Parlamentarios de oposición presentaron tres requerimientos ante el Tribunal Constitucional (TC) para impugnar normas contenidas en el proyecto de reconstrucción y reactivación nacional, por considerar que podrían establecer privilegios injustificados en favor de grandes inversionistas.

Las acciones fueron patrocinadas por diputados del PS, PPD, DC, Frente Amplio, Partido Liberal y Partido Comunista, con un total de 59 firmas en la Cámara. En el Senado, los requerimientos fueron respaldados por 23 parlamentarios de oposición.

Uno de los principales cuestionamientos apunta al mecanismo de invariabilidad tributaria incorporado en la iniciativa, que permitiría fijar tasas de impuestos para inversionistas de alto patrimonio por períodos de hasta 20 años.

Según los legisladores, esta fórmula podría afectar el principio democrático y la alternancia en el poder, al limitar la capacidad de futuras mayorías políticas para modificar la carga tributaria aplicable a determinadas empresas.

También cuestionaron el umbral de US$ 50 millones exigido para acceder al beneficio, argumentando que podría generar una discriminación arbitraria entre competidores de un mismo sector económico, al permitir que empresas con igual renta enfrenten regímenes tributarios distintos según su nivel de inversión.

Otro punto objetado es el mecanismo de resolución de controversias entre el Estado y los inversionistas, que contempla mediaciones y arbitrajes. Los parlamentarios sostienen que delegar condiciones esenciales del arbitraje en un reglamento del Ministerio de Hacienda podría vulnerar la reserva legal y afectar la imparcialidad del procedimiento.

Los requerimientos también impugnan normas vinculadas a las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), por estimar que entregarían un tratamiento preferente a los titulares de permisos ambientales. Según los parlamentarios, algunas disposiciones podrían limitar la posibilidad de que terceros reclamen frente a proyectos con impacto ambiental y restringir la capacidad de los tribunales para decretar medidas de protección durante la tramitación de causas.

Además, los legisladores advirtieron que parte de estas normas podría afectar derechos de pueblos indígenas. Ahora, el Tribunal Constitucional deberá revisar la admisibilidad de los requerimientos y, en caso de acogerlos a trámite, pronunciarse sobre el fondo de las impugnaciones.