En conversación con Actualidad Jurídica: El Blog de DOE, la socia de FerradaNehme, Carola Salamanca, especializada en derecho ambiental, analiza la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que busca agilizar procedimientos y otorgar mayor certeza jurídica.

En ese sentido, advierte que, a pesar de los avances alcanzados por el SEIA en más de 25 años de funcionamiento, persisten debilidades como la falta de participación temprana y efectiva de la ciudadanía, la necesidad de fortalecer la revisión técnica de proyectos y el desafío de avanzar hacia un ordenamiento territorial que reduzca los conflictos sociales.

A más de 25 años de funcionamiento, ¿qué balance haces del SEIA en cuanto a sus fortalezas y debilidades?

No hay duda que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), se ha consolidado como el principal instrumento de gestión ambiental del país. Desde ahí, es claro que ha permitido incorporar la variable ambiental en las decisiones de inversión y ha integrado en un solo procedimiento las competencias de los distintos sectores del Estado. Entre sus fortalezas destacan que se trata de un proceso reglado y transparente, con acceso público a través de una plataforma electrónica, y que ha sido pionero en abrir espacios de participación ciudadana.

Ahora bien, persisten importantes debilidades. Es necesario fortalecer la participación temprana y efectiva de la ciudadanía, incluso antes del ingreso de los proyectos al SEIA, y “emparejar la cancha” frente a la complejidad técnica de la información presentada, que muchas veces dificulta que las comunidades comprendan los proyectos y formulen observaciones que aporten mejoras reales.

Se requiere mejorar la revisión técnica de los proyectos y aumentar la capacidad del Estado para evaluar iniciativas cada vez más complejas, asegurando además mayor certeza en los criterios aplicados, evitando disparidades entre proyectos o regiones. El sistema hoy no permite adaptaciones menores a los proyectos, lo que exige una mejor coordinación con la Superintendencia del Medio Ambiente. Finalmente, falta un ordenamiento territorial y una regulación ambiental más clara, de modo que no sea en la evaluación de proyectos particulares donde se definan las políticas públicas ambientales, ya que el SEIA no está diseñado para ese propósito.

¿Qué aspectos del Proyecto de Ley Nº16552-12 consideras más relevantes para fortalecer la institucionalidad ambiental en Chile?

Este proyecto de ley busca aumentar la eficiencia y dar mayor certeza al SEIA. Entre sus medidas más relevantes está eliminar la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) y el Comité de Ministros, traspasando la calificación y la revisión de proyectos a instancias técnicas del SEA. También modifica la participación ciudadana eliminando el requisito de “cargas ambientales”, incluye nuevas tipologías de proyectos como plantas desaladoras e hidrógeno verde, y hace taxativa la lista de proyectos que deben ingresar al SEIA.

Además, regula la evaluación de impactos acumulativos y sinérgicos, establece un registro de consultores, simplifica los recursos administrativos contra las RCA y regula las modificaciones de proyectos, otorgando carácter vinculante a las respuestas de pertinencia de ingreso emitidas por la SMA. En síntesis, el proyecto busca reforzar el componente técnico, agilizar procedimientos y dar mayor certeza jurídica.

La reforma busca mayor eficiencia en el SEIA. ¿Cómo compatibilizar la agilización de procesos con la necesidad de mantener altos estándares de protección ambiental?

Me parece que la clave está en reforzar el componente técnico y disminuir la influencia política en las decisiones. La reforma apunta justamente a eso: otorgar mayor certeza en la tramitación y en la etapa recursiva, mientras regula nuevas tipologías de proyectos e incorpora la evaluación de impactos acumulativos. De este modo, se pueden agilizar los procesos sin que ello signifique relajar los estándares ambientales.

¿Qué efectos crees que tendría la reforma sobre la participación ciudadana en la evaluación ambiental? ¿Se fortalecen o debilitan estos mecanismos?

La reforma trae luces y sombras en materia de participación ciudadana, pues, por un lado, mejora las condiciones de entrada para participar, pero, por otro, podría limitar las oportunidades de incidencia real. Esto puede explicarse porque la reforma elimina el requisito de “cargas ambientales” y así amplía el acceso de la ciudadanía al proceso, lo que puede interpretarse como un fortalecimiento; ya no se exige acreditar directamente un perjuicio para poder participar.

Sin embargo, la eliminación de la figura de la participación temprana –que en un inicio se había contemplado– podría impedir el generar un diálogo más fluido con las comunidades en etapas previas del proceso, donde los ajustes a los proyectos son más viables.

Desde la perspectiva de la certeza jurídica y la inversión, ¿qué implicancias prácticas podría traer esta reforma?

La reforma entregaría mayor certeza, tanto durante la evaluación ambiental como en la etapa recursiva, lo que favorecería el dinamismo de la inversión. Además, al establecer que las respuestas a consultas de pertinencia sean vinculantes para la SMA, se facilitaría la integración de modificaciones operacionales y de nuevas tecnologías sin comprometer los estándares ambientales.

Mirando hacia el futuro, ¿qué desafíos ves como más urgentes para que el SEIA logre responder de manera efectiva a la crisis climática y a las demandas sociales?

La reforma contempla fortalecer la Evaluación Ambiental Estratégica, incorporando expresamente consideraciones de desarrollo sustentable y de mitigación y adaptación al cambio climático en la elaboración de políticas y planes.

Un desafío central es avanzar en un ordenamiento territorial que defina de manera previa los distintos usos del territorio, con participación ciudadana efectiva. Esto facilitaría la instalación de proyectos y reduciría los conflictos sociales. En este punto, la Ley SBAP me parece que podría constituir un avance importante, al permitir regular mejor las áreas protegidas y las actividades permitidas en ellas, aunque todavía resta implementar sus múltiples reglamentos.