El subsecretario de Justicia, Luis Silva, anunció por la prensa, cambios para fortalecer el régimen penitenciario, en particular el de máxima seguridad, con más control, trazabilidad y reglas más estrictas para quienes representan una amenaza mayor. Declaraciones de este tipo, que se multiplican en la agenda actual del gobierno, obligan a preguntarse cómo se gesta realmente la política pública penitenciaria en Chile.
La prensa de los últimos años, tanto bajo el gobierno de Gabriel Boric como en los primeros meses de la administración de José Antonio Kast, ofrece un retrato nítido de ese proceso. No surge de un diagnóstico sereno, de evaluaciones sistemáticas ni de un horizonte de largo plazo centrado en la reinserción social. Se construye, una y otra vez, como respuesta reactiva a la crisis de hacinamiento, a la presión mediática y al cálculo electoral. Contrastado con lo que sostiene la literatura especializada, el diagnóstico resulta alarmante pues hoy seguimos atrapados en un ciclo de equilibrios interrumpidos por crisis puntuales, que no transforma el modelo, sino que lo administra en permanente emergencia.
Bajo Boric se formuló el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria, se reconvirtió Punta Peuco en un penal común y se elaboraron documentos de reinserción. Todo ello se presentó como avance. Sin embargo, la población penal creció de manera acelerada y la brecha entre plazas e internos se profundizó. El Plan Maestro no fue una ruptura solo mantuvo una continuidad de iniciativas anteriores, ratificación del modelo de concesiones y reacción a un shock de sobrepoblación. Ahora el gobierno de Kast retoma ese mismo plan, lo reordena, lo acelera mediante construcción modular y le suma un acento de máxima seguridad y aislamiento casi total. La lógica no cambia, seguimos en una escalada de encarcelamiento masivo, con más plazas, más control, más discurso de mano dura. La reinserción aparece como componente secundario o declarativo.
Lo más grave es que esta forma de hacer política carece del instrumento que, en cualquier democracia seria, le otorga legitimidad formal: la ley. En Chile llevamos décadas esperando una ley de ejecución penal que ordene derechos, deberes, finalidades del sistema y mecanismos de control. Sucesivos gobiernos lo prometieron y ninguno lo cumplió. El único que ni siquiera lo prometió —y por eso resulta aún más cuestionable— es el de José Antonio Kast. Sin ese marco legal, la política penitenciaria permanece librada a decretos, planes maestros, reglamentos de 1998 y anuncios de coyuntura, es decir, a la discrecionalidad del Ejecutivo de turno. Esa ausencia no es un detalle técnico, es en la realidad un déficit democrático.
La literatura especializada —desde la teoría del equilibrio interrumpido hasta los análisis sobre populismo punitivo y modelos híbridos de política criminal— explica con claridad este patrón. Los periodos de inercia se quiebran solo cuando la crisis se vuelve mediáticamente insoportable. Entonces el sistema reacciona con medidas de infraestructura y endurecimiento, sin una evaluación rigurosa de qué reduce efectivamente la reincidencia ni una articulación intersectorial sostenida. El resultado es un modelo predominantemente securitario, donde la cárcel sigue siendo la respuesta prioritaria pese a la evidencia de que profundiza trayectorias delictivas y consolida códigos y jerarquías carcelarias.
Como investigador, veo en esta dinámica no solo un problema técnico, sino un riesgo democrático. Mientras la política se gesta al ritmo de las Cuentas Públicas, las agendas de seguridad y los titulares, se posterga la generación de una política penitenciaria integral, basada en evidencia, con metas verificables de reinserción, con gobernanza profesional y, sobre todo, con un marco legal que le dé estabilidad y legitimidad más allá de los cambios de gobierno. Ampliar plazas es necesario; convertirlo en el único eje de la política es miope. Aislar a los más peligrosos puede ser una herramienta, pero convertirlo en el relato central sin acompañarlo de prevención primaria y de tratamiento especializado es incompleto.
Chile no puede seguir improvisando su sistema carcelario cada vez que la ocupación roza el 150 % (hoy alcanza 148,7 % a nivel de sistema y se supera ese umbral en buena parte de las cárceles de regiones como Atacama o el Maule donde se alza al 190 %) o cuando el crimen organizado se vuelve noticia de portada. La continuidad intergubernamental en materia de infraestructura demuestra que existe capacidad de planificación cuando la crisis lo exige. Falta la voluntad de sostener esa planificación más allá de la coyuntura y de dotarla, por fin, de una ley de ejecución penal. Mientras eso no ocurra, seguiremos administrando la emergencia y llamándola política pública.
