El año 2020 se dictó la Ley N° 21.236 que reguló la portabilidad financiera. Los resultados que se observan en el mercado distan mucho de lo que tuvo en mente el legislador.

El Ejecutivo impulsó la regulación de la portabilidad financiera en Chile teniendo en mente que existiría un gran interés entre los consumidores de contar con una alternativa efectiva para cambiar sus productos y servicios financieros a otra institución financiera. Los estudios disponibles que mencionó la autoridad para justificar esta nueva regulación señalaban que más de la mitad de las personas encuestadas estaba dispuesta a cambiarse de institución financiera, en particular ante una mejor oferta respecto a intereses o comisiones, o en razón de beneficios o calidad del servicio prestado. Y la percepción de la mayoría de los encuestados era que cambiarse de institución financiera en nuestro país resulta ser un proceso difícil.

Se buscó favorecer a las personas que poseen distintos productos financieros como créditos de consumo, créditos automotrices, tarjetas de créditos, cuentas corrientes, créditos hipotecarios, para facilitar su cambio de una institución a otra  para procurar acceder a mejores condiciones y beneficios que ofrezca la institución a la que se quiera portar.

Se tuvo presente por los impulsores de esta reforma legal que en la Encuesta Financiera de Hogares 2017 del Banco Central se estimó que  un número importante de hogares tenía algún tipo de deuda. Los antecedentes disponibles mostraban que una parte no menor de los hogares recurre a otras fuentes de financiamiento  distinta de los proveedores financieros que regula y controla la autoridad, como son los préstamos de parientes, prestamistas y fiado.

Uno de los ejes del proyecto de portabilidad financiera fue la posibilidad de cambiar al proveedor de un producto financiero mediante un refinanciamiento de deuda, lo que   era de especial importancia para los hogares y las pequeñas empresas chilenas, habiéndose diagnosticado que el proceso de refinanciamiento en Chile puede ser lento y costoso. Esta reforma legal para establecer el proceso de portabilidad incorporaba medidas dirigidas a facilitar el cambio de proveedor de productos financieros.

Pero no todo lo que brilla es oro. Los costos de implementación para las empresas del mecanismo de portabilidad financiera fueron relevante, y obligó a introducir una serie de nuevos procesos, capacidades, controles y capacitar a recursos humanos para asegurar el buen uso de las nuevas herramientas de cambio desde un proveedor financiero a otro.

Pese a los buenos propósitos de la autoridad, la usabilidad de esta herramienta ha sido muy baja. Según información disponible de la propia CMF, se consigna un número muy menor  de clientes de portabilidad financiera en el sector bancario. Muy seguramente muy por debajo de las expectativas que tenía la autoridad para el uso de esta herramienta.

Algunas posibles explicaciones del poco uso de la portabilidad financiera por las personas descansaría en (a) prestamistas no institucionales y (b) sesgo de status quo.

Respecto del origen de las deudas de los hogares chilenos, se constató que existía un número importante de préstamos de parientes, prestamistas y fiado. Las razones para endeudarse en fuentes informales eran: en primer lugar, para cancelar otras deudas; luego se identificaba como una poderosa razón la compra de mercadería y otros bienes no durables y la tercera razón de estas deudas con prestamistas informales era para pagar tratamientos médicos. En todos estos casos no funciona la lógica de la portabilidad financiera, porque sólo está implementada esta herramienta para el cambio entre proveedores formales.

En relación con los sesgos de las personas, se identifica un muy especial sesgo cognitivo conocido como sesgo de status quo, y que explica que existe una marcada preferencia de las personas, en forma natural e inconsciente, por mantener la situación actual y resistirse al cambio, incluso cuando existen alternativas mejores. Lo anterior, por el esfuerzo que lleva aparejado cualquier cambio. Este sesgo se explica económicamente en términos de la aversión a la pérdida: las personas tienden a sentir más dolor por una pérdida que alegría por una ganancia equivalente. Por consiguiente, las personas valoran más que su situación pudiera empeorar en algún sentido, incluso por sobre los importantes beneficios que podría traer aparejado un cambio.

Pareciera que este importante sesgo que la Economía del Comportamiento ha consignado muy bien no fue advertido ni tomado en cuenta por el legislador. Y esto en términos prácticos significa que se llevó adelante un modelo regulatorio cuya base descansa en la pretendida inclinación de las personas por buscar un cambio de proveedor para precisamente mejorar las condiciones de su crédito. Pero esto se aleja de lo que es el comportamiento natural y básico de las personas, que tiende a mantenerse en la situación inicial. Y por consiguiente no utilizar el mecanismo de la portabilidad financiera.

Los estudios disponibles sobre esta materia han señalado que la portabilidad financiera ha sido aprovechada principalmente por los quintiles de mayores ingresos, quienes tienen más acceso a la información y recursos para realizar el cambio. Y precisamente el objetivo era mejorar ostensiblemente las condiciones crediticias para el grueso de la población, que son las personas con ingresos bajos o medios.

Esto pone de relieve una muy cuestionable opción de la autoridad: instalar un modelo regulatorio que perseguiría determinados logros, desatendiendo lo que ocurre con las personas de carne y hueso, no aquellas que pueden ser imaginadas en un laboratorio (homo economicus, agente racional, reflexivo, ponderado, que cotiza, que analiza, que toma las mejores decisiones para su bienestar).

El legislador de la portabilidad financiera no tuvo en cuenta un importante hallazgo que ofrecía la Economía del Comportamiento: la tensión entre el Homo economicus y el Homo vulgaris, que representan dos modelos contrastantes de comportamiento humano. El Homo economicus entendido como un ser puramente racional que busca maximizar su utilidad y beneficio. Frente a él, está el Homo vulgaris que es un ser humano más realista, influenciado por emociones, sesgos cognitivos y limitaciones en la toma de decisiones. Desconocer la forma cómo actúan las personas y los aspectos que los movilizan (sean o no racionales y correctos, pero sí muy humanos) va a conllevar torpezas regulatorias, por cuanto la realidad demostrará que las personas no terminan comportándose como le habría gustado al legislador (bajísimo uso de la CAE en la contratación de productos financieros, y un bastante limitado uso de los Sellos de Advertencia en el etiquetado nutricional de alimentos en la decisión de sustituir el consumo de productos con sellos).

Otras opciones que pudo haber tomado la autoridad habrían sido robustecer los procesos de los agentes públicos y operadores privados para potenciar la educación financiera, de manera de facilitar el logro de habilidades en las personas para conocer las ventajas del uso eficiente de los créditos y las opciones disponibles para evitar los altos costos asociados a ciertos  usos de productos financieros.

No es neutral o aséptica la decisión de la autoridad en la dictación de una regulación en determinado sentido: los costos de implementación de la portabilidad financiera, tal como sucede con los costos regulatorios en general, suelen  traspasarse a los propios consumidores. Lo anterior permite reconocer que no solo los consumidores no utilizaron -como lo habría proyectado la autoridad- el uso de la portabilidad financiera, sino que -peor aún- los costos que conllevó su puesta en marcha seguramente fueron cargados -total o parcialmente- en los propios cobros que hicieron los proveedores financieros.

Las lecciones que deja la regulación de la portabilidad financiera, a cinco años de su implementación, son:

Primero: la importancia de abordar en forma adecuada estudios de comportamiento del consumidor, para conocer con precisión el comportamiento práctico que las personas tienen o han a tener en ciertos escenarios. En este proceso, es de la mayor relevancia considerar estudios cualitativos y cuantitativos, que si bien pueden tomar más tiempo a la autoridad, proporcionan una base sólida para una mejor decisión en las opciones regulatorias. Por su parte, considerar los sesgos de respuestas socialmente aceptables en encuestas, que ocurre cuando los encuestados tienden a responder de manera que proyecten una imagen favorable, en lugar de ser completamente honestos. Esto puede llevar a una sobreestimación de los aspectos positivos de cierta solución o regulación. Así ocurrió con la regulación del etiquetado nutricional de alimentos (sellos “Altos en”).

Segundo: la implementación de la portabilidad financiera debería haber sido gradual, en términos de los distintos productos financieros (comenzar con ciertos productos para terminar con otros productos financieros más complejos).

Tercero: Confirmar por la autoridad si del abanico de productos financieros se justificaba esta regulación respecto de todos o bien solo cierto tipo de estos productos financieros. Si acaso había facilidades ya existentes y operativas para ciertos créditos (como las tarjetas de crédito) en términos de las facilidades existentes para el cierre y apertura de tarjetas, no existía justificación para implementar toda una carga regulatoria y costos de operación para este tipo de productos financieros.

Cuarto: No se consideró la posibilidad de explorar una regulación temporal, que tuviera efectos durante una periodo (3 o 5 años), y sólo al cabo de dicho periodo realizar una evaluación técnica (no política); y sólo mantener por otro periodo si acaso el resultado de dicha evaluación aportaba datos positivos. De otra forma, se generó una regulación indefinida cuyos objetivos ya no se aprecian, pero siguen imponiéndose a los proveedores cargas regulatorias, que se terminan traspasando a los consumidores, sin ningún sentido.

Estas conclusiones tras observar los primeros 5 años de la implementación de la portabilidad financiera en Chile ilustran muy bien la necesidad que existe para que el legislador aprenda de sus propios errores en el proceso regulatorio para nuevos procesos futuros, en que se presenten los aspectos que se han identificado en el contexto de la portabilidad financiera.

Resulta de la mayor importancia para una saludable política pública que la autoridad tome muy serio la mirada que procura en no volver a cometer los mismos errores una y otra vez. Los consumidores siempre terminan pagando estas cuentas.