Terceros no pueden contravenir la voluntad de la parte a que coadyuvan, por lo que, no se encuentran legitimados para recurrir por sí para ante la Corte contra la resolución.

Nada impide que el expediente sea compulsado por el Ministerio Público.

Así, según la Contraloría, no corresponde hacer un nuevo cálculo de las remuneraciones en estos casos.

Lo anterior no pueden favorecer o perjudicar alguna de las alternativas plebiscitadas.

Al no existir un procedimiento legal, la Dirección del Trabajo no está habilitado para determinar la forma en que se ejerce la voluntad colectiva.

Existe el deber del expropiante de indemnizar cualquier pérdida o daño provocado con motivo del desplazamiento originado en la expropiación de tierra indígena.

La reserva de derechos es un acto unilateral y privativo del trabajador que no requiere de la voluntad de terceros.

Durante la suspensión, el servidor conserva su carácter de funcionario y no se exime de la observancia.