El Primer Tribunal Ambiental realizará este miércoles una audiencia para revisar las reclamaciones presentadas por dos sindicatos contra la aprobación ambiental del proyecto “Modificaciones Operacionales en Planta Concentradora Laguna Seca y Nueva Línea Eléctrica Asociada”, de Minera Escondida, operación de BHP.
La iniciativa contempla una inversión de US$ 2.351 millones y una vida útil de 25 años. Las acciones judiciales fueron interpuestas por el Sindicato N° 1 de Trabajadores de Minera Escondida y el Sindicato Interempresa de Trabajadores de Servicios, que buscan dejar sin efecto su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a que el proyecto fue evaluado mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), cuando, a juicio de los sindicatos, correspondía ingresar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por los eventuales riesgos para la salud de los trabajadores asociados a las emisiones de material particulado respirable PM10.
En sus reclamaciones, las organizaciones sostienen que los registros de monitoreo de los campamentos Villa San Lorenzo, 5.400 y Villa Cerro Alegre evidencian concentraciones anuales de PM10 de 162, 154 y 92 microgramos por metro cúbico durante 2024, respectivamente. Estas cifras superarían el valor de referencia de 50 microgramos por metro cúbico utilizado en la presentación judicial.
Los sindicatos también cuestionan que los campamentos sean considerados exclusivamente espacios laborales sujetos a normativa sanitaria ocupacional. Argumentan que, al tratarse de lugares de residencia y descanso, corresponde aplicar las normas primarias de calidad ambiental destinadas a proteger la salud de la población.
Por su parte, la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) rechazó el 28 de abril de 2026 la reclamación administrativa, al considerar que las normas primarias de calidad ambiental no resultaban exigibles en los pabellones y áreas de descanso evaluados. El organismo también sostuvo que las observaciones ciudadanas habían sido debidamente abordadas durante la evaluación.
Ambas reclamaciones judiciales fueron admitidas a tramitación y acumuladas por presentar fundamentos similares. Durante la audiencia, los intervinientes expondrán sus argumentos jurídicos y técnicos ante el tribunal, que deberá resolver posteriormente si corresponde mantener o dejar sin efecto la aprobación ambiental del proyecto.






