En conversación con DOE: El Banco de Información de Chile, Valentina Sebeckis, asesora de la Agenda de Estandarización de Permisos Sectoriales del Ministerio de Economía, profundiza en los retos y oportunidades que abre la implementación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales. La normativa busca simplificar y modernizar el sistema de permisos, incorporando herramientas digitales y mecanismos de tramitación más eficientes para sectores productivos clave.
En esa línea, la especialista y asesora del Ejecutivo subraya que este cambio no solo requiere de tecnología, sino también de una coordinación efectiva entre ministerios, servicios públicos y gobiernos regionales.
La Ley Marco de Permisos Sectoriales ya fue despachada. Desde el Ministerio, ¿cuáles son los principales desafíos que visualizan para su implementación efectiva?
La LMAS representa el puntapié inicial de una política estatal orientada a la modernización continua de la regulación y gestión pública en materia de permisos. Para ello, crea una institucionalidad permanente –la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión– encargada de velar por la correcta implementación de la ley y el cumplimiento de sus objetivos. Junto con ello, establece una serie de instrumentos clave, como la plataforma digital SUPER, los mecanismos de modernización de autorizaciones y las técnicas habilitantes alternativas, todos los cuales requieren reglamentos y decretos para su puesta en marcha.
Durante la tramitación legislativa, uno de los puntos más debatidos fue justamente el plazo para implementar la ley, considerando el tiempo limitado que resta del actual gobierno. Para resguardar la continuidad del trabajo técnico desarrollado por el Ministerio de Economía junto a los órganos sectoriales, el Congreso fijó plazos breves para la dictación de los reglamentos, asegurando que queden establecidos antes del término del mandato del presidente Boric.
Así, el primer gran desafío será dictar dichos reglamentos y adecuar la normativa sectorial, una tarea que recae tanto en el Ministerio de Economía como en todos los ministerios y servicios con competencia en autorizaciones. Para anticiparse a este proceso, el Ministerio ya ha comenzado a trabajar con los equipos técnicos de distintos ministerios en la elaboración de los reglamentos, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, lo que permitirá avanzar decididamente en la implementación efectiva de la LMAS.
Uno de los cambios clave es la creación de la plataforma SUPER como ventanilla única digital. ¿Cuáles son los plazos y prioridades para su despliegue a nivel nacional?
Uno de los pilares de la LMAS es la consolidación legal del Sistema Unificado de Permisos (SUPER), plataforma digital creada en 2019 que permitirá tramitar autorizaciones sectoriales a través de una ventanilla única. Con la LMAS, su uso será obligatorio, lo que facilitará no solo la gestión de permisos, sino también el levantamiento de información en tiempo real sobre el desempeño de los servicios públicos, lo que contribuirá a una mejor fiscalización y a detectar oportunidades de mejora en los procesos.
Un desafío importante para su implementación es la escasa digitalización de muchos servicios públicos, especialmente a nivel regional y municipal. Para abordarlo, el Ministerio de Economía trabaja en coordinación con la Secretaría de Gobierno Digital, impulsando la agenda de transformación digital del Estado.
En particular, respecto a los plazos de implementación, la LMAS establece que las disposiciones sobre la plataforma SUPER entrarán en vigencia tras la dictación de un reglamento (en un plazo de 9 meses) y que su implementación será gradual, respetando los plazos para la digitalización de los servicios públicos establecidos por la ley de transformación digital del Estado.
Sin perjuicio de lo anterior, durante el gobierno del presidente Boric, e incluso con anterioridad al ingreso del proyecto de ley al Congreso, el Ministerio de Economía ha hecho importantes esfuerzos para fortalecer y ampliar el alcance de la plataforma SUPER. En efecto, durante la actual administración se ha avanzado significativamente en la expansión de SUPER: de 31 trámites integrados al inicio del gobierno, ya se ha alcanzado un total de 197, con la meta de llegar a 240 a fin de año.
La ley también establece el uso de declaraciones juradas para trámites de bajo riesgo. ¿Cómo se está trabajando la fiscalización posterior para que este mecanismo no se preste para abusos?
La LMAS establece que las técnicas habilitantes alternativas (THA), como los avisos y las declaraciones juradas, solo podrán aplicarse en casos de bajo riesgo y exclusivamente respecto de autorizaciones que la ley expresamente permita reemplazar por estas técnicas. Dichos supuestos deberán ser definidos fundadamente por reglamento. En este contexto, el Ministerio de Economía cumple un rol clave en apoyar a los órganos sectoriales en la elaboración de los reglamentos de implementación, particularmente en la determinación de los casos de bajo riesgo en los que procederá la aplicación de THA y los antecedentes que deben acompañar dichas presentaciones.
La correcta definición de estos supuestos de procedencia de las THA es fundamental para favorecer la fiscalización, especialmente en sectores donde existe alta informalidad debido a los costos asociados a los permisos. Por ejemplo, permitir que microempresas se habiliten mediante declaración jurada puede fomentar su formalización y facilitar el control estatal. Asimismo, exigir antecedentes adecuados —como planos u otras descripciones detalladas— es esencial para que los servicios cuenten con herramientas eficaces de fiscalización y detección de incumplimientos.
En definitiva, las THA constituyen una herramienta de simplificación relevante, pero con un diseño regulatorio riguroso que resguarda el cumplimiento normativo y el interés público. En efecto, la LMAS refuerza la fiscalización de estos instrumentos al disponer que toda declaración jurada o aviso presentado debe ser remitido a la unidad de fiscalización del órgano respectivo a más tardar al día siguiente. Además, establece un régimen sancionatorio robusto que permite revocar la habilitación y, en caso de mal uso intencional del instrumento, aplicar sanciones penales.
¿Qué rol tendrán los gobiernos regionales en esta nueva estructura? ¿Está contemplado algún tipo de capacitación o fortalecimiento institucional para que puedan participar activamente en el nuevo régimen?
Desde el MINECON esperamos que los Gobiernos Regionales tengan un rol activo dentro de la nueva institucionalidad que crea la ley, no solo como órganos sectoriales con competencia en materia de autorizaciones, sino también como articuladores de espacios de coordinación intersectorial, capacitación y fomento a la inversión en sus territorios. Su participación será fundamental para asegurar una implementación efectiva y territorialmente pertinente de la ley.
En efecto, la LMAS establece instancias permanentes de coordinación entre distintos órganos sectoriales, incluidos los Gobiernos Regionales, así como herramientas para el fortalecimiento institucional y el desarrollo social y económico de las regiones. Entre ellas destacan las Mesas Regionales, cuyo objetivo es monitorear grandes iniciativas de inversión y favorecer la coordinación entre órganos sectoriales en cada región. Los GORE podrán participar de estas mesas a través de sus Divisiones de Fomento e Industria.
Asimismo, los GOREs podrán participar en las sesiones del Comité de Autorizaciones Sectoriales e Inversión que traten materias de su competencia. El Comité tendrá entre sus funciones servir de instancia de coordinación para la adopción de medidas normativas o de fortalecimiento institucional desde una perspectiva sistémica.
Otro ámbito en el que se espera una participación activa de los GORE es respecto a la tramitación ágil de iniciativas de inversión estratégicas, mecanismo que reduce a la mitad los plazos de tramitación de autorizaciones de proyectos públicos o privados que cumplan con determinados criterios que establece la ley, varios de ellos enfocados en beneficios regionales. Así, proyectos de inversión pública impulsados por los GORE podrán ser calificados como estratégicos, agilizando su desarrollo.
Actualmente, el Ministerio de Economía ya se encuentra trabajando en conjunto con los GORE en medidas tales como el Plan de Reforzamiento de Organismos Sectoriales. Este plan ha buscado fortalecer a los organismos encargados de tramitar autorizaciones para proyectos de inversión públicos y privados, dotándolos de mayores capacidades técnicas, recursos humanos y herramientas operativas. Su objetivo es acelerar la tramitación de expedientes y contribuir al desarrollo económico y social de las regiones.
Cabe destacar que, durante la implementación de la LMAS, el MINECON desplegará actividades informativas a nivel nacional, regional y local para que todos los funcionarios involucrados conozcan el nuevo marco normativo. Por su parte, la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión tendrá un rol permanente brindando acompañamiento técnico a los órganos sectoriales, para lo cual podrá celebrar convenios orientados al fortalecimiento institucional y la profesionalización del personal, especialmente en regiones.
Uno de los puntos más sensibles es la coordinación interministerial. ¿Qué herramientas concretas están diseñando para que los servicios realmente operen de forma articulada y no en paralelo?
La LMAS establece instancias permanentes de coordinación que serán articuladas por la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión. Entre ellas, destaca la creación del Comité de Autorizaciones Sectoriales e Inversión, concebido como un espacio de coordinación entre los órganos del Estado que otorgan permisos sectoriales. Este Comité permitirá abordar temáticas intersectoriales con la participación de subsecretarías, jefaturas de servicios y otras autoridades relevantes, y tendrá la responsabilidad de revisar las propuestas de modernización elaboradas por la Oficina, así como adoptar medidas concretas para su implementación.
La Oficina, a su vez, tendrá un rol clave en el nuevo sistema, con atribuciones para coordinar a los distintos servicios públicos, establecer orientaciones de carácter general para la correcta tramitación de permisos, apoyar en la formulación de políticas públicas y recomendar acciones específicas para asegurar una adecuada aplicación de la ley. Con estas herramientas, la Oficina podrá mantener una mirada sistémica sobre el funcionamiento del sistema de autorizaciones, promoviendo mejoras continuas en su gestión y regulación.
¿Qué mecanismos de seguimiento o evaluación se contemplan para medir si la ley efectivamente está reduciendo tiempos, aumentando transparencia y manteniendo estándares de calidad?
Uno de los principales mecanismos que establece la LMAS para verificar el cumplimiento de sus objetivos es la elaboración de reportes periódicos por parte de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión, a partir de los datos recabados mediante la plataforma SUPER. Esto es especialmente relevante, dado que al momento de diseñar el proyecto de ley se constató la escasa información disponible sobre el volumen y estado de las solicitudes de autorizaciones sectoriales, lo que dificultaba identificar cuellos de botella, dimensionar atrasos o focalizar apoyos según territorio, tipo de autorización o etapa del procedimiento.
Gracias al uso obligatorio de la plataforma SUPER, será posible contar con información veraz y en tiempo real sobre los tiempos de tramitación y el cumplimiento de las exigencias de la ley. Esto permitirá a la Oficina monitorear los procedimientos, elaborar reportes sobre el desempeño de los órganos sectoriales y evaluar el cumplimiento de los plazos legales, de las recomendaciones técnicas emitidas y de las medidas acordadas por el Comité de Autorizaciones Sectoriales e Inversión.
Estos reportes serán públicos y se remitirán a la Contraloría General de la República, lo que no solo aportará transparencia al sistema, sino que también permitirá impulsar las correcciones institucionales necesarias para avanzar en una gestión más eficiente y coordinada del sistema de autorizaciones.
Por último, la LMAS contempla mecanismos para la evaluación periódica de los resultados derivados de su aplicación. Al cabo de tres años desde la publicación de la ley, la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión deberá rendir un informe al Congreso respecto a los avances en la implementación, incluyendo la dictación de reglamentos. Asimismo, cada cinco años, la Oficina deberá analizar los resultados de la ley y, si corresponde, proponer ajustes normativos. Esta revisión se plasmará en un informe público que será presentado tanto al Presidente de la República como al Congreso.