una justicia laboral rápida, eficiente y accesible. Si el incremento de la litigiosidad continuará siendo parte de la realidad de los próximos años, el verdadero debate no debería ser únicamente cuántos jueces hacen falta, sino también si contamos con un sistema tecnológico capaz de sostener la justicia que el país necesitará durante los próximos años.