La nueva ley concede, por una sola vez, un bono extraordinario de apoyo a la niñez de $30.000 por cada causante. El beneficio considera a niños y niñas de hasta 13 años que cumplan los requisitos establecidos en la normativa.
La Ley N° 21.840, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, fue publicada en el Diario Oficial el 4 de septiembre del mismo año. La norma establece un bono extraordinario de apoyo a la niñez, de cargo fiscal y otorgado por una sola vez.
El beneficio asciende a $30.000 por cada niño o niña causante. La ley dispone, además, que el bono no constituye remuneración ni renta para ningún efecto legal, por lo que no será imponible ni tributable. Tampoco estará afecto a descuentos, será inembargable y no podrá ser objeto de retención o compensación por instituciones públicas o privadas.
La normativa busca entregar el beneficio respecto de niños y niñas que, al 1 de junio de 2026, tengan hasta 13 años y pertenezcan al 80% de los hogares más vulnerables de la población nacional, según el Registro Social de Hogares o el instrumento que lo reemplace.
La ley también incorpora a los niños y niñas nacidos entre el 2 de junio de 2026 y el 15 de marzo de 2027. En estos casos, se exige que su madre haya integrado, al 1 de junio de 2026, un hogar perteneciente al 80% más vulnerable conforme al Registro Social de Hogares. Cada causante genera derecho a un solo bono.
La regulación establece un orden para determinar al beneficiario. Si el niño o niña era causante al 1 de junio de 2026 del Subsidio Familiar, de la Asignación Familiar y Maternal o del subsidio del artículo 35 de la Ley N° 20.255, recibirá el bono quien tenga derecho a percibir la respectiva prestación.
Cuando el niño o niña integre una familia usuaria del subsistema Seguridades y Oportunidades, será beneficiaria la persona que reciba las transferencias monetarias previstas en la Ley N° 20.595. Si no concurre ninguna de esas situaciones, corresponderá el bono al jefe o jefa de hogar.
La Ley N° 21.840 contempla una regla particular para niños y niñas de hasta 13 años sometidos a cuidado alternativo familiar mediante las modalidades reguladas en la Ley N° 21.302. En esos casos, será beneficiaria la persona que ejerza legalmente su cuidado en la modalidad correspondiente al 1 de junio de 2026, siempre que mantenga esa calidad al elaborarse la nómina.
Para estos causantes no se exigirá el requisito de pertenecer al 80% de los hogares más vulnerables. El Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia deberá proporcionar a la Subsecretaría de Evaluación Social la información necesaria para identificar al beneficiario y comprobar los requisitos.
Respecto de los niños y niñas nacidos entre el 2 de junio de 2026 y el 15 de marzo de 2027, la ley establece otra regla específica, solo podrá ser beneficiaria la madre consignada como tal en la respectiva inscripción de nacimiento ante el Servicio de Registro Civil e Identificación.
El artículo 4 fija el monto en $30.000 por cada causante. La Subsecretaría de Evaluación Social deberá determinar las nóminas correspondientes utilizando la información disponible en el Registro Social de Hogares y los demás registros administrativos necesarios para verificar el cumplimiento de los requisitos.
La Subsecretaría podrá requerir a otros órganos de la Administración del Estado la información estrictamente necesaria para determinar la procedencia del bono, evitar pagos duplicados y prevenir errores de inclusión. Los organismos requeridos deberán entregar esos antecedentes dentro de cinco días hábiles desde la recepción del requerimiento, mediante medios electrónicos, seguros e interoperables.
El Instituto de Previsión Social efectuará el pago en una sola cuota y podrá utilizar los medios de pago de beneficios de que disponga, procurando priorizar modalidades electrónicas y trazables. El bono deberá cobrarse dentro de un plazo máximo de nueve meses contado desde la emisión del pago.
Para los causantes nacidos entre el 2 de junio de 2026 y el 15 de marzo de 2027, el pago se realizará después del 15 de marzo de 2027, una vez confeccionada la nómina respectiva.
La Superintendencia de Seguridad Social tendrá a su cargo la supervigilancia y fiscalización del otorgamiento y pago del bono. Además, deberá interpretar la Ley N° 21.840 y dictar las normas necesarias para su aplicación.
Los reclamos relacionados con el beneficio serán conocidos y resueltos por el Instituto de Previsión Social. El plazo para reclamar por el no otorgamiento será de 15 meses contado desde la publicación de la ley.
Cuando la controversia se relacione con la composición del hogar, la Calificación Socioeconómica o los antecedentes del Registro Social de Hogares, el IPS deberá solicitar un informe a la Subsecretaría de Evaluación Social antes de resolver.
La ley también regula los casos en que una persona obtenga indebidamente el bono mediante ocultamiento de datos, entrega de antecedentes falsos u otra maquinación fraudulenta destinada a conseguir el beneficio sin tener derecho a él.
En esas circunstancias, la norma remite a la sanción contemplada en el número 19 del artículo 494 del Código Penal. Además, el infractor deberá restituir las sumas indebidamente percibidas, reajustadas conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor y con un interés mensual del 1%.







