El Congreso retomará esta semana su actividad legislativa con una agenda marcada por proyectos vinculados a seguridad, crimen organizado, migración e inteligencia económica.
El foco estará puesto en iniciativas incluidas en la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), presentada por el Ejecutivo y que contempla la tramitación de más de 20 proyectos de ley actualmente en el Congreso.
Uno de los primeros debates será en la comisión mixta encargada de resolver las diferencias entre ambas cámaras sobre el proyecto que modifica la Ley N°21.325 para perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa de migrantes.
En la Cámara de Diputados, en tanto, continuará la tramitación del proyecto que modifica el Código Procesal Penal y la Ley N°19.970, que crea el sistema nacional de registros de ADN, con el objetivo de agilizar investigaciones penales.
Durante la semana también seguirá el debate del proyecto sobre infraestructura crítica en la Comisión de Defensa del Senado, además de la ley corta de seguridad municipal en la Comisión de Gobierno de la misma corporación.
Otra de las materias en revisión será el proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, cuya comisión mixta busca resolver divergencias entre la Cámara y el Senado. La iniciativa apunta a establecer medidas de prevención y alerta frente a actividades vinculadas al crimen organizado.
En paralelo, la reforma constitucional en materia de seguridad quedará en pausa, debido a la falta de acuerdos políticos para avanzar en su despacho. La propuesta busca incorporar la seguridad pública como deber del Estado y contempla medidas como un registro de organizaciones criminales y terroristas.
La Comisión de Constitución del Senado también postergará la revisión de modificaciones al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, ya que concentrará parte de su trabajo en nombramientos pendientes en otras instituciones.
Con ello, la agenda de seguridad continuará principalmente en comisiones y mixtas, mientras el Ejecutivo busca avanzar en proyectos priorizados tras el despacho de la iniciativa que amplía la hipótesis de flagrancia.
