La moción del Boletín N° 17.980-06 incorpora un nuevo artículo 11 bis a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, exigiendo exámenes obligatorios y reservados para diputados y senadores.
El pasado 24 de noviembre ingresó al Senado el Boletín N° 17.980-06, que propone modificar la Ley N° 18.918 mediante un nuevo artículo 11 bis para establecer un test obligatorio de drogas para parlamentarios, salvo justificación médica.
La moción, presentada por los senadores Velásquez y Sepúlveda, apunta a cerrar vacíos normativos en el Senado y alinear las obligaciones del Poder Legislativo con los estándares de probidad aplicables en la Administración del Estado.
La obligación legal de control busca asegurar un estándar homogéneo de probidad, dado que hoy solo la Cámara de Diputadas y Diputados mantiene un procedimiento reglamentario propio, mientras el Senado carece de regulación análoga. La propuesta incorpora confidencialidad mediante remisión directa a la Ley N° 19.628, reforzando la protección de datos sensibles.
El texto menciona que diversos órganos ya cuentan con controles estructurados: el artículo 55 bis de la Ley N° 18.575 prohíbe ejercer altos cargos a quienes presenten dependencia de sustancias sin justificación médica; el artículo 61 exige prevenir consumos indebidos; y el artículo 73 de la Ley N° 18.695 establece inhabilidades para alcaldes y concejales. Desde 2018, incluso el Poder Judicial aplica exámenes obligatorios a sus funcionarios.
