En el escenario actual de la discusión nacional puede parecer contraintuitivo plantear la necesidad de aumentar impuestos. El gobierno del Presidente Kast ha presentado un proyecto de ley que busca precisamente lo contrario: reducción de ciertos impuestos con el objeto de propiciar un mejor escenario para la inversión de grandes proyectos en el país.

Sin embargo, si se dieran los resultados que dicho proyecto de ley describe, resulta pertinente  poner atención especial respecto de los compromisos climáticos y ambientales que el país se ha propuesto. En tal sentido, un reforzamiento del “impuesto verde” de la Ley N°20.780 puede ser una pieza clave en equilibrar los objetivos de aumentar el crecimiento económico y la protección ambiental del país. De hecho, el mismo Presidente Kast ha remarcado esta “necesidad de “ser un país desarrollado” indicando que “eso no es contradictorio con “cuidar el medioambiente, a las mujeres, la cultura, la flora y la fauna”^[1].

El argumento central de esta columna es sencillo: los efectos de la reforma legal buscarán propiciar mayores inversiones en el país permitiendo que más proyectos se puedan desarrollar, lo que aumentará las probabilidades de un mayor nivel de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) afectando la trayectoria del país para alcanzar la carbono neutralidad al 2050. Un impuesto verde reforzado, esto es, un impuesto más alto o que abarque más actividades generadoras de GEI, pondrá un incentivo complementario no solo centrado en “desarrollar proyectos”, sino que tales proyectos busquen mecanismos para bajar lo que paguen por el impuesto verde, es decir, emitir menos.

A continuación se planteará el detalle:

Si se aprueba el proyecto de ley, ¿qué efectos tendrán lugar?

El mismo mensaje del proyecto de ley proyecta: “una creación de cerca de 180 mil empleos, impulsada por la reactivación de sectores paralizados”. En materia tributaria plantea que “es imperativo fomentar que la inversión en empresas chilenas sea igual o más favorable que la inversión en empresas extranjeras.” Para lograrlo, propone reducir gradualmente la tasa de impuesto de primera categoría, tanto para las grandes empresas como para pequeñas y medianas empresas; proponeun régimen de invariabilidad tributaria por 25 años, aplicable tanto para inversionistas locales como extranjeros que inviertan montos superiores a 50 millones de dólares en el país. Con ésta y otras medidas, el proyecto de ley asegura que “Chile volverá a ser un polo atractivo de inversión, fomentando el ingreso de capitales al país y generando empleo”.

En la arista ambiental, el texto propuesto por el gobierno propone un procedimiento especial de evaluación ambiental de los proyectos que ingresan al SEIA para reducir los tiempos de tramitación; elimina el guarismo de capacidad instalada respecto de la generación de las centrales y plantas de energía eléctrica como requisito para ingresar al SEIA (actualmente ingresan cuando son mayores a 3 MW) con el objeto que se defina a nivel reglamentario, según tipo de energía; también propone un mecanismo de restitución de gastos en los que incurran los titulares de RCA aprobadas dado que el gobierno considera que ello “permitirá que los titulares de proyectos puedan ejecutar las obras autorizadas sin necesidad de esperar años de litigación judicial”; y reforma en materia las vías de impugnación contra ciertos proyectos aprobados en el SEIA.

En otras materias vinculadas, el proyecto de ley propone “imponer plazos fatales al Consejo de Monumentos Nacionales (“CMN”), el cual dispondrá de veinte días corridos para pronunciarse sobre un hallazgo tras el cual, si no hay respuesta, el interesado podrá continuar sus faenas” y se introduce la figura de «intervenciones menores«, que permitiría ejecutar obras de bajo impacto mediante un aviso electrónico con aprobación automática, eliminando la necesidad de autorizaciones previas. Es más, sobre este punto el mensaje plantea que “Esta medida busca combatir la paralización de obras críticas por hallazgos arqueológicos que muchas veces no se justifican atendidas las características de estos (…) facilitando tanto la inversión privada como el desarrollo de infraestructura pública.”

Con todas las medidas propuestas se construirá una “arquitectura normativa armónica que busca recuperar la capacidad del país para generar oportunidades, atraer inversión, crear empleo, fortalecer la responsabilidad fiscal y devolver certezas a quienes emprenden, trabajan e invierten, así como esperanza a las familias”.

De acuerdo a la lectura del proyecto, queda claro que las medidas pretenden generar incentivos y las confianzas necesarias para emprender en proyectos de diversa índole, generando un mayor crecimiento económico, más empleo y de esa manera potenciar al país.

Si todo lo anterior efectivamente ocurriera ¿Qué tipo de proyectos se incentivarán?

De verificarse lo planteado en el proyecto de ley se debería potenciar la actividad económica nacional. Es altamente probable que los sectores económicos que históricamente han abarcado relevantes porcentajes de la conformación del producto interno bruto del país puedan verse beneficiados para desarrollar sus proyectos. Dentro de esos sectores se encuentran la minería, industria manufacturera y el energético que representan un porcentaje relevante del PIB chileno, según datos del Banco Central^[2].

Si se revisa la participación de cada sector en las emisiones de GEI totales del país, el sector Energía representó un 76 %, seguido del sector Agricultura (8 %), del sector Residuos (8 %), y finalmente del sector IPPU (Procesos Industriales y Uso de Productos alcanzó 7 %), según los datos del sistema nacional de inventarios de gases de efecto invernadero al 2022. Con estos datos se aprecia que los sectores económicos relevantes de nuestro país, tienen un rol de iguales características en la emisión de GEI.

Si bien en la disciplina de la economía a nivel mundial, hay discusión sobre la relación positiva entre crecimiento económico y mayores niveles de emisiones de GEI (vinculada a la curva de Kuznets), el sistema económico de Chile se caracteriza por ser una de las “economías más intensivas en el uso de recursos lo que refleja el papel clave que desempeñan la extracción y la fundición de cobre, la agricultura, la silvicultura y la pesca. La contaminación atmosférica continúa elevada, sobre todo en las grandes zonas urbanas e industriales”^[3].

En el mismo sentido, el Centro de Políticas Públicas de la Universidad de Desarrollo publicó el año 2016 un estudio titulado “Crecimiento Económico y contaminación” donde se explica que en el caso chileno, la relación entre emisiones y desarrollo es todavía positiva, lo que significa que más crecimiento económico está asociado con más emisiones contaminantes al aire^[4]. Otros análisis han proyectado que el desacople entre la curva de crecimiento económico y emisiones de GEI es menor: Con un incremento del 1% en el crecimiento económico, la urbanización, la industrialización y el turismo aumentará las emisiones de CO₂ de Chile en un 0,62%, 0,24%, 0,15% y 0,1%, respectivamente^[5]. Por otro lado, las estimaciones de largo plazo demuestran que, si el PIB per cápita sube 1%, las emisiones de CO2 per cápita apenas disminuyen  0,07%^[6]. Con algunas diferencias, la tendencia mundial es similar: “el PIB mundial creció a un ritmo del 3,5% anual entre 1960 y 2014, mientras que las emisiones de CO₂ crecieron a un ritmo promedio del 2,5% anual; es decir, a nivel global existe un desacoplamiento relativo, pero no absoluto”^[7].

Podría objetarse que una tramitación ambiental más expedita también aceleraría proyectos de energías renovables (solar y eólica), de modo que el efecto sobre las emisiones no sería necesariamente positivo. La objeción es atendible, pero no desactiva el argumento por tres razones. Primero, las medidas del proyecto no discriminan a favor de tecnologías limpias, sino que agilizan por igual la inversión en minería, fundición, industria manufacturera y procesos industriales (IPPU), sectores que, a diferencia de la generación eléctrica, no cuentan con un sustituto renovable inmediato y que, por su naturaleza, seguirán emitiendo aunque la matriz eléctrica se descarbonice. Segundo, el compromiso de Chile es un presupuesto de carbono acumulado (no más de 1.100 MtCO₂e entre 2020 y 2030)^[8] por lo que aun cuando la red se vuelva más limpia, un mayor volumen de actividad económica intensiva puede agotar más rápido ese presupuesto fijo. Además, la evidencia disponible para Chile, en parte citada más arriba, muestra que la economía todavía presenta un acoplamiento positivo entre crecimiento y emisiones, por lo que más actividad sigue traduciéndose en más emisiones. En consecuencia, el punto no es que cada proyecto nuevo contamine más, sino que un estímulo transversal a la inversión, aplicado a una economía aún intensiva en recursos, eleva la probabilidad y la magnitud de emisiones adicionales que presionan un presupuesto de carbono limitado. Es precisamente esa incertidumbre la que justifica un contrapeso como el que se puede lograr con un impuesto verde reforzado.

Estos datos permiten proyectar una conclusión: de verificarse lo prometido en la propuesta de ley, puede considerarse como altamente probable que se desarrollarán proyectos que traigan aparejado el riesgo de incrementar la generación de emisiones de GEI, lo que a su vez afectará las metas climáticas del país. En efecto, la ciencia ha confirmado que “si el crecimiento económico se acompaña de un aumento en el uso de recursos y las emisiones, podría poner en peligro las posibilidades de alcanzar los objetivos de transformación hacia la sostenibilidad”^[9].

¿Cómo compensar un probable aumento de emisiones con las metas de carbono neutralidad?

La ministra de medio ambiente ha declarado que “El crecimiento económico, la seguridad jurídica y la sustentabilidad son una misma agenda”^[10]. En el mismo sentido, el Presidente Kast, como se citó más arriba.

Se ha dado un primer paso: el Estado  -de aprobarse la reforma del gobierno- está dispuesto a reducir impuestos para generar más inversión en proyectos que probablemente generarán más GEI. Por tanto, falta el segundo paso: el mismo Estado busca mecanismos que compensen ese aumento de GEI.

Ese segundo paso puede traducirse en un impuesto verde reforzado. Recordemos que la reforma tributaria del año 2014 creó en Chile el denominado impuesto verde, que básicamente cobra 5 dólares por tonelada de CO2 a ciertos establecimientos industriales que emitan más de 25.000 toneladas de CO2 o más de 100 toneladas de material particulado. Las emisiones de SO2, NOx y material particulado también se gravan a estos mismos establecimientos, pero la forma de cálculo considera otras variables definidas en la ley.

Por tanto, un impuesto verde reforzado podría traducirse en: aumentar la tasa hoy de 5 dólares por tonelada de CO2 o incrementar las variables para las emisiones de SO2, NOx y material particulado; así como reformar la ley para que no sólo los establecimientos que emitan más de 25.000 toneladas de CO2 o más de 100 toneladas de material particulado queden gravadas con este impuesto. Cabe señalar que también se han propuesto otras modificaciones cuyo objeto es corregir incongruencias derivadas de la exclusión de este impuesto en la determinación del costo marginal instantáneo de energía^[11], por lo que se ha planteado la necesidad de eliminar esta exclusión.

¿Qué efectos genera un impuesto verde reforzado?

Los efectos de un impuesto verde reforzado van más allá de un afán meramente recaudatorio.  En la perspectiva económica, hace ya varias décadas, se viene planteando que si el ambiente es el proveedor de la materia prima que se utiliza para múltiples actividades económicas, debería ser incluido como un elemento importante en las teorías económicas actuales^[12],^[13]. Además, la contaminación representa un costo no asumido por los establecimientos emisores: descargar contaminantes al entorno es un costo que es evitado por el emisor y que generalmente es asumido por la sociedad cuando no se da una compensación por parte del agente emisor (lo que se conoce como externalidad negativa)^[14]. Se ha planteado que “El ejemplo típico de la externalidad negativa es el menoscabo en la salud de los habitantes de una comunidad por la contaminación del humo de las chimeneas de las fábricas. En ambos casos, el problema es que los efectos de las externalidades no se ven reflejados en el sistema de precios. Siguiendo el ejemplo, el costo que eroga la comunidad en atender a los enfermos por el humo de la fábrica, no es asumido por el contaminador y esto significa que existe un costo individual del producto y un costo oculto que es transferido a la sociedad quien deberá solventarlo a través de sus sistemas de salud pública.”^[15]

Por tanto, un impuesto verde no se reduce sólo a buscar más recaudación para el fisco como cualquier otro impuesto. Su principal objetivo es modificar comportamientos para alcanzar un bien común.

Un impuesto verde reforzado contribuye a contrarrestar el incentivo de un aumento de GEI: Si se generan más emisiones como consecuencia de la mayor inversión que pretende el proyecto de ley, un impuesto verde reforzado puede incidir -incluso de manera preventiva- en que tales inversiones busquen alternativas para reducir lo que pagarían por tal impuesto. Por ejemplo, una tasa de impuesto mayor llevará a que las inversiones tiendan a ejecutarse en proyectos que reduzcan la emisión de GEI; o si una actividad ahora sí gravada con el impuesto, se generará la tendencia a buscar formas de disminuir o evitar el pago, reduciendo emisiones.

Para el Estado un impuesto verde reforzado le permitiría neutralizar un impacto no deseado de un proyecto de ley como el del Presidente Kast, como es un aumento de GEI que afecte negativamente las metas de reducción de emisión de tales GEI comprometidas por Chile en el escenario internacional.

Además, un impuesto verde reforzado no es una medida que no ofrezca alternativas a un agente emisor de GEI para reducir -en el corto o mediano plazo- lo que paga por tal impuesto. Vale recordar que desde el año 2023 nuestro país cuenta con un sistema de compensación a las emisiones gravadas con dicho impuesto, que permite obtener reducciones en lo que se paga de  impuesto verde si es que implementan proyectos que mitiguen GEI. En términos simples, un obligado a pagar el impuesto verde puede implementar otro proyecto que elimine o reduzca los contaminantes gravados. De lograrlo, el obligado podrá reducir lo que le pague al Estado por este impuesto; y a su vez, el país puede mantener su meta de carbono neutralidad. Además, la normativa exige que esas reducciones sean “adicionales”, es decir, que dichas reducciones no habrían ocurrido en ausencia del proyecto que las genera, de forma que éstas no respondan a otras obligaciones establecidas en la normativa a que esté sujeto el emisor.

De hecho, la implementación de este sistema de compensaciones ha sido bien recibida desde diversos sectores^[16]. Durante el primer año de implementación del sistema de compensación (año 2023) se alcanzó una cifra de 260 mil toneladas de CO2 compensadas; y al segundo año (2024) se llegó a un alza de 4,4 millones de toneladas de CO2 compensadas, lo que representa un salto muy relevante en el uso de este mecanismo, y dio paso a una recaudación que superó los US$22 millones que fueron redirigidos al financiamiento de la acción climática^[17]. Si bien para el tercer año de implementación (año 2025) disminuyeron las emisiones compensadas, esto era algo que se proyectaba dado que lo normal es que el mercado tienda a un equilibrio, que fue precisamente lo ocurrido ya que de las 4,4 millones de toneladas del 2024, al año 2025 se redujeron un poco más de 1,6 millones de toneladas^[18].

Por tanto, este mecanismo ha demostrado poder incentivar a los establecimientos que pagan el impuesto verde a implementar proyectos que mitiguen GEI obteniendo a cambio por parte del Estado una reducción del impuesto a pagar. Esto abre la puerta a un sistema de comercio de emisiones^[19] pues se transforma en una alternativa rentable reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, al permitir que las empresas encuentren las maneras más económicas de hacerlo ya que tienen flexibilidad en cómo eligen reducir sus emisiones, lo que de paso impulsa la innovación y el desarrollo de tecnologías más limpias^[20].

El sistema de compensaciones se verá consolidado con un impuesto verde reforzado. La razón de ello es sencilla: el proyecto que mitigue GEI y pueda ser usado para reducir impuesto, debería ser más barato que pagar el impuesto. Por tanto, si el impuesto es bajo, la búsqueda de alternativas para reducir emisiones es menor. O si pese a ser emisor de GEI no estoy obligado a pagar dicho impuesto, menos incentivo para implementar un proyecto que compense.

Otro efecto a destacar con un impuesto verde reforzado tiene que ver precisamente con uno de los aspectos de mayor preocupación de los últimos años: las finanzas del país. En efecto, a fines del gobierno del Presidente Piñera, Chile se transformó en el primer país del mundo en emitir un bono vinculado a la sostenibilidad (SLB por su sigla en inglés)^[21], esto es, un tipo particular de instrumento financiero especial, ya que pese a ser bonos “convencionales” tienen la particularidad que buscan obtener financiamiento vinculado al cumplimiento, o no, de determinados objetivos de sostenibilidad previamente definidos^[22]. Es por ello que el emisor (Chile, en este caso) define indicadores y objetivos de sostenibilidad y, en función de si se cumplen o no, pueden variar las características financieras del bono^[23]. En otras palabras, Chile obtiene financiamiento a través de deuda que contrae con otros, a través de estos bonos. La deuda se comportará según se vayan cumpliendo o no los objetivos de sustentabilidad que nuestro país comprometió.

El año 2022 se informó que los objetivos asociados a estos SLB son una emisión máxima de 95 toneladas métricas de CO2 equivalente (MtCO2 eq) en 2030, y un presupuesto de carbono entre 2020-2030 no mayor a 1.100 toneladas métricas de CO2 equivalente (MtCO2 eq)^[24].

Como informó en noviembre del 2025 el Ministerio de Hacienda, a dicha fecha, el 37% del stock de la deuda pública corresponde a bonos con estas características, lo cual posiciona a Chile como un líder en este tipo de emisiones de bonos. Como se indicó, este stock aumentará o disminuirá  dependiendo del cumplimiento de metas, y de hecho, se establecen penalizaciones o premios financieros según el desempeño del emisor (Chile). Si Chile logra cumplir obtendría una reducción en el cupón que paga a los inversionistas^[25].

Por tanto, si los efectos que pretende el proyecto de ley generan un incremento de GEI puede no sólo comprometer las metas climáticas que Chile se ha fijado en el plano internacional, sino que también afectará sus compromisos financieros generando un aumento del costo financiero de la deuda o impedir beneficios financieros asociados al cumplimiento de metas de sostenibilidad.

Bajo este escenario, un impuesto verde reforzado permitirá que ese incremento de GEI como consecuencia de la mayor inversión que busca el proyecto de ley, no transforme a Chile, en el mediano-largo plazo, en un país más endeudado y menos sustentable.

(Esta columna se enmarca dentro de los resultado de investigación del proyecto N°3250673, FONDECYT Postdoctorado 2025-2027 de la ANID)

^[1] BioBioChile. (2026, 22 de marzo). Kast explica que no es incompatible cuidar el medioambiente y ser un país desarrollado. BioBioChile. Disponible en el siguiente link: https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2026/03/22/kast-explica-que-no-es-incompatible-cuidar-el-medioambiente-y-ser-un-pais-desarrollado.shtml

^[2] Banco Central de Chile. (s.f.). Comentario de Política Monetaria. Banco Central de Chile. https://www.bcentral.cl/documents/33528/2574234/BC005a005_Coment.pdf/6c9fb6b2-c602-7a09-acf4-9b9a86c60b28 .

^[3] Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2016). Evaluaciones del desempeño ambiental: Chile 2016. OECD Publishing. Disponible en el siguiente link: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/es/publications/reports/2016/07/oecd-environmental-performance-reviews-chile-2016_g1g65c7c/g2g754d9-es.pdf

^[4] Apablaza, M., & Contreras, H. (2016, junio). Crecimiento económico y contaminación: Curva Ambiental de Kuznets para Chile (Análisis N.° 6). Centro de Políticas Públicas, Facultad de Gobierno, Universidad del Desarrollo. Disponible en el siguiente link: https://repositorio.udd.cl/server/api/core/bitstreams/d8e60760-e4db-451f-8704-cfab6b6b8305/content

^[5] Raihan, A. (2023). Toward sustainable and green development in Chile: Dynamic influences of carbon emission reduction variables. Innovation and Green Development, 2(2), 100038. https://doi.org/10.1016/j.igd.2023.100038

^[6] Martínez-Jiménez, D. A., Soto-González, C. O., Varela-Veliz, G. D., & Vega-Quezada, C. A. (2019). Perspectivas sobre crecimiento económico y medio ambiente: Curva ambiental de Kuznets en la Alianza del Pacífico. Revista Cumbres, 5(2), 23–32. Disponible en el siguiente link: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7210404.pdf

^[7] Haberl, H., Wiedenhofer, D., Virág, D., Kalt, G., Plank, B., Brockway, P., Fishman, T., Hausknost, D., Krausmann, F., Leon-Gruchalski, B., Mayer, A., Pichler, M., Schaffartzik, A., Sousa, T., Streeck, J., & Creutzig, F. (2020). A systematic review of the evidence on decoupling of GDP, resource use and GHG emissions, part II: Synthesizing the insights. Environmental Research Letters, 15(6), 065003. Disponible en el siguiente link: https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab842a

^[8] Ministerio de Energía de Chile. (s.f.). Mitigación cambio climático. Ministerio de Energía de Chile. Disponible en el siguiente link: https://energia.gob.cl/panel/mitigacion-cambio-climatico.

^[9] op.cit.

^[10] Ministerio del Medio Ambiente. (2026, 12 de mayo). Ministra Toledo en Chile Day: “El crecimiento económico, la seguridad jurídica y la sustentabilidad son una misma agenda”. Ministerio del Medio Ambiente de Chile. Disponible en el siguiente https://mma.gob.cl/ministra-toledo-en-chile-day-el-crecimiento-economico-la-seguridad-juridica-y-la-sustentabilidad-son-una-misma-agenda/

^[11] Pérez, Clemente (2020, 1 de abril). Impuestos verdes: Una oportunidad perdida. Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (ACERA A.G.). Disponible en el siguiente link: https://www.acera.cl/opinion-impuestos-verdes-una-oportunidad-perdida/

^[12] Martínez Alier, J., & Roca Jusmet, J. (2013). Economía ecológica y política ambiental (3.ª ed. revisada y aumentada). Fondo de Cultura Económica.

^[13] Reyes, R., Galván, L., & Aguiar, M. (2005). El precio de la contaminación como herramienta económica e instrumento de la política ambiental. Interciencia, 30(7), 436–441. Disponible en el siguiente link: https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0378-18442005000700010

^[14] Op.cit

^[15] Mendezcarlo Silva, V., Medina Jiménez, A., & Becerra Quintero, G. E. (2010). Las teorías de Pigou y Coase, base para la propuesta de gestión e innovación de un impuesto ambiental en México. Tlatemoani: Revista Académica de Investigación, (2). Disponible en el siguiente link: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7306141

^[16] Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2). (2021, 18 de agosto). Nuevo sistema de compensación de emisiones: actores valoran posibilidad de invertir directamente en iniciativas verdes. CR2. Disponible en el siguiente link: https://www.cr2.cl/nuevo-sistema-de-compensacion-de-emisiones-actores-valoran-posibilidad-de-invertir-directamente-en-iniciativas-verdes-pais-circular/.

^[17] Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. (2025, 3 de abril). Sistema de Compensación de Emisiones reduce 4,4 millones de toneladas de CO₂. Gobierno de Chile. Disponible en el siguiente link: https://www.economia.gob.cl/2025/04/03/sistema-de-compensacion-de-emisiones-reduce-44-millones-de-toneladas-de-co2.htm.

^[18] Transforma Cambio Climático. (2026, 7 de mayo). Mercado de compensación de emisiones se descentraliza y logra mayor diversificación de proyectos. Transforma Cambio Climático. Disponible en el siguiente link: https://transformacambioclimatico.cl/2026/05/07/mercado-de-compensacion-de-emisiones-se-descentraliza-y-logra-mayor-diversificacion-de-proyectos/.

^[19] United Nations Development Programme (UNDP). (2025, August 29). What are carbon markets and how do they work? UNDP Climate Promise. Disponible en el siguiente link: https://climatepromise.undp.org/news-and-stories/what-are-carbon-markets-and-how-do-they-work.

^[20] Jung, H., & Song, C.-K. (2023). Effects of emission trading scheme (ETS) on change rate of carbon emission. Scientific Reports, 13, 912. Disponible en el siguiente link: https://doi.org/10.1038/s41598-023-28154-6.

^[21] Ministerio de Hacienda de Chile. (2022, 2 de marzo). Chile realiza histórica emisión por US$ 2.000 millones y se convierte en el primer país en emitir un bono vinculado a la sostenibilidad. Ministerio de Hacienda de Chile. Disponible en el siguiente link: https://www.hacienda.cl/noticias-y-eventos/noticias/chile-realiza-historica-emision-por-us-2-000-millones-y-se-convierte-en-el

^[22] EQA. (s.f.). La verificación independiente de bonos vinculados a la sostenibilidad. EQA. Disponible en el siguiente link: https://eqa.es/bonos-vinculados-sostenibilidad

^[23] op.cit.

^[24] Ministerio de Hacienda de Chile. (2023, 27 de junio). Ministerio de Hacienda realiza colocación de bonos vinculados a la sostenibilidad por US$ 2.250 millones y se convierte en el primer país del mundo en incluir compromisos asociados a igualdad de género. Ministerio de Hacienda de Chile. Disponible en el siguiente link: https://www.hacienda.cl/noticias-y-eventos/noticias/ministerio-de-hacienda-realiza-colocacion-de-bonos-vinculados-a-la

^[25] Ministerio de Hacienda de Chile. (2025, 5 de noviembre). Hacienda presenta actualización del Marco de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad (Marco SLB) en el V Encuentro de Áreas Protegidas y Comunidades Portal. Ministerio de Hacienda de Chile. Disponible en el siguiente link: https://www.hacienda.cl/noticias-y-eventos/noticias/hacienda-presenta-actualizacion-del-marco-de-bonos-vinculados-a-la