En el fútbol, cuando un árbitro quiere parar el partido, debe marcar la falta. Lo mismo puede decirse para nuestra jurisdicción, puesto que debe marcar la falta o error que pretende enmendar. En el reciente fallo Rol N° 15.557-2025, la Corte Suprema omitió marcar la…

Quienes llevamos más de dos décadas —en mi caso, cerca de veinticinco años— enseñando Derecho Procesal sabemos que la docencia no es una actividad estática, sino un ejercicio permanente de ajuste. Ajuste a los tiempos, a los estudiantes, a las exigencias institucionales y, por cierto, a la propia evolución del sistema de justicia. Sin embargo, pocas veces como hoy esa necesidad de flexibilidad se vuelve tan evidente —y tan urgente— como en el actual escenario de la educación jurídica de pregrado.

En diciembre de 2024 el Estado de Guatemala solicitó un pronunciamiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Opinión Consultiva (OC-33) sobre Democracia y su protección ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El artículo 64.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos habilita a los Estados miembros de la OEA a solicitar a la Corte IDH una Interpretación de las normas de la Convención y otros tratados. La Corte, desarrollando esta función consultiva, ha estado celebrando audiencias y recibiendo escritos sobre esta temática antes de emitir su Opinión, donde se debate si la democracia debe ser considerada un derecho humano autónomo y cuál sería la delimitación o contenido de ese derecho.

La reciente sentencia de la Corte Suprema sobre interlocking (2 de marzo de 2026), dejó sin efecto la decisión del TDLC en los casos vinculados a Juan Hurtado y Hernán Büchi. La Corte Suprema fijó un criterio claro: el sujeto activo es únicamente la persona natural, descartando extender lo que se consideraría como infracción a las personas jurídicas.

Jaime Luarte Julio

La Excma. Corte Suprema dictó el pasado 4 de marzo una sentencia en una causa de responsabilidad extracontractual (Rol N°41.363-2024), que permite fijar ciertos estándares aplicables a los procesos de restructuración societaria a fin de que puedan considerarse lícitos. Esta sentencia es importante al menos por dos razones. La primera razón es porque valida la decisión tomada por los tribunales de instancia acerca de la ilicitud de una serie de maniobras realizadas por los demandados para proteger su patrimonio a propósito de una causa anterior cuando, en realidad, tales maniobras fueron hechas con el objeto de evadir una sentencia dictada anteriormente en su contra. La segunda razón, es porque avanza hacia una comprensión amplia del daño moral que, aun cuando todavía razone a partir de las categorías propias del principio de reparación integral del daño, de cierta forma se aproxima a aquellas nociones que permiten sustentar la existencia de los daños punitivos.