La Corte Suprema ordenó al municipio actuar ante la persistencia de rucos que afectan a vecinos de Punta Cavancha.
La Corte Suprema acogió un recurso de protección y ordenó a la Municipalidad de Iquique ejecutar un plan urgente para enfrentar la presencia de rucos y ocupaciones irregulares en el sector de Punta Cavancha. El máximo tribunal resolvió que la falta de acciones efectivas ha afectado la integridad y el derecho de propiedad de una vecina del lugar, pese a los operativos municipales y policiales registrados durante los últimos meses. La sentencia, dictada el 6 de noviembre de 2025 bajo el Rol 20.199-2024, revocó el fallo de la Corte de Apelaciones de Iquique.
La acción constitucional fue presentada por una residente del condominio, quien denunció la instalación reiterada de rucos y campamentos informales en la península, situación que —según relató— provocaba acumulación de basura, incivilidades y sensación permanente de inseguridad.
A lo largo del proceso, la Municipalidad de Iquique informó que sus equipos de Seguridad Pública, Inspección Municipal y Aseo y Ornato realizan labores periódicas de limpieza y retiro de estructuras precarias. Aportó incluso registros de operativos desarrollados en mayo de 2024.
La Policía Marítima, por su parte, señaló que ejecuta patrullajes preventivos entre las 06:00 y 08:30 horas y operativos conjuntos con el municipio durante las mañanas para retirar rucos y desalojar a personas en situación de calle.
La Delegación Presidencial Regional confirmó que estos procedimientos están dentro de la planificación del Comité Provincial de Seguridad Pública, resaltando un gran operativo realizado el 25 de abril de 2024 en el borde costero.
Pese a ello, la Corte Suprema constató que la problemática persistía, afectando el uso y disfrute del espacio por parte de los vecinos.
NEn su análisis, la Corte Suprema concluyó que la Municipalidad de Iquique tiene obligaciones legales permanentes sobre la administración, fiscalización y salubridad del espacio público, establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades. Según el fallo, estas obligaciones son de “naturaleza ininterrumpida” y deben ejercerse con periodicidad suficiente para lograr resultados efectivos.
El tribunal además advirtió que la persistencia de rucos y residuos en el sector afecta derechos fundamentales de los residentes, especialmente la integridad física y psíquica y el derecho de propiedad, al perturbar el uso tranquilo de sus viviendas.
Aunque reconoció que existen operativos, la Corte determinó que las medidas no han sido suficientes para solucionar el problema en el tiempo, por lo que ordenó al municipio implementar un plan concreto, coordinado y verificable.
La resolución enfatiza que la orden judicial no pretende reemplazar funciones administrativas, sino exigir que estas se ejerzan con mayor eficacia y continuidad, especialmente cuando la situación denunciada persiste y compromete derechos constitucionales.
