La indignidad sucesoria antes de la muerte del causante en el proyecto de ley sobre responsabilidad parental: una innovación que merece atención

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El proyecto de ley sobre responsabilidad parental (Boletín N.º 18.378-18) contempla una modificación de especial interés para el Derecho sucesorio chileno: incorporar una nueva causal de indignidad para suceder, fundada en el incumplimiento reiterado de los deberes de guía y orientación de los padres respecto de sus hijos.

La iniciativa propone que el progenitor sancionado judicialmente por dicho incumplimiento, cuando afecte gravemente el interés superior del hijo, pueda ser considerado indigno de sucederle. Las indicaciones presidenciales precisan, además, que el tribunal de familia podrá declarar esa indignidad en el marco del procedimiento especial de responsabilidad parental.

La verdadera innovación, sin embargo, no radica únicamente en establecer una nueva causal de indignidad, sino en que esta podría ser declarada judicialmente antes del fallecimiento del causante.

Se trata de una cuestión especialmente relevante para nuestro sistema sucesorio. Conforme a sus principios tradicionales, la sucesión se abre con la muerte del causante y, mientras ello no ocurra, los eventuales asignatarios no tienen derechos hereditarios adquiridos, sino meras expectativas. Esta concepción se relaciona estrechamente con la prohibición general de los pactos sobre sucesión futura, consagrada en el artículo 1463 del Código Civil.

La propuesta no establece propiamente un pacto sucesorio, pero sí introduce una declaración judicial anticipada respecto de la aptitud de una persona para suceder a otra que todavía vive. De esta manera, la indignidad deja de ser exclusivamente una institución que se hace valer una vez abierta la sucesión, como ocurre en términos generales conforme al artículo 974 del Código Civil.

Surge entonces una interrogante fundamental: ¿qué naturaleza tiene una sentencia que declara la indignidad cuando todavía no existe una sucesión abierta? Una posibilidad es entender que establece anticipadamente una inhabilidad sucesoria, cuyos efectos solo podrán concretarse cuando fallezca el causante. En cualquier caso, la reforma obliga a revisar la relación entre la declaración judicial de indignidad y la apertura de la sucesión.

Una segunda cuestión se relaciona con el perdón de la indignidad. El artículo 973 del Código Civil impide alegar las causas de indignidad contra disposiciones testamentarias posteriores a los hechos que las producen. Pero ¿qué ocurriría si el hijo, una vez alcanzada la mayoría de edad, decide beneficiar testamentariamente al padre o madre cuya indignidad ya fue declarada por un tribunal de familia? ¿Puede su voluntad posterior neutralizar los efectos sucesorios de esa sentencia? La respuesta requiere armonizar la nueva regulación con las reglas generales del Código Civil y precisar los alcances del denominado perdón testamentario.

Finalmente, debe examinarse la relación entre indignidad y desheredamiento. El artículo 1208 permite desheredar a los ascendientes por determinadas causales, entre ellas la injuria grave contra el testador. Sin embargo, el incumplimiento de los deberes parentales que configura la nueva indignidad no constituye necesariamente una injuria grave. Por ello, una sentencia que declare la indignidad no equivale, por sí sola, a la configuración de una causal de desheredamiento, aunque ambas instituciones puedan concurrir cuando los hechos satisfagan sus respectivos requisitos.

La reforma plantea, por tanto, cuestiones que van mucho más allá del establecimiento de una sanción frente al incumplimiento de los deberes parentales. Supone anticipar una declaración de indignidad respecto de una sucesión todavía inexistente, lo que exige resolver sus efectos, su eventual perdón y su coordinación con las instituciones tradicionales del Derecho sucesorio.

La protección de los hijos frente a incumplimientos graves de los deberes parentales constituye el fundamento de la propuesta. Su adecuada incorporación al sistema sucesorio requiere, sin embargo, una regulación precisa que permita conciliar esa finalidad con los principios que históricamente han estructurado la transmisión hereditaria.

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