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Además, se establece como inhabilidad para optar a cualquier cargo de representación popular a quién se encuentre con una inscripción vigente en el Registro Nacional de Deudores de Alimentos.

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La conducta de la Tesorería General de la República configura una falta de servicio, ya que la actuación de sus funcionarios da cuenta de una absoluta descoordinación en la tramitación administrativa versus la judicial del juicio de cobranza.

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En entrevista con Actualidad Jurídica: El Blog de DOE, la jefa de la División de Información Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Verónica Achá, se refirió al rol que cumple la división en cuanto a la gestión de datos personales, tras la aprobación de la ley de protección de datos personales por parte del Congreso.

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