El proceso es un lugar en el que, esencialmente, las partes deben encontrarse en un plano de igualdad. Al ciudadano se le prometen procedimientos justos que contribuyan a erradicar la tentación de tomar la justicia por la propia mano, atendido a que puede ejercer sus acciones en un marco de neutralidad, imparcialidad e igualdad de oportunidades. Sin embargo, a lo largo de la historia judicial hemos convivido con una sombra que amenaza constantemente esta promesa de tutela efectiva: el formalismo exacerbado. Esta práctica, muy propia de otras épocas, se termina convirtiendo en una flagrante forma de injusticia y, quizá subrepticiamente, en una inconfesable herramienta de gestión de la inmensa carga de trabajo que agobia a nuestros tribunales. Este fenómeno, por cierto, no justifica algunas prácticas, pero las explica.